La investigación iniciada por la denuncia de Alberto Nisman, que tomó impulso gracias a un fallo de los jueces de la Cámara de Casación Penal Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, podría tomar un vuelco impensado. Es que el fiscal Gerardo Pollicita pidió investigar qué rol pudo haberles cabido en el encubrimiento del atentado a la AMIA denunciado por el fiscal fallecido a los ex funcionarios kirchneristas Julio De Vido, Oscar Parrilli, Carlos Zannini y Angelina Abbona.
En la presentación original realizada antes de su muerte, Nisman había señalado entre los acusados a la ex presidente Cristina Kirchner, al piquetero Luis D'Elía, al diputado nacional Andrés Larroque y al ex canciller Héctor Timerman, entre otros.
En un extenso dictamen, Pollicita solicitó 32 medidas. Entre ellas, pidió que se acrediten las conversaciones telefónicas que "registren o hubieran registrado" los imputados desde el 1° de enero del 2011 a la actualidad desde sus teléfonos celulares, líneas domiciliarias e incluso servicios de radio. El pedido se extiende además a líneas telefónicas registradas en Casa de Gobierno, la Quinta Presidencial de Olivos, el Ministerio de Energía, Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cámara de Diputados y la Agencia Federal de Inteligencia.
Además, se solicitó que se libre un oficio al director nacional de Migraciones para que remitan los movimientos migratorios de todos los imputados entre 2011 y 2015. "Una vez obtenido el resultado de la medida propuesta precedentemente, se requiera a las empresas que hubiesen intervenido en sus traslados que informen sobre la persona física y/o jurídica que hubiese solventado cada uno de ellos y remita las constancias pertinentes", agregó.
De prosperar el pedido de Pollicita, la Secretaría General de la Presidencia deberá informar y remitir los registros de visitas de la Casa de Gobierno y la Residencia de Olivos desde el 2011 al 2015. Y la Secretaría de Legal y Técnica deberá entregar copias del Memorando de Entendimiento con Irán.
El dictamen completo
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