La del Correo Argentino fue la primera estatización del kirchernismo. Néstor Kirchner decidió en noviembre de 2003 (seis meses después de asumir la Presidencia) que la empresa regresara a manos del Estado tras el prolongado incumplimiento del canon por parte del grupo Socma. La compañía postal se encontraba desde 2001 en concurso preventivo (situación que se prolonga hasta hoy) y el canon adeudado rozaba los 300 millones de pesos.
La vuelta al Estado del correo oficial no generó entonces mayores controversias y se consideró un paso natural ante la millonaria deuda acumulada. Pero el conflicto que se desató por el acuerdo que están a punto de cerrar el Estado nacional y Franco Macri por la vieja deuda, volvió a poner aquella estatización bajo la lupa.
La planta que construyó Macri a fines de la década de 1990 en Monte Grande es uno de los puntos centrales del reclamo que aún hoy efectúan dentro del grupo empresario. "Esta planta aún hoy sigue sin figurar en el activo del Correo estatizado. Los sucesivos gobiernos la utilizaron pero nunca la pagaron", explican.
“El Tribunal de Cuentas tasó en $ 330 millones la planta que Franco Macri construyó en Monte Grande, pero el kirchnerismo nunca la quiso pagar”, recuerdan los abogados del grupo.
El abogado Daniel Joszpa, que asesoró a Socma desde el primer día del concurso preventivo, advierte que "la estatización del Correo fue distinta a la que el kirchnerismo llevó adelante después con Aerolíneas o YPF. En este caso, sólo se quedaron con los activos de la compañía, pero los pasivos quedaron para el grupo que tenía la concesión".
"La planta modelo de Monte Grande –recuerda- fue construída en 1998 y tasada posteriormente en 330 millones de pesos por el Tribunal de Cuentas de la Nación. El propio gobierno de Néstor Kirchner había solicitado esa tasación, pero nunca indemnizó al grupo Macri por su usurpación". "Es evidente que si el Estado hubiera reconocido el pago de este activo no estaríamos todavía hoy discutiendo cómo salir del concurso de acreedores".
A diferencia de lo sucedido con YPF, no se produjo una expropiación y por lo tanto nunca se planteó indemnización alguna al grupo concesionario.
Claro que no todos lo ven de la misma manera. La fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, emitió otro dictamen contra el acuerdo y consideró que la empresa tuvo una conducta "contraria a la buena fe".
El abogado, que actualmente dirige la carrera de posgrado de Sindicatura Concursal de la facultad de Derecho, reconoce que también el Estado resultó muy perjudicado por tantos años de demora en llegar a un acuerdo: "En el 2013 estaba todo listo para dejar atrás el concurso y se había consolidado el pago de la deuda, pero a último momento el gobierno de Cristina Kirchner se arrepintió. Pero también hay una responsabilidad de la Justicia, porque un concurso de acreedores no puede prolongarse por 15 años".
¿Cómo debería calcularse el perjuicio del Estado? "Es un error hablar de la tasa activa del Banco Nación como base de cálculo. Sí es correcto tomar la inflación acumulada desde 2003 hasta ahora y compararla con la actualización del 7% anual de la deuda para estimar cuánto dejaría de percibir el Estado".
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