La fiscal que objetó el acuerdo ahora acusó al Correo Argentino de actuar con "mala fe"

La fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, acusó hoy a las autoridades del Correo Argentino, de la familia del presidente Mauricio Macri, de tener "una conducta contraria a la buena fe procesal" porque demandó el año pasado al Estado nacional en condiciones más ventajosas que las que ofreció en el juicio por la deuda que la empresa tiene.

"La concursada adoptó una conducta contraria a la buena fe procesal al no comunicar ni al Tribunal ni a los funcionarios intervinientes el inicio de esta acción (que importa un crédito en expectativa) mientras se encontraba negociando con el acreedor demandado en ella", sostuvo Boquín en un nuevo dictamen en el que ratificó la conducta "abusiva" de la empresa.

El Estado –a través de los abogados del Ministerio de Comunicaciones, a cargo de Oscar Aguad– y el Correo llegaron en junio pasado a un acuerdo para que la empresa pague la deuda que tiene con el Estado desde 2001.

El acuerdo alcanzado es para el pago de 15 cuotas anuales desde 2018 (concluye en 2033) con un interés del 7 por ciento y solo sobre el capital de la deuda, lo que asciende a 600 millones de pesos, más del doble de la deuda inicial. Pero la fiscal denunció que eso significaba una quita de deuda del 98,2 por ciento porque se lo hacía sin aplicar el interés, lo que significaba un perjuicio público de más de 4.227 millones de pesos. La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación proyectó que a 2033 el perjuicio era de 70.163 millones de pesos.

El acuerdo generó críticas desde la oposición y el propio oficialismo porque desde el mismo Estado que encabeza Macri se llegó a un acuerdo con una empresa familiar que fue objetado por la fiscal porque perjudica a las arcas públicas.

Boquín advirtió en su dictamen de hoy que 15 días antes de ese acuerdo, el Correo presentó una demanda contra el Estado por daños y perjuicios por la falta de pago de supuestas inversiones. Reclamó de más de 2.300 millones de pesos con un interés del 11 por ciento anual. La causa tramita en el juzgado en lo contencioso administrativo federal 9, a cargo de Pablo Cayssials.

"Su posición en este expediente contencioso administrativo, convierte en más abusivo aun la propuesta formulada al Estado Nacional pues mientras ofrece pagar a partir del 2018 (plazo estimado de pago si la homologación se produjese en el año en curso) un interés del 7 por ciento anual, reclama al mismo acreedor un interés del 11 por ciento por lo menos hasta el 2009 mas los interés correspondientes (sin determinar tasa) hasta el efectivo pago", resaltó Boquín sobre la postura del Correo.

La fiscal sostuvo que la mala fe de la empresa es que nunca informó en la causa por la deuda sobre la demanda por daños y perjuicios. También señaló que hay otros dos juicios que el Correo inició en 2000 y 2006.

Boquín agregó que esa demanda implica que el Correo "posee activos contigentes o en expectativa de cobro", ante una eventual quiebra.

"Si bien no puedo afirmar que los funcionarios involucrados conociesen el expediente en cuestión, no cabe duda que sí tienen conocimiento del mismo la concursada y sus accionistas", desligó Boquín a los autoridades del gobierno de Macri sobre una posible complicidad en la demanda.

El ministro Aguad y el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Carlos Mocoroa, quien firmó el acuerdo con el Correo y fue denunciado por una posible intervención irregular en el caso, defendieron públicamente el acuerdo. Dijeron que en los concursos preventivos no se aplican los intereses al capital. "Que pague lo que queda de capital, 100 por ciento, y veamos cómo hacemos un arreglo con el deudor para que pague esto en cuotas, como es normal en todo juicio. Porque estamos hablando de un deudor sin recursos económicos", sostuvo Aguad, y agregó que durante el kirchnerismo nunca los funcionarios se preocuparon por solucionar el tema.

En el dictamen de hoy, Boquín afirmó que el artículo 19 de la ley de concursos y quiebras "refiere a suspensión y no a interrupción o condenación" de los intereses, que se aplican sobre el capital de la deuda acordado. También la fiscal citó que hay precedentes de la Cámara Comercial que así lo marcan.

La decisión de la Cámara
La Sala B de la Cámara Comercial es la que debe resolver si acepta el acuerdo entre el Gobierno y el Correo o si hace lugar al dictamen de la fiscal de rechazar la propuesta.

El tribunal está integrado por las juezas Maria Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, Matilde Ballerini y Ana Piaggi. Piaggi está excusada de intervenir en la causa casi desde su inicio.

La camarista Gómez Alonso de Díaz Cordero a traviesa una situación política especial. Desde diciembre pasado es la presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), la entidad político-gremial que nuclea a los jueces y fiscales nacionales y federales.

La AMJFN está actualmente enfrentada al gobierno de Macri. La crítica de la entidad es por el traspaso de la Justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires. Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, firmaron el mes pasado un convenio para el traspaso que debe ser aprobado por el Congreso Nacional y la Legislatura porteña.

Como presidenta de la AMFJN, Díaz Cordero encabezó el viernes pasado una medida inédita: los jueces hicieron un paro de una hora y se reunieron en la planta baja del Palacio de Tribunales para expresar su rechazo al traspaso.

Por otra parte, la hija de Díaz Cordero es funcionaria del Ministerio de Justicia de la Nación que conduce Germán Garavano. Agustina Díaz Cordero es desde junio de 2016 directora del Programa Nacional de Coordinación General de Derecho Privado del Ministerio.

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