Cuando el próximo martes Cristina Kirchner esté frente al juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo por la causa “Los Sauces” no tendrá que defender decisiones de su gobierno, como ocurrió en sus dos indagatorias anteriores. Por primera vez enfrentará una causa penal en la que están involucrados los negocios de la familia sospechados de hacerse con fondos público y sus hijos, Máximo y Florencia.
Por eso será una indagatoria con condimentos personales y familiares, donde se pone en juego mucho más que una discusión jurídica o política. La ex Presidente ya lo planteó así el viernes cuando dijo que quieren meter presa a Florencia y pidió su eximición de prisión. La tan temida cárcel llegó por primera vez a la causa por decisión de Cristina Kirchner.
Las indagatorias a la ex mandataria hicieron una curva que empezaron en acusaciones por decisiones de gobierno y se fue inclinando a los negocios familiares. La primera indagatoria de la ex mandataria fue el 13 de abril del año pasado en la causa de dólar futuro. En ese expediente fue acusada de haber dispuesto una política económica –con una fuerte discusión sobre si una medida así puede ser judicializada– junto con el ex ministro de Economía Axel Kicillof, el ex titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Alejandro Vanoli y otros funcionarios que perjudicó las arcas públicas. El juez Bonadio los procesó por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública, lo que luego fue confirmado por la Cámara Federal.
Lo político y los negocios personales se entrelazaron en la segunda indagatoria, el 31 de octubre pasado. Fue ante el juez Julián Ercolini por las irregularidades en la concesión de la obra pública que su gobierno le dio al empresario detenido Lázaro Báez. La acusación se estructuró en que Báez conformó su grupo económico en 2003 –con la llegada de su amigo Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación– y que recibió millones para obra pública que en muchos casos no se terminó. Con esos fondos públicos, Báez sostuvo los negocios de los Kirchner en “Hotesur” y “Los Sauces”, dos empresas de la familia.
En esa causa, el magistrado procesó a Cristina Kirchner, a Báez, al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y a su segundo –José López, también preso– por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada.
Todo será distinto el martes. En esa indagatoria se vuelve a mezclar lo público con los negocios familiares pero lo segundo tiene más peso.
“Los Sauces” es una empresa conformada por Néstor, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner que le alquiló propiedades a los empresarios Báez y Cristobal López. Ambos tenían una relación de amistad con Néstor Kirchner y durante los 12 años del gobierno anterior recibieron muchos negocios públicos. La sospecha es que el pago de esos alquileres fue un retorno de los fondos estatales a la familia Kichner.
La ex Presidente comparte imputación con sus hijos. Máximo y Florencia están citados mañana a su primera indagatoria, un día antes que su madre, que cerrará la ronda de declaraciones.
“No tengo ni tendré temor alguno en enfrentar cualquier cargo que se me formule, incluso si para ello debo padecer la pérdida de mi libertad ambulatoria. Sin embargo, no voy a tolerar que mi familia sea sometida a semejantes vejámenes”, defendió Cristina Kirchner a sus hijos en el escrito que presentó el viernes solicitando la eximición de prisión de Florencia. Máximo no puede ser detenido porque tiene fueros como diputado nacional.
Ese pedido se basó en que “fuentes de información confiables” –describió en la presentación– le advirtieron que Bonadio iba a detener a Florencia. Un allegado a Cristina Kirchner le dijo a Infoabe que el dato lo aportó la misma persona que le había dicho un día antes que Bonadio iba a tasar sus propiedades, lo que finalmente ocurrió. “Le dimos crédito e hicimos el pedido de eximición de prisión”, sostuvo el allegado a la ex Presidente. El viernes Bonadio hizo lugar al planteo.
¿Cristina Kirchner puede ir presa?, es la pregunta que se repite desde su primera indagatoria. La respuesta es no en cómo están hoy las causas. Para que una persona sea detenida sin una condena tienen que darse dos situaciones: que exista peligro que esa persona se fugue o que entorpezca la investigación judicial.
Cuando los jueces Bonadio y Ercolini procesaron a la ex Presidente dijeron que esos motivos no se daban. Cristina Kirchner siempre se presentó ante cada citación y nunca hubo indicios para suponer que quiere entorpecer una causa.
“Mucho menos hay motivos para detener a Florencia Kirchner”, le dijo a Infobae una fuente judicial que trabaja en la causa “Los Sauces” sorprendida con el planteo de eximición de prisión.
Lo más cerca de un eventual pedido de detención que estuvo Cristina Kirchner fue de parte del fiscal Guillermo Marijuán. El fiscal dictaminó en agosto pasado que la ex Presidente ocultó información que había recibido la Procuración del Tesoro de la Nación sobre movimientos de dinero de Báez en el exterior. Marijuán no pidió la detención, sino que se le prohíba salir del país.
Toda tribuna es política para una dirigente como Cristina Kirchner. Y el martes, como en sus anteriores presentaciones en Comodoro Py, no será la excepción.
En su primera indagatoria en la causa del dólar futuro, Cristina Kirchner fue acompañada por una multitud hasta la puerta de los tribunales y luego dio un discurso, el primero desde que había dejado la presidente. Cuando estuvo ante el juez Ercolini también jugó políticamente: pidió que se investigue al empresario Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, y logró que se abra una causa penal.
En su escrito del viernes ya dio indicios de lo que pueda llegar a ocurrir en su nueva indagatoria. “Todo esto viene ocurriendo mientras los problemas de millones de argentinos se siguen agravando con motivo de las políticas emprendidas por el actual gobierno, situación que pretende ser ocultada y manipulada a través de la actuación coordinada de una alianza política, mediática y judicial”, dijo sobre las causas judiciales en las que está procesada e imputada.
Cristina Kirchner vuelve a enfrentar una indagatoria pero está vez se enfrenta a mucho más que una causa penal.
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