Puede ser revolucionario o puede ser un problema. Mañana, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y su ministro de Seguridad, Martín Ocampo, presentarán en el Instituto Superior de Seguridad Pública a la nueva Policía de la Ciudad, el producto del traspaso de más de 19 mil efectivos de las 54 comisarías porteñas de la Policía Federal y partes de varias divisiones como Homicidios y Prevención Barrial a la esfera de la ciudad, sumados a los seis mil ya existentes de la Policía Metropolitana, a diez meses del acuerdo firmado por el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada.
Hay dinero para la nueva fuerza, por lo visto: el GCBA prevé, dentro del presupuesto de 2017, casi 30 mil millones de pesos, una suba del 5 al 16,5% en el gasto de seguridad para 20 mil nuevos chalecos, más de cinco mil armas reglamentarias y otras inversiones. Esta semana, probablemente el viernes, el proyecto de ley será elevado a la Legislatura, lo que dará la vía libre para designar al nuevo jefe. Pero el clima no es de triunfalismo, sino de precaución. La tensión al respecto es palpable.
Infobae ya había adelantado en julio pasado el abanico de dudas y reclamos que calentaban las comisarías porteñas, con ítems como los servicios adicionales, la obra social policial y la figura de mando. Hoy, una parte de los efectivos traspasados, desde suboficiales hasta comisarios, hace saber su disgusto a través de redes sociales y cadenas de Whatsapp con gráficos y memes algo ingeniosos. Pero hay propuestas más inquietantes que el humor online. Varios estudios de abogados fueron consultados por oficiales para presentar recursos de amparo contra la PFA por el traspaso en el fuero contencioso administrativo.
Un mensaje de texto que circula de smartphone en smartphone incluso invita a algo casi inédito en la historia de la PFA: una concentración mañana al mediodía, para marchar "por nuestros derechos adquiridos" dese el Departamento Central de la PFA en la calle Moreno hasta el Congreso de la Nación, todo esto, mientras Rodríguez Larreta y Ocampo presenten a la nueva Policía porteña. El texto hasta desafía a la división encargada de investigar a los policías mismos: "Asuntos Internos abstenerse ya que ustedes están con nosotros". Lo cierto es que, en la nueva Policía de la Ciudad, habrá cambios por lo menos sustanciales con respecto a las estructuras usuales.
Esta tarde, en una mesa redonda con periodistas, Rodríguez Larreta y el ministro Ocampo adelantaron varias novedades de cara al lanzamiento de la fuerza y el proyecto de ley. "Es una ley que va más allá de la Policía, que habla del sistema de seguridad de la Ciudad, donde la Policía es una parte", apuntó el jefe de Gobierno: "La propuesta de seguridad contempla que los policías se concentren en ser policías, que sean policías en la calle y que el resto de las funciones las cumplan personas del Ministerio. Por ejemplo, Asuntos Internos". Es decir, en la nueva Policía de la Ciudad, los policías serán investigados internamente por civiles. "Su nuevo nombre será 'Oficina de Transparencia y Control Externo'", aseguró Ocampo: "No integran la Policía y tienen prohibición expresa de ser policías bajo la ley". El control civil, por otra parte, puede tener un alcance mucho mayor.
Hoy, el comisario general Guillermo Calviño, el superintendente de Seguridad Metropolitana de la PFA, es la cabeza de las 54 comisarías y del resto de las divisiones de la Federal traspasada, así como los comisarios Horacio Giménez y Ricardo Pedace conducen a la Metropolitana. Calviño hoy tiene su despacho en el Ministerio de Seguridad porteño en Barracas, algo quizás incómodo, ya que nadie en su cadena de mando comparte con él el edificio.
