La Cámara Federal confirmó este jueves el procesamiento de los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich y del ex presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) Luis Segura en la causa por las irregularidades en el manejo de los millonarios fondos del programa Fútbol para Todos.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que la Sala I del tribunal también ratificó por mayoría el procesamiento de los ex dirigentes de la AFA Rafael Savino, Carlos Portel, José Lemme, Miguel Ángel Silva y Rubén Raposo. Todos fueron procesados por el delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la adminsitracion pública.
El tribunal también dejó firme el procesamiento del ex icegobernador de la provincia de Buenos Aires Gabriel Mariotto –primer corrdinador del programa Fútbol para Todos– por el delito de peculado y un embargo de cinco millones de pesos.
En tanto, la Cámara dictó la falta de mérito del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y del ex tesorero de AFA Eduardo Spinosa y el sobreseimiento de Pablo Paladino, ex corrdinador del programa Fútbol para Todos.
Respecto de los embargos, el tribunal ratificó la inhibición sobre los bienes de Segura por 50 millones de pesos, de Fernández y Capitanich por 10 millones y del resto de los ex dirigentes de AFA procesados por 20 millones.
El fallo fue dictado con la mayoría de los jueces Martín Iruzun y Leopoldo Bruglia y la disidencia de Eduardo Freiler. El magistrado Jorge Ballestero –titular de la Sala I– se excusó de intervenir en la causa porque es miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA y fue reemplazado por Irurzun.
La decisión implica que los procesados quedaron en instancia de ser enviados a juicio oral. Pero antes se deberá resolver la situación de los que recibieron una falta mérito, que implica que deben seguir siendo investigados.
Bruglia e Irurzun ratificaron la postura de la jueza de primera instancia María Servini de Cubría que señaló en junio del año pasado que se incumplió el contrato firmado en 2009 entre el gobierno de Cristina Kirchner y la AFA por Fútbol para Todos para que el estado pague la trasmisión de los partidos de fútbol de primera división a cambio de dinero para mejorar la situación de los clubes.
"Las pruebas sugieren que, en los hechos, el buscado fortalecimiento económico de los clubes no se logró en el período de ejecución del Programa Futbol para Todos", sostuvo Irurzun en su voto.
Irurzun y Bruglia ratificaron que hubo irregularidades con el cambio de cheques en financieras que la AFA utilizó para obtener fondos por anticipado, con los contratos con la empresa de camiones IVECO –único auspiciente– y el 2 por ciento del contrato que se llevaba la fundación "El Futbolista".
Sobre el rol de los ex funcionarios, el camarista sostuvo que "todo lo relativo al manejo del dinero estuvo signado por una sistemática desatención de los fines para los cuales debió haber sido destinado y los clubes profesionales de fútbol se vieron directamente afectados por ello".
"La omisión de control fue un comportamiento consciente y voluntario de los ex funcionarios", dijo por su parte Bruglia, quien agregó que "la ausencia de una competencia directa de control sobre la actividad de AFA, no impedía que el Estado, como parte en el contrato, pudiera exigirle a esa institución que rindiera cuentas sobre la aplicación del dinero recibido".
La discusión entre los camaristas se centró en si el gobierno tiene facultades para controlar los fondos públicos que le da a una entidad civil como la AFA.
Para Freiler no y por eso se inclinó por el sobreseimiento de los ex funcionarios. "Siendo que en este caso el sujeto pagador fue el Estado Nacional y el acreedor de la prestación fue una Asociación privada -AFA-, el dinero también perdió, en el momento exacto en el que se produjo el perfeccionamiento de la transacción, el "carácter público", sostuvo el juez.
El camarista también señaló que se debe profundizar la investigación sobre los ex dirigentes de la AFA y que restan medidas de prueba en curso. Por ese motivo dictó la falta de mérito.
Sobre Abal Medina, Irurzun y Bruglia señalaron que, a diferencia de Aníbal Fernández y Capitanich, "puso en marcha actividades tendientes a lograr mayor soporte técnico y transparencia en la fijación de los valores autorizados en las adendas".
Por su parte, Irurzun pidió que se investigue al ex secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, por su rol en la firma de un contrato con IVECO.