La jueza federal María Servini ya tiene en sus manos una copia de las escuchas del Triple Crimen de General Rodriguez. El material estaba en poder de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y había sido pedido por la magistrada luego de que dos gendarmes denunciaron que se borraron algunos audios para desviar la investigación, tal como adelantó ayer Infobae.
"Cumplimos con el requerimiento de la jueza (Servini), ya le mandamos un back up de las escuchas que nos habían solicitado", dijo un vocero de la AFI ante una consulta puntual de este sitio. Y agregó que "trabajaron en dos turnos durante varios días para seleccionar y copiar el material".
Los investigadores ahora deberán contrastar los audios originales (hay unas 500 horas de escuchas) con los denominados back up. También harán un cotejo con el contenido de las transcripciones. Es un enorme trabajo que demanda tiempo y recursos humanos, dos bienes escasos en la Justicia federal.
Todo este movimiento es una consecuencia directa de la denuncia de dos gendarmes que participaron en la primera etapa de la investigación por el Triple Crimen y declararon ante Servini que se borraron escuchas judiciales en los meses posteriores al hecho.
Según pudo reconstruir Infobae, los gendarmes declararon como testigos hace pocos días y ratificaron lo que ya habían dejado trascender, luego del juicio oral, ante familiares de las víctimas.
En el juzgado de Servini hay hermetismo por el momento de tensión que atraviesa la jueza, actualmente enfrentada con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y con un sector del Gobierno.
Los dos gendarmes, ahora testigos clave, participaron de la investigación del Triple Crimen: hacían escuchas "directas", también conocidas como escuchas on line, y se encargaban de las transcripciones.
La denuncia fue tomada por los investigadores como "verosímil" porque ya se habían topado con una serie de "anomalías" en la lectura de las transcripciones.
Si se confirma, podría dar un vuelco en la investigación.
La causa judicial
Por el Triple Crimen de General Rodriguez, el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Mercedes condenó en 2012 a los hermanos Christian y Martín Lanatta, y Víctor y Marcelo Schillacci, luego protagonistas de la fuga del penal de General Alvear. Y acusó a Esteban Ibar Pérez Corradi de ser el autor ideológico.
A fines de 2015, con el cambio de gobierno, la causa residual pasó al juzgado de Servini, que ya investigaba las responsabilidades políticas por el tráfico de efedrina. En sus largas declaraciones, el empresario llegó a decir que "competía" con agentes de la ex SIDE que intentaban manejar la salida de la efedrina hacia México. Ese mismo organismo manejaba las escuchas judiciales.