Un día especial en Comodoro Py. Los empleados de los juzgados federales están acostumbrados a tener figuras importantes todos los días en su oficina. De hecho, ése es su trabajo: investigar a los funcionarios que pasaron por la gestión pública. Sin embargo, no es frecuente que se movilice tanta gente para respaldar a un imputado en un caso de corrupción. O dos, como sucede en esta ocasión.
Militantes de La Cámpora y de distintas organizaciones políticas que respaldan al kirchnerismo llegaron temprano a Retiro para mostrar su apoyo a Máximo y Florencia Kirchner, hijos de la ex presidente Cristina Kirchner, quienes fueron citados por el juez federal Claudio Bonadio a declaración indagatoria en el marco de la causa Los Sauces.
La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, también se presentó en Tribunales junto a otras integrantes de la organización social.
Para evitar incidentes, el Gobierno ordenó un fuerte operativo de seguridad. Además, las autoridades del edificio judicial dispusieron cerrar el cuarto piso, donde se realizarán las indagatorias.
El operativo de este lunes es la antesala de lo que podría suceder mañana, cuando se presente Cristina Kirchner, también citada a declarar por Bonadio. La jefa de Estado les pidió a sus militantes que no la acompañen a Comodoro Py y que centren sus esfuerzos en la organización de la marcha de la CGT.
El caso
Los Sauces S.A. es una inmobiliaria de la familia de la ex Presidente que tiene algunos antecedentes que llamaron la atención de la denunciante, la diputada Margarita Stolbizer, y del fiscal que interviene en el expediente, Carlos Rívolo. Por ejemplo, en su historial registra sólo dos empleados -uno de ellos es el jardinero de CFK-, no cuenta con una oficina o sede de operaciones y en sus balances no se registraron movimientos financieros entre 2006 y 2009, cuando se realizó una inversión de $9.625.000.
Si bien la causa se inició por una presunta falsificación de documentos, el expediente tomó un rumbo propio y ahora el juez Bonadio investiga la comisión de delitos más graves como lo son el "cohecho" (pago de coimas) y el lavado de activos.
La pericia contable arrojó que Los Sauces tuvo sólo dos inquilinos privilegiados: los empresarios Lázaro Báez (86% de la facturación) y Cristóbal López. Ante la ausencia en la mayoría de las transacciones de documentación respaldatoria, una de las hipótesis de la investigación es que los empresarios giraban dinero a los Kirchner a través de pagos por alquileres, como una suerte de devolución de favores a partir de negocios realizados con las obras públicas que el anterior gobierno les adjudicaban.
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