En sus cálculos privados, por el momento, el jefe de la Policía porteña es él, pero el jefe definitivo no está confirmado. Rodríguez Larreta aseguró: "Calviño es el jefe de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, el jefe de la Policía Federal transferida". El jefe del GCBA siguió: "La designación del nuevo jefe la hago yo. Se definirá cuando la ley esté votada. Hoy todavía el cargo de jefe no existe porque no está votada la ley". Ahora, ¿puede ser el nuevo jefe un civil? El jefe de Gobierno no tembló al asegurar: "Según la ley, sí".
Ocampo completó el panorama: "En el caso concreto, no está definido quién va a ser. La nueva ley pone al nuevo jefe dentro del sistema de autoridades del Gobierno, no dentro del sistema policial. Puede ser un civil, o puede ser un policía".
Infobae: Entonces, puede no ser Guillermo Calviño u Horacio Giménez.
Ocampo: Puede ser o no ser.
Hay dos ópticas para esto. Primero, la posibilidad insólita en la historia de que un civil encabece una fuerza de policía. Segundo, lo que representa para Calviño, un comisario de rango con casi 40 años de servicio: la posibilidad de un cierto revés. De vuelta a sus cálculos privados, el jefe de la PFA traspasada, si es que no es designado como cabeza de la fuerza, no haría otra cosa que renunciar.
Las turbulencias por Whatsapp
Hoy, Calviño apuesta a una gestión eficiente basada en la tecnología, en una rutina que le representa poco más de 130 detenciones por día: el comisario general busca profundizar, por ejemplo, un sistema de software a través de tablets para que policías en la calle reconozcan autos y personas sospechosas. No se preocupa por el dinero: para Rodríguez Larreta, con quien tiene buena sintonía, la seguridad es un pilar de gestión. Una crisis de homicidios en Capital como la que ocurre en territorio bonaerense sería un costo político altísimo.
Por otra parte, hay cosas que faltan. El jefe policial tiene tres helicópteros a disposición: dos están fuera de servicio, con problemas técnicos previos. También hay catorce cuatriciclos; todos ellos le llegaron sin cubiertas. Hubo también cambios hechos a último momento en PFA durante las últimas semanas del ex jefe Román di Santo que impactaron en la capacidad operativa, con el envío de más de 300 vehículos a dependencias de la Federal en el resto del país. Calviño, aseguran fuentes policiales, tampoco fue participado de la creación del proyecto de ley. Pero a pesar de todas estas cuestiones estructurales, el ánimo de la tropa, uno de los mayores problemas para la PFA traspasada, se mide por teléfono.
El comisario general fue increpado semanas atrás por una joven suboficial en un acto en el Instituto Superior de Seguridad Pública, que le exigió "ser escuchada" para "volver a su provincia", mientras era aplaudida por sus compañeros. El momento fue filmado, para convertirse en un video viralizado entre policías que llegó a la agenda nacional de medios. El video no fue lo único que rebotó en los botones de compartir de los efectivos. "A partir del 1º de octubre van a quedar sin efecto todos los adicionales nacionales", dice un audio, claramente alarmante para el bolsillo de los policías que complementan su sueldo con tareas fuera de horario. Otro audio, proveniente de un abogado, agita a efectivos para iniciar amparos y no ser traspasados. En otro mensaje, una operadora de radio asegura que fue sancionada por un comisario inspector al decir "Policía Federal Argentina" en la frecuencia en un gesto de rebeldía institucional.
De vuelta en el Ministerio de Seguridad, aseguran que ningún efectivo fue sancionado por decir "PFA" en la radio y que no hay por el momento ningún amparo en su contra en el fuero contencioso administrativo. "Para llegar a eso hay que agotar todas las instancias administrativas", afirma una fuente. Lo cierto es que en los últimos días, el Gobierno tomó medidas para calmar la efervescencia. El 28 de septiembre pasado, la ministra Bullrich, Ocampo, Calviño y demás figuras participaron de la firma del convenio definitivo de adhesión a la caja jubilatoria de la PFA: los efectivos traspasados mantendrán su jubilación tal como la tenían en la PFA original, aseguran desde el Ministerio.
