Néstor Kirchner nunca hubiera podido designar a su hermana como ministra o el gobernador Mario Das Neves no habría logrado imponer a sus hijos en puestos vinculados con la administración pública si el proyecto que ahora se busca debatir para la provincia de Buenos Aires hubiera estado vigente en todo el país una década atrás.
La iniciativa, impulsada por el diputado de Cambiemos Guillermo Castello, pretende prohibir que los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial contraten a sus hermanos, parejas, primos e hijos en la administración pública de la provincia de Buenos Aires.
El proyecto prevé sanciones para los funcionarios que violen el impedimento legal: la designación será declarada nula; se inhabilitará al funcionario por un máximo de cinco años para ejercer la función y al pariente designado. Además, el favorecido deberá devolver el dinero percibido por sus tareas.
El objetivo, según el autor de la propuesta, es establecer una "meritocracia republicana" que promueva la autonomía entre el poder político y la gestión pública, y que garantice la igualdad de oportunidades de los aspirantes a cubrir vacantes en el Estado.
En la provincia de Buenos Aires y en todo el país se multiplican los casos de nepotismo. Es más, hay algunos dentro del propio partido gobernante. Sin embargo, los funcionarios defienden sus designaciones en virtud de las aptitudes de los familiares elegidos.
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