El juez Sebastián Casanello determinó hace unos días que en el caso conocido como Panamá Papers, donde se investigaban sociedades off shore pertenecientes a la familia del presidente Mauricio Macri, no se dio la hipótesis de lavado de dinero. Se declaró incompetente para seguir investigando ese delito y envió parte de la causa al fuero de Instrucción y al Penal Económico.
En la resolución firmada por Casanello aparece el nombre de Guillermo Bellingi, quien fuera apartado de su cargo como subdirector general de la Procuración General de la Nación luego que Infobae revelara que su medio hermano cobró una comisión de $3 millones por la operación de compra-venta del edificio donde tiene sus oficinas Alejandra Gils Carbó.
Cuando se hizo la licitación millonaria Bellingi participó del proceso y tenía información calificada. Por eso se sospecha que Juan Carlos Thill-su medio hermano- consiguió cobrar tamaña comisión. En el entramado participaron también la empresa Arfinsa que vendió el edificio y la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados que compartió la millonaria comisión.
Como reacción a las revelaciones de Infobae, Gils Carbó apartó a Bellingi y ordenó un sumario interno. Hasta el día anterior a su suspensión, Bellingi, licenciado en Economía, revistó en el sector del Ministerio Público Fiscal de la Nación dedicado a combatir el lavado de dinero. Integraba el área técnica de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Esa Procuraduría fue creada por Gils Carbó en 2012, quien le dio una enorme relevancia institucional. En la estructura de la PROCELAC fue designado personal de confianza de la Procuradora. Allí, Bellingi tuvo una tarea importante en una causa judicial con trascendencia política.
Como integrante de la PROCELAC, Bellingi analizó dos declaraciones juradas de Macri: la que había presentado ante la Oficina Anticorrupción (OA) correspondiente al año 2014 y la que había completado ante la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para el mismo período.
El informe se presentó a mediados de 2016 ante la fiscalía de Instrucción a cargo de Sandro Abraldes y finalmente quedó en la causa que lleva adelante por el delito de enriquecimiento ilícito la fiscal de Instrucción Silvana Russi. Parte de la investigación de los Panamá Papers fue derivada por Casanello esta semana hacia esa fiscalía. Russi le había enviado a Casanello el informe de Bellingi en agosto de 2016.
Bellingi redactó un informe de siete carillas. En la última se leen las "Conclusiones del análisis":
– Las declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción y ante la Ciudad de Buenos Aires presentan en algunos ítems conceptos y valores diferentes.
– La valorización de las tenencias accionarias difiere entre ambas declaraciones.
– Existe diferencia entre ambas declaraciones en los ingresos declarados para el mismo periodo.
– Los depósitos y el dinero en efectivo al final del periodo difieren entre ambas declaraciones.
– Un depósito en Suiza declarado en la DDJJ de la OA no figura en la DDJJ de CABA.
– Algunos ítems de ambas declaraciones no fueron completados.
En la resolución de 140 páginas por la que Casanello señaló que no hay lavado en el Caso Panamá Papers, el nombre de Bellingi aparece una vez. Es porque luego del informe que hizo para la PROCELAC se le tomó declaración testimonial. Ese testimonio fue pedido por el fiscal que investiga a Macri por los Panamá Papers, Federico Delgado. Fuentes de esa Fiscalía aseguraron que "desconfiaron del contenido del informe y por eso citaron a Bellingi".
En su declaración testimonial, Bellingi explicó cuál fue el sistema de análisis utilizado: "El método fue la comparación del texto público de las dos declaraciones juradas analizadas. Es decir que no hay un método específico contable con el que trabajé, sino que simplemente cotejé ambas declaraciones y mediante una planilla de cálculos Excel, pude verificar las inconsistencias allí informadas. Una parte de la metodología de trabajo consistió en identificar la normativa que da sustento a las dos presentaciones para verificar los criterios de valuación y exposición. Es decir que antes de analizar ambas declaraciones me aseguré de que la información allí volcada obedezca a la misma forma contable de presentación. Por ejemplo, había que ver si en un caso se valuaba a valor de mercado o a valor de libro. A las normativas que me refiero son la Ley Ética Pública Nacional 25.188 y su modificatoria 26.857, y la Ley 4895 de Ética Pública de CABA".
En aquella testimonial Bellingi agregó otros detalles para ratificar que entre las dos declaraciones juradas del presidente Macri había inconsistencias.
Bellingi, apartado por Gils Carbó por su relación con el cobro de comisiones en la compra-venta del edificio de Perón 667, no era un empleado raso de la Procuración. En 2013 intervino en la licitación sospechada y en los últimos tiempos tuvo en su poder información de casos políticamente sensibles donde se investigaba lavado de dinero.
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