Luego de una intensa jornada de debates, marchas y contramarchas el Gobierno logró firmar con la mayoría de las provincias un documento que fijó los lineamientos de un proyecto de ley que establecerá un nuevo mecanismo de responsabilidad fiscal en todo el país, algo así como un plan de premios y castigos para los gobernadores.
Según adelantaron a Infobae varios funcionarios del Ministerio del Interior y de Hacienda que se reunieron hoy en Mendoza con todos los ministros de Economía de las provincias, se firmó el documento que resulta ser una suerte de "piedra basal" para avanzar en lo inmediato en el Congreso en una nueva ley de responsabilidad fiscal de las provincias. Desde lo político esto implicó un espaldarazo a la gestión de Macri en lo que tiene que ver con el reordenamiento de cuentas públicas.
Bajo las directivas del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y del secretario de provincias del Ministerio del Interior, Alejandro Caldarelli, más de 17 ministros de Economía de las provincias avalaron la decisión del Gobierno de avanzar en un nuevo régimen de comportamiento fiscal que busca controlar el gasto público, premiar a aquellos gobernadores que no ajusten sus déficit y emplazar a aquellos distritos que no cuenten con un ordenamiento en sus cuentas para evitar un mayor gasto corriente. Los únicos distritos que no suscribieron al documento y que no estaban presentes son La Pampa, la Ciudad de Buenos Aires y San Luis, ya que están afuera del Consejo Federal que nuclea a las provincias firmantes.
En su arenga a los ministros provinciales, Dujovne instó a los gobernadores a cumplir con "el proceso histórico de tener las cuentas en orden y atender la responsabilidad fiscal". El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, no pudo estar en Mendoza porque viajó a un acto con Macri. Pero su equipo de trabajo liderado por Caldarelli y el director nacional de Relaciones Fiscales, Guillermo Giussi, también plantearon la necesidad de que las provincias acompañen a la Nación en el esfuerzo que hace por ordenar las cuentas públicas.
Según pudo saber Infobae, el proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal empezará a ser redactado de inmediato por el Gobierno para girarlo cuanto antes al Congreso. Se sabe que no se podrá aplicar esta normativa en este año electoral, pero la Casa Rosada quiere tenerlo aprobado cuanto antes.
Como adelantó ayer Infobae, los ejes centrales de esta iniciativa de Macri son los siguientes:
1- Establecer un mecanismo técnico para que aquellas provincias que controlen su gasto corriente puedan acceder al crédito internacional sin necesidad de contar con el visto bueno de la Nación, siempre y cuando la deuda comprometida sea dirigida a la obra pública.
2- Se estima que aquellos gobernadores que muestren una complicación en sus cuentas y el déficit sea superior a la media se les impedirá designar fondos de gasto corriente más allá del índice de inflación. Esta es una formula que encontró el gobierno para moderar el gasto de las provincias en salarios estatales exclusivamente.
3- Los gobernadores que mantengan un orden en su gasto automáticamente recibirán una mejora en la calidad del gasto de capital dirigido a obras de cloaca, agua potable o vivienda.
4- Se establecerá una cláusula denominada "regla de fin de mandato" por la cual se prohibirá a las provincias en los últimos seis meses de final de mandato de un gobernador asumir gastos permanentes que después deberá afrontar el nuevo mandatario.
5- Se crearán fondos anticíclicos provinciales para aquellas provincias con cuentas saneadas para que los excedentes presupuestarios sean destinados a un fondo especial que se pueda usar en casos de recesión o falta de recaudación impositiva.
Por otra parte, según lo prevé la ley de Presupuesto Nacional, se insistirá en Mendoza a todos los gobernadores que las jurisdicciones provinciales deberán ejecutar en el ejercicio fiscal 2017 una disminución del 10% del resultado, expresado este resultado en porcentaje del PBI.
A la vez, el Gobierno deberá registrar en el ejercicio 2017 una disminución del 10% del resultado primario deficitario neto de los fondos que la Administración Nacional deja de percibir por el Acuerdo Nación-Provincias suscripto el 18 de mayo de 2016.