Larreta pule su propia reforma política, se mete de lleno con el financiamiento y obliga a Macri

Apremiado por los tiempos parlamentarios y por la reticencia del peronismo, con la que en principio no contaban en la Casa Rosada, el Gobierno empezó a mirar con preocupación el calendario legislativo por la sucesión de tropezones en torno a la implementación de la Boleta Única Electrónica contemplada dentro del proyecto oficialista de reforma política. Fue una de las principales razones por la que Mauricio Macri retrasó el envío del texto para modificar la ley que regula el financiamiento de los partidos políticos, en especial en época de campaña, un cambio crucial de cara a las elecciones del próximo año.

En paralelo, y aún con mucha menos visibilidad y estruendo mediático y político, Horacio Rodríguez Larreta ultima los detalles de su propia reforma política, que se propuso mandar en las próximas semanas a la Legislatura porteña y que, a diferencia de su jefe político, sí contempla fuertes cambios en el financiamiento de las campañas, un debate que el gobierno nacional por ahora aplazó para más adelante.

Según el proyecto que por estos días deberá terminar de aprobar el jefe de Gobierno porteño, y a cuyos principales lineamientos accedió Infobae, la reforma política impulsada por Rodríguez Larreta crea un Código Electoral, un conjunto de normas jurídicas que regulan la vida electoral de la ciudad de Buenos Aires, que hasta ahora se rige por el código nacional viejo. Dentro de ese esquema, el financiamiento de las campañas es una pata clave del borrador que en el Ejecutivo porteño esperan enviar a la Legislatura antes de fin de año para aprobarlo cuando se reinicien las sesiones ordinarias, en el 2017.

En ese sentido, el proyecto le abre la puerta al aporte de empresas a las campañas -lo mismo que analizan en la Casa Rosada-, aumenta los topes y los montos, crea un registro de proveedores para controlar los ingresos y egresos de los partidos y eleva las penas a los candidatos cuyas campañas estén teñidas por alguna irregularidad. "No queremos que haya gastos en negro", aseguraron desde el Gobierno porteño. En un principio, los cráneos de la reforma habían pensado en la liberación total de las donaciones de campaña, es decir sin topes. Pero hubo resistencia por parte de la cúpula del Ejecutivo.

Hernán Charosky, subsecretario de Reforma Política, y Paula Zulcovsky, directora de Reforma Política y Electoral, son los encargados de darle forma al texto bajo el paraguas del Ministerio de Gobierno, y los que presentarán el proyecto en los próximos días frente al gabinete. Actualmente, el proceso electoral de la ciudad de Buenos Aires está regulado por la ley 268, sancionada en diciembre de 1999, en cuyo artículo 15, por ejemplo, prohíbe "los aportes anónimos y aquellos que provengan de personas jurídicas". Similar al régimen nacional después de las modificaciones del 2009.

Según confiaron, el proyecto porteño obligaría además a que los partidos cuenten con un responsable económico que debería ser un profesional de las ciencias económicas y que, en caso de avalar alguna irregularidad, podría poner en juego su matrícula. Este punto es sustancial, en especial porque los diferentes espacios políticos suelen apelar durante las campañas a responsables poco preparados que sólo ponen la firma para justificar los ingresos y los egresos. "Se acabarían los presta nombres que nadie conoce y que a veces ni saben a qué se dedican", explicaron. El año pasado, por caso, las responsables económicas de los informes financieros de Cambiemos en las PASO y en las generales eran dos jubiladas, según publicó en abril el sitio Chequeado.

Más allá de la financiación, la idea del Gobierno porteño pasa además por institucionalizar la Boleta Única Electrónica, que ya fue implementada en las elecciones del año pasado. La norma crea un Tribunal Electoral y una Comisión de Gestión Electoral adhoc, encargados, según el proyecto, de dirimir conflictos electorales y de administrar los procesos. La paridad en las listas, como impulsó el oficialismo en el Congreso nacional, es otro de los puntos del texto.

En la actualidad, el calendario electoral de Ciudad y de Nación no coincide, por lo que la eventual sanción del proyecto impulsado por Rodríguez Larreta con la creación del Código Electoral entraría en vigencia en su totalidad. La ley 875 de la ciudad de Buenos Aires, sancionada en agosto del 2002, tiene un solo artículo: el que autoriza al Poder Ejecutivo de la Ciudad a convocar a elecciones a jefe de Gobierno y a legisladores en fechas distintas al cronograma que fija la Nación para elegir presidente. A partir de ahora, sin embargo, la idea de Macri es votar en simultáneo. En ese caso, en 2019 por ejemplo, Rodríguez Larreta debería derogar la ley 875. De ser así, el comicio y el escrutinio porteño quedaría regulado por las leyes nacionales.

Desde hace varios meses, el entorno del Presidente empezó a explorar diversas modificaciones a la actual ley de financiamiento de los partidos políticos, ahora en stand by por el pantano en el que se hundió la reforma política en el Congreso, que obligó a cambiar la estrategia parlamentaria. El apuro de Macri por cambiar el sistema de financiación de la política no obedece a una idea romántica de mostrar transparencia de cara a la sociedad. Sino a la necesidad de achicar al máximo los márgenes de irregularidades y el flujo de dinero negro en tiempos electorales. Vicios frente a los que, hasta ahora, se ha rendido el PRO, como casi todos los partidos. La vuelta de los aportes empresarios avanza en ese sentido.

Es, al menos, una de las urgencias del Gobierno de cara a las elecciones legislativas del próximo año, cruciales para la suerte de Macri frente a la segunda etapa de su mandato. Así se lo confirmó a Infobae uno de los más altos funcionarios de la Casa Rosada, habitué de las reuniones más íntimas de Olivos. "Necesitamos achicar los márgenes para prescindir al máximo de la figura del recaudador", confesó el funcionario. Hoy, ese lugar está vacante: nadie quiere hacerse cargo de la recaudación.

El apuro y la obstinación de Macri por la boleta electrónica también obedecen a esa lógica porque reduce ostensiblemente, por caso, el número de fiscales. Sólo en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay unas 5.000 mesas para que las que se necesitarían, al menos, un fiscal por cada una de ellas. El año pasado, el costo promedio de un fiscal fue de 500 pesos. En territorio porteño serían, en total, unos 2.500.000 pesos. Con la provincia de Buenos Aires y el resto del país, la cifra se multiplica. Millones de pesos en negro que deben salir de algún lado y que alguien debe administrar. Es el riesgo que Macri, ahora en la Casa Rosada, no quiere volver a correr.