El juez federal Claudio Bonadio inició este lunes una ronda de indagatorias en la causa Los Sauces, que terminará la primera semana de marzo con la declaración de sus principales imputados: la ex presidente Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia.
Hoy, 22 de febrero, será el turno de Martín y Leandro Báez, hijos del empresario Lázaro Báez. Sus nombres figuran en las compañías que se constituyeron como inquilinas de Los Sauces.
Probablemente la declaración de Leandro Báez será la que mayor tiempo ocupe en las oficinas del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, ubicado en el cuarto piso del edificio emplazado en Comodoro Py 2002.
Sucede que su nuevo abogado, el doctor Julián Ariel Schettini, decidió darle un giro de 180 grados a la estrategia de defensa. A diferencia de lo que suelen hacer los imputados en este tipo de investigaciones que se limitan a presentar un escrito con escasa información, Leandro Báez tiene previsto sentarse frente a Bonadio a dar su versión de los hechos. "Va a aclarar su situación personal y va a responder todas las preguntas que le hagan", detallaron desde su entorno a Infobae.
La indagatoria es el acto procesal de defensa que tienen los imputados en una investigación penal y su abogado patrocinante -también asesora a Luciana Báez- cree que este es el momento adecuado para responder todas las inquietudes de la justicia federal.
Los Sauces S.A. es una inmobiliaria de la familia de la ex Presidente que tiene algunos antecedentes que llamaron la atención de la denunciante, la diputada Margarita Stolbizer, y del fiscal que interviene en el expediente, Carlos Rívolo. Por ejemplo, en su historial registra sólo dos empleados -uno de ellos es el jardinero de CFK-, no cuenta con una oficina o sede de operaciones y en sus balances no se registraron movimientos financieros entre 2006 y 2009, cuando se realizó una inversión de $9.625.000.
Si bien la causa se inició por una presunta falsificación de documentos, el expediente tomó un rumbo propio y ahora el juez Bonadio investiga la comisión de delitos más graves como lo son el "cohecho" (pago de coimas) y el lavado de activos.
La pericia contable arrojó que Los Sauces tuvo sólo dos inquilinos privilegiados: los empresarios Lázaro Báez (86% de la facturación) y Cristóbal López. Ante la ausencia en la mayoría de las transacciones de documentación respaldatoria, una de las hipótesis de la investigación es que los empresarios giraban dinero a los Kirchner a través de pagos por alquileres, como una suerte de devolución de favores a partir de negocios realizados con las obras públicas que el anterior gobierno les adjudicaban.
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