Desde el día de ayer, el Estado será el encargado de confeccionar las listas del Derecho de Admisión en los estadios de fútbol, tanto a nivel local como a nivel internacional, y cumplirá así un viejo reclamo de los principales dirigentes para controlar y evitar las presiones de la barra brava.
Este punto estará incluido en el reglamento para la prevención contra la violencia en los espectáculos futbolísticos que se publicará en detalle en los próximos días en el Boletín Oficial y que reglamentará el Decreto 246/2017 que se publicó ayer, firmado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el marco del programa Tribuna Segura.
Una fuente calificada del área explicó a Infobae que "el Estado toma la decisión de establecer la restricción de concurrencia administrativa" y también de confeccionar los listados, a partir de la creación del Registro Nacional de Personas con Derecho de Admisión y de un Registro Intercontinental de Barras. "Todas aquellas personas que cuenten con causas contravencionales y penales no podrán ingresar a los estadios, a ninguno, y es algo convalidado por la AFA, pero no solo los argentinos, tampoco de otros países; ya tenemos acuerdos con Chile, Uruguay y Paraguay".
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En paralelo al mencionado reglamento, el Gobierno trabaja para establecer un protocolo para la realización y coordinación de los operativos policiales. Además, los estadios de primera división serán relevados en el plazo de un año y a partir de allí el Ministerio de Seguridad enviará los informes necesarios, tanto a las provincias como a los clubes, para que tomen las medidas de seguridad "mínimas y necesarias".
"En los estadios que no cumplan con ciertas medidas se podrá recomendar que no haya partidos y habrá sanciones muy fuertes", detalló la fuente.
Será complementario, además, de un proyecto de ley que el Ejecutivo ya presentó en el Senado y que el oficialismo buscará impulsar para que sea aprobado este año y que establece un régimen penal especial en materia de espectáculos futbolísticos. Es decir, busca que todo delito que tiene lugar en los estadios y en sus adyacencias deje de ser de carácter contravencional para tener una figura penal en todo el país.
El año pasado, más de 600 mil personas fueron controladas en los operativos dispuestos por el Gobierno, de las cuales 386 no pudieron ingresar a los estadios, y 63 tenían pedido de captura por homicidio, robo a mano armada, asociación ilícita o delitos menores, según informaron a este medio desde el Ministerio de Seguridad.
En tanto, otro de los objetivos será la "desarticulación del negocio barra" y la problemática del público visitante quedará para una segunda etapa. Es más, y según aseguraron a Infobae, las autoridades nacionales le recomendaron a la provincia que no habilite el ingreso de visitantes cuando se anunció de manera oficial en febrero, algo que el gobierno de María Eugenia Vidal tuvo que dar marcha atrás la semana pasada.
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