La Cámara de Casación Penal designó nuevos jueces para integrar a partir de 2017 la Sala I del tribunal, que lleva adelante varias causas por presuntos hechos de corrupción durante el kirchnerismo. Los desplazados fueron Gustavo M. Hornos y Mariano Borinsky, quienes cuestionaron la decisión, el último de ellos en duros términos.
En su voto Hornos informó que no iba a firmar la acordada porque el temario propuesto "no se ajusta al derecho vigente".
En tanto, Borinsky fue más extenso y contundente, advirtió que fue nombrado como subrogante "sin plazo de finalización", y sentenció: "No existe razón alguna para modificar las subrogancias del suscripto y del doctor Gustavo M. Hornos". También denunció que se priorizó a jueces subrogantes magistrados naturales para designar las presidencias de los tribunales.
Frente a ello, se animó a sugerir que hubo una finalidad encubierta en torno a la decisión, al reconocer que sospecha que "el verdadero fin de las decisiones adoptadas en este Acuerdo irregular es evitar la intervención del doctor Hornos y el suscripto en las causas que se encuentran en trámite ante la Sala I de esta Cámara". Ese tribunal tiene las causas Hotesur, Los Sauces y dólar futuro (donde Cristina Kirchner ya fue procesada).
Y concluyó: "La consecuencia inevitable de la decisión ilegítimamente adoptada en este Acuerdo irregular es fomentar la impresión del poder judicial como un Cuerpo que actúa a espaldas de la ciudadanía, lo cual no conduce más que a incrementar el descrédito de todos los que lo componen ante la sociedad, que reclama transparencia".