El Gobierno le respondió a Human Right Watch por la detención de Milagro Sala

Al igual que múltiples organismos internacionales, Human Right Watch, a través de una carta de su director, José Miguel Vivanco a Mauricio Macri, pidió la "inmediata liberación" de Milagro Sala, detenida en Jujuy desde el 16 de enero.

Ahora, el Gobierno le respondió por la misma vía con la firma del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. En la misiva, el funcionario explica que será enviado al Congreso un proyecto para modificar el alcance del delito de sedición, algo que había exigido Vivanco "con el propósito de prevenir que este tipo de casos ocurran en el futuro".

"Dicho proyecto será enviado al Congreso de la Nación durante el próximo período ordinario de sesiones y en él se insta a la modificación de dicha figura penal adecuándola a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión; aprovecho en consecuencia la ocasión para remitirle copia del proyecto mencionado a fin de que pueda formular las sugerencias que estime pertinente", anunció Avruj.

Sin embargo, el secretario ratifica la visión del gobierno nacional sobre este caso al decir que "excede a las facultadas presidenciales la intromisión en la causa judicial en la cual el Sr. juez a cargo de la investigación consideró que estaban dados los requisitos para el dictado de la prisión preventiva".

Y argumenta: "Como usted sabe, la limitación de las facultades del órgano ejecutivo, el respetuoso equilibrio entre los poderes del Estado, y, en particular, la rigurosa independencia del Poder Judicial, constituyen los pilares históricos de una democracia republicana, base insoslayable para una real vigencia de los Derechos Humanos. El respeto irrestricto de la Constitución Nacional Argentina –de la cual los Derechos Humanos forman parte- y, por ende, de un real Estado de Derecho, han sido y serán preocupaciones permanentes de este Gobierno".

También aclara que Milagro Sala no está presa por el acampe sino porque "se le imputan otros graves delitos –corrupción, malversación de caudales públicos, amenazas– y en cuyos expedientes los jueces intervinientes han considerado que de otorgársele la libertad la Sra. Sala entorpecería la investigación".

Al respecto, resaltó: "La detallada información provista por el Ministerio Público de la Acusación y por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Jujuy que fuera remitida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contiene numerosos elementos que avalarían la apreciación de los tribunales intervinientes".

"Debemos caminar juntos –y este Gobierno está comprometido en ello- con el fin de lograr que la prisión preventiva sea la excepción (sustentada en elementos que fundan el entorpecimientos de la investigación o de peligro de fuga), en buscar mecanismos alternativos a la prisión y al fortalecimiento de las garantías del debido proceso. Es decir, debemos lograr que todos los procesos de administración de justicia sean eficaces y eficientes en términos de respeto a los Derechos Humanos", manifestó en el final.

La carta completa

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2016

Sr. José Miguel Vivanco
Director División de las Américas de Human Rights Watch

De mi mayor consideración:

Quisiera en primer lugar expresar el agradecimiento del gobierno argentino por su carta del 22 de diciembre pasado; siempre serán muy valoradas las manifestaciones que realice la prestigiosa organización de la cual usted forma parte: sin dudas la historia demuestra el lugar que ocupa Human Rights Watch en el concierto internacional y en la preocupación permanente por la vigencia de los derechos humanos.

En ese orden, y vinculado con su inquietud relativa al delito de sedición, me es muy grato mencionarle que luego de aquella valiosa reunión a la que usted hace referencia, mantenida en julio pasado, a propósito de su visita al país y en la cual se intercambiaron diversas visiones sobre la necesidad de trabajar en reformas al Código Penal, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se ha realizado un proyecto de ley (Expediente 2016–5079422–APN-DDMIP#MJ), elaborado por la Subsecretaría de Política Criminal en la cual la Direccion Nacional trabajo junto con la colaboración de especialistas en la materia como Santiago Cantón y Eduardo Bertoni. Dicho proyecto será enviado al Congreso de la Nación durante el próximo período ordinario de sesiones y en él se insta a la modificación de dicha figura penal adecuándola a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión; aprovecho en consecuencia la ocasión para remitirle copia del proyecto mencionado a fin de que pueda formular las sugerencias que estime pertinente.

Por otra parte, coincido con lo afirmado por usted respecto de la importancia del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y de que se trata de un grupo de expertos independientes especializados en la materia. Por esta razón, sus opiniones tienen gran peso en la interpretación de las obligaciones jurídicas internacionales de los estados en este ámbito.

De conformidad con las normas constitucionales aplicables y las especificidades propias del Estado Federal, el Poder Ejecutivo Nacional –en su carácter de poder que tiene a cargo el manejo de las relaciones internacionales del Estado-, de manera conjunta y mancomunada entre la Cancillería y la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en cuanto fue notificado de lo resuelto por dicho grupo de expertos, se lo hizo saber tanto a la justicia de la Provincia de Jujuy – competente en los casos mencionados y en el marco de los cuales se dictó la prisión preventiva-, como al Poder Ejecutivo provincial.

