Tras el llamado a sesiones extraordinarias para debatir la reforma de la ley de ART –el Ejecutivo lo había hecho por decreto pero dio marcha atrás, aunque no lo derogó– los diputados sesionaron en las comisiones de Legislación del Trabajo, presidida por el justicialista Alberto Roberti, y Presupuesto y Hacienda, conducida por el macrista Luciano Laspina.
Luego de más de dos horas de debate, el oficialismo consiguió dictamen favorable con las firmas de parte del Frente Renovador y del bloque Justicialista.
El dictamen a favor fue acompañado por Sergio Buil, Luis Pastori, González, Luis Borsani, Alejandro Echegaray, Miguel Bazze, Ricardo Spinozzi, Fernando Sánchez, Patricia Gimenez, Myrian Del Valle Juárez, Hugo Marcucci, Luciano Laspina, Alejandro Grandinetti, Nicolás Massot, Alejandro Snopek, Eduardo Amadeo, Leandro López Koening, Francisco Torroba, Oscar Romero, Alberto Roberti y Héctor Daer.
El Frente para la Victoria, encabezado por Héctor Recalde, la Izquierda, representada por Néstor Pitrola y el Progresismo, de la mano de Margarita Stolbizer, firmaron un dictamen rechazando la iniciativa. Al de la diputada del GEN adhirió Facundo Moyano, del Frente Renovador, quien acusó al Gobierno de "proteger al sector empresario y no al trabajador".
Ahora, el Gobierno se encamina a conseguir la aprobación final de la reforma el miércoles en la Cámara de Diputados, ya que cuenta con media sanción del Senado, votada a fines de 2016, lo cual fue motivo de las principales críticas de la oposición, que tildó el DNU de Mauricio Macri de "inconstitucional" por querer saltearse el Congreso.
El debate
En la apertura de la sesión, Roberti criticó que el Presidente haya utilizado la vía del DNU: "No ayuda sino que pone en demérito el valor del legislador. No ayuda a los trabajadores e incluso iba a generar disputas judiciales en cuanto a su constitucionalidad por tratarse de un decreto y no una ley".
Como contra partida, Luciano Laspina se refirió a las ventajas de la nueva ley y aseguró que "viene a frenar esta enorme litigiosidad". Al respecto, recordó: "Sólo en febrero en Rosario se iniciaron 400 expediente por accidentes laborales".
Luego, tomaron la palabra los diputados. Los oradores fueron Eduardo Amadeo (PRO), Julio Raffo (Dálogo y Trabajo), Daniel Lipovetsky (PRO), Gabriela Troiano (Socialista), Jorge Franco (Frente de la Concordia Misionero), Luis Petri (UCR), Héctor Recalde (FpV), Oscar Romero (Justicialista), Francisco Furlan (FpV), Héctor Daer (Frente Renovador), Facundo Moyano (Frente Renovador), José Ignacio De Mendiguren (Frente Renovador), Oscar Martínez (Movimiento Solidario Popular), Margarita Stolbizer (GEN), Néstor Pitrola (FIT) y Juan Carlos Giordiano (FIT).
"Que haya menos juicios debe ser resultado de que haya menos accidentes y enfermedades laborales. Una vez más se dilapida la oportunidad de abordar la problemática de riesgos del trabajo en su faz preventiva y con un enfoque protectorio hacia los trabajadores, eludiendo la responsabilidad que pesa sobre este Congreso de dotar al sistema de constitucionalidad y legalidad y, al mismo tiempo, restablecer un criterio de justicia y equidad para sus destinatarios", expresó Stolbizer.
Y sentenció: "Con la excusa de bajar la litigiosidad, como único objetivo que persigue esta nueva modificación, se demoniza al trabajador que va a los tribunales. Para bajar la litigiosidad lo que deben hacer es disminuir los accidentes y enfermedades. Se esta volviendo a beneficiar a los sectores económicos en detrimento de los trabajadores".
Eduardo Amadeo dedicó gran parte de su discurso a los números alrededor de los juicios laborales: "Entre 2004 y 2016, la cobertura de los seguros aumentó un 40%. La siniestralidad en la industria bajó un 26%, lo que implica que las empresas hicieron más esfuerzo por reducir accidentes, y se redujeron más los accidentes graves y que causaban muertes".
E hizo hincapié en que "la litigiosidad aumentó un 2.600%, lo que ayudó a que no se cree trabajo en blanco".
Héctor Recalde, quien rechazó el proyecto, arremetió: "Se está violando la institucionalidad y la seguridad jurídica. Esta ley va a ser declarada inconstitucional, ¿pero cuándo? ¿Después de cuántas muertes?".
También en contra de la iniciativa, Néstor Pitrola agregó: "Alterarán en 72 horas una legislación de fondo, dando otra vuelta de tuerca al régimen de las 'ART de la muerte', que produce 700 mil accidentes anuales. No tenemos una industria del juicio, sino una industria del accidente de trabajo".
El proyecto
Con la nueva ley, en caso de un accidente laboral los trabajadores deberán pasar por una comisión médica antes de iniciar un juicio: "Constituirán la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo", explica el artículo 1.
Así, el Ejecutivo busca que las resoluciones de las comisiones médicas tengan carácter de "cosa juzgada" en forma similar a lo que ocurre con los acuerdos entre empleadores y trabajadores homologados por el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) del Ministerio de Trabajo, cuyo contenido suele ser irreversible en otro procedimiento judicial posterior.