La obra social era otro foco de polémica. Hoy, Ocampo aseguró junto a Rodríguez Larreta: "Estamos creando una obra social para la nueva policía". Además, confirma el ministro, los efectivos podrán optar por continuar en el hospital Churruca, propio de la PFA.
Con respecto a los adicionales, Ocampo dijo: "Los efectivos van a poder hacer adicionales, pero dentro del marco de una política de seguridad ciudadana. A cada adicional lo vamos a evaluar en relación a ese concepto. Para la cancha, sí, usaremos policía adicional. Pero, por ejemplo, si es un shopping, entonces evaluaremos si tiene impacto en la seguridad ciudadana".
Ocampo continuó: "No es específicamente recortar, sino tomar la decisión de una política integral de que la seguridad es responsabilidad del Estado. En consecuencia de eso, la utilización de los recursos policiales, si es que hay una necesidad privada, tiene que estar en el marco de una política estructurada".
Sin embargo, no se trata de dinero. Para muchos en la PFA, el problema se reduce a un intangible emocional: el orgullo de ser policía federal. Hay quienes lo relativizan dentro de la fuerza: "La Federal tal como es fue creada en 1943. Antes se llamaba de otra forma. Las cosas cambian", dice un alto jefe. Pero de vuelta en las 54 comisarías, el sentimiento de muchos dice lo contrario.
Se es lo que se es
Un comisario, en diálogo con Infobae, asegura: "La gente no quiere el traspaso. No lo tolera. En el Gobierno no terminan de entender que esto no es contra el poder político, al cual estamos subordinados. No se trata de polis sublevándose, no vengan a agitar ese fantasma. Queremos seguir siendo lo que somos. Elegimos este uniforme, tenemos este sentido de pertenencia. Yo no me banqué un tiro de un delincuente para que me traten de desleal o de corrupto".
El personal del Ministerio de Seguridad ya no recorre las comisarías porteñas, donde funcionarios fueron increpados en repetidas ocasiones. Con respecto a la marcha convocada para mañana en el Departamento Central, asegura el comisario, "no creo que mi gente vaya, pero sí amigos y familiares". Hay medidas recientes tomadas por el Ministerio de Seguridad que sumaron al mal clima y que van al mantenimiento básico de las dependencias policiales: les quitaron el manejo de los fondos de caja chica y de las asociaciones barriales de amigos de las comisarías.
Un jefe policial zonal se ofusca de solo pensarlo: "La caja chica eran treinta mil pesos por mes. Ni más ni menos. Vos tenías que rendir cada peso con tickets, no podías gastar en ciertos rubros. Era para librería, para gastos urgentes, reformas edilicias menores, arreglar un caño, un auto, una rueda pinchada, cambiar las pastillas de frenos". El comisario continúa: "Hoy, no podés disponer de esa plata, se te rompe un móvil y tenés que mandar un mail a la administración. El trámite te lo hacen rápido, pero el patrullero va a un mecánico civil que trabaja con el GCBA. Para cambiarte las pastillas de frenos tardan un mes. Mientras, tenés un patrullero menos".
Con respecto a las asociaciones de amigos, vecinos y comerciantes de las jurisdicciones de las comisarías que aportaban dinero en forma voluntaria, "nos las volaron de la noche a la mañana. Eran 15 mil pesos por mes, más o menos. Con esa guita, por ejemplo, pagábamos el wi-fi de la comisaría".
Una voz de peso en Tribunales que conoce bien el entramado interno y los mecanismos de la PFA analiza: "El traspaso debería haber sido paulatino, en comisión, manteniendo escalafones y jerarquías, manteniendo la pirámide y analizando legajos. El cambio traumático de una fuerza centenaria genera la situación actual. Ahora se quieren cambiar los uniformes, los colores. Todo esto no suma. Hay que conocer la mentalidad de los efectivos".
Mientras tanto, un supuesto borrador del proyecto de ley está en manos de ciertas figuras de la PFA traspasada. Ya comenzaron a leerlo en sus escritorios.