Sumado a ello, y consciente de la relevancia que tienen estos órganos internacionales de derechos humanos, el gobernador de la Provincia de Jujuy dictó el Decreto Provincial 2467 por el cual se instó al Fiscal de Estado –en su carácter de querellante en representación de la provincia– para que le haga saber a los jueces competentes en las investigaciones contra la Sra. Milagros Sala la resolución emitida por el Grupo de Trabajo y, en consecuencia, se procediera a la luz de ella, a la revisión o ratificación de las medidas cautelares adoptadas respecto de la Sra. Sala.

Excede las facultades presidenciales, fijadas con precisión en la Constitución Nacional, y los principios de independencia judicial reconocidos tanto por el derecho interno como por el derecho internacional, la intromisión en la causa judicial en la cual el Sr. juez a cargo de la investigación consideró que estaban dados los requisitos para el dictado de la prisión preventiva. Como usted sabe, la limitación de las facultades del órgano ejecutivo, el respetuoso equilibrio entre los poderes del Estado, y, en particular, la rigurosa independencia del Poder Judicial, constituyen los pilares históricos de una democracia republicana, base insoslayable para una real vigencia de los Derechos Humanos. El respeto irrestricto de la Constitución Nacional Argentina –de la cual los Derechos Humanos forman parte- y, por ende, de un real Estado de Derecho, han sido y serán preocupaciones permanentes de este Gobierno. Por cierto que ello implica, también, tomar debida nota de las peticiones efectuadas por organismos como los antes mencionados, en atención a las cuales, se han llevado a cabo las medidas anunciadas.

Sin perjuicio de lo manifestado, cabe señalar que, de una observación de los expedientes en tramite en la justicia de la Provincia de Jujuy se advierte que la prisión preventiva que se encuentra cumpliendo la Sra. Sala no resulta consecuencia de la primera acusación vinculada con el hecho de la protesta social sino que la misma ha recaído en la causa que se le imputan otros graves delitos –corrupción, malversación de caudales públicos, amenazas- y en cuyos expedientes los jueces intervinientes han considerado que de otorgársele la libertad la Sra. Sala entorpecería la investigación. La detallada información provista por el Ministerio Público de la Acusación y por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Jujuy que fuera remitida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contiene numerosos elementos que avalarían la apreciación de los tribunales intervinientes.

Creo por otra parte, pero vinculado con el trasfondo del caso, que debemos caminar juntos –y este Gobierno está comprometido en ello- con el fin de lograr que la prisión preventiva sea la excepción (sustentada en elementos que fundan el entorpecimientos de la investigación o de peligro de fuga), en buscar mecanismos alternativos a la prisión y al fortalecimiento de las garantías del debido proceso. Es decir, debemos lograr que todos los procesos de administración de justicia sean eficaces y eficientes en términos de respeto a los Derechos Humanos. Esa ha sido una de las metas del gobierno al dar inicio al plan de Justicia 2020 y que fuera recientemente reconocido por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas – julio 2016 -, y luego por el Presidente de la Comision Interamericana en su reciente visita al país como relator de personas privadas de la libertad – octubre 2016 -.

Le agradezco, en nombre del Gobierno argentino, su reconocimiento y me permito coincidir con usted en la importancia que tiene la promoción y protección de los Derechos Humanos, los cuales se fundan, esencialmente, en la dignidad intrínseca de todo ser humano. También coincido con Ud. en cuanto a la necesidad de respetar las instancias internacionales, y colaborar con sus organismos. En este sentido, y con el objetivo de fortalecer el sistema internacional de Derechos Humanos, la República Argentina ha apoyado firme e irrestrictamente al funcionamiento de la Comisión Interamericana, institución señera en la defensa de dichos derechos y las libertades fundamentales en nuestro continente y cuya labor nuestro país valora enormemente, tal como se ha hecho saber en las reuniones bilaterales mantenidas en Washington DC, Santiago de Chile y Ciudad de Panamá y se ha demostrado de modo práctico en el sistema de la OEA. Asimismo, hemos mantenido una importante reunión de trabajo con la Corte Interamericana, en la que el Estado Argentino manifestó por primera vez su voluntad de dar cumplimiento a las 13 olvidadas sentencias dictadas contra nuestro país en los últimos 20 años, y por tanto reparar a las víctimas – hecho reconocido por dicho tribunal internacional en el curso del presente mes – y todo el gobierno ha dado de forma univoca respuestas a cada uno de los requerimientos que se han realizado.

Con la seguridad de mi más sincera consideración lo saludo muy cordialmente,

Claudio Avruj