Luego de la difusión de los datos del crecimiento de la pobreza durante la presidente de Mauricio Macri, el Gobierno nacional finalmente decidió responder a los reclamos de las organizaciones de la "economía popular" y oficializó la reglamentación de la Ley Nº 27.345, que establece la prórroga de la emergencia social hasta el 31 de diciembre de 2019.
La normativa fue sancionada por unanimidad en el Congreso en diciembre pasado, cuando el temor por posibles desbordes de fin de año estaba presente. Desde su aprobación, organizaciones sociales y agrupaciones piqueteras presionaron al Poder Ejecutivo para que la ley se ponga en marcha y, después de tres meses de demora, algunos habían anunciado una movilización para el próximo lunes por la diletancia oficial.
El Decreto 159/2017, publicado hoy en el Boletín Oficial, detalla las funciones y los objetivos del Consejo de la Economía Popular y los parámetros para la asignación del Salario Social Complementario, que funcionarán dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley.
El texto define a la Economía Popular como "toda actividad creadora y productiva asociada a mejorar los medios de vida de actores de alta vulnerabilidad social, con el objeto de generar y/o comercializar bienes y servicios que sustenten su propio desarrollo o el familiar".
"La Economía Popular se desarrolla mediante proyectos económicos de unidades productivas o comerciales de baja escala, capitalización y productividad, cuyo principal activo es la fuerza de trabajo", añade.
El rol del Consejo
Entre otras cosas, el Consejo deberá "diseñar y proponer los criterios y mecanismos de inscripción, admisión, clasificación y permanencia en el Registro Nacional de la Economía Popular".
También buscará "promover criterios unificados de elegibilidad y priorización para acceder al Salario Social Complementario" así como "proponer mecanismos ágiles para la formalización, regularización y promoción de las unidades económicas de la economía popular" y "formular propuestas y recomendaciones de carácter no vinculante al Poder Ejecutivo Nacional".
La reglamentación establece que el Consejo estará integrado por un representante (y un eventual reemplazante) de los ministerios de Desarrollo Social, Trabajo y Hacienda, quienes "mediante acuerdo" podrán convocar a representantes de todas las organizaciones sociales para que participen de forma permanente de las reuniones, al igual que integrantes de "organizaciones civiles o instituciones públicas o privadas cuyos aportes resulten de interés social en razón de la materia".
"El Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario elaborará una propuesta que establezca los criterios y mecanismos operativos de funcionamiento, inscripción, admisión, clasificación y permanencia en el Registro Nacional de la Economía Popular, priorizando aquellas personas afectadas en sus derechos humanos fundamentales y en situación de alta vulnerabilidad social, considerando especialmente a las mujeres", añade el decreto.
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La reglamentación de la ley votada por unanimidad a fines del año pasado durante sesiones extraordinarias del Congreso había sido reclamada en varias oportunidades por distintas organizaciones sociales y grupos piqueteros, entre ellos Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).
La iniciativa establece una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2019 la Emergencia Social y establece un refuerzo adicional de las partidas, en unos $30.000 millones, para lo cual se autoriza al jefe de Gabinete a hacer las reasignaciones presupuestarias que garanticen los fondos necesarios.
La medida se oficializa un día después del informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que concluyó que en los primeros nueve meses de 2016 un millón y medio de personas cayó en la pobreza y 600 mil de ellos en la indigencia.
"Enhorabuena el Gobierno, después de tres lagos meses, reglamentó la Ley de Emergencia Social ¡es hora de empezar a IMPLEMENTARLA!", escribió en su cuenta de Twitter Juan Grabois, dirigente de la CTEP y uno de los principales impulsores de la medida.
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