"Esto no es la ruta del dinero K, es la autopista…", afirma Ricardo Paz Herrera, un pequeño accionista de YPF, en un video que envió a Infobae. "El caso Petrobras es insignificante al lado de esto", insiste.
Y denuncia un megafraude en la petrolera durante la década ganada. En el video, de manera casi didáctica, relata una serie de maniobras a través de las cuales funcionarios de los gobiernos kirchneristas se habrían "robado" 46 mil millones de dólares.
Pero, ¿quién es Paz Herrera? Es un accionista minoritario de YPF que se animó a denunciar las supuestas irregularidades que se habrían desencadenado durante las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner, con Axel Kicillof y Miguel Galuccio como actores de reparto.
Según los datos recogidos, Paz Herrera sospecha que se cometieron diversos delitos como "robo de los activos de YPF", defraudación, evasión, lavado de dinero, fraude a los inversores extranjeros y fraude a los más de 30 mil trabajadores. Además, le imputó las consecuencias económicas que sufrió el país, entre las cuales enumeró: "Pérdidas del autoabastecimiento, importación de energía, pérdida de reservas del BCRA, cepo cambiario, restricción de importaciones, recesión y constantes aumentos de las tarifas de gas y combustibles".
Paz Herrera sostiene que la expropiación, decidida por Cristina Kirchner y avalada por la mayoría kirchnerista del Congreso de la Nación, fue para tapar estos desaguisados y no parte de la "gesta nacional y popular" como quiso informar el relato kirchnerista.
Este fraude -según su denuncia- se habría concretado fundamentalmente a través de tres operatorias:
1. Exportaciones a "precio vil". El gas y el petróleo de YPF lo exportaban a bajísimo precio a compañías vinculadas a Repsol en el exterior. Luego esas empresas lo vendían al verdadero valor que tenían en el mercado, obteniendo de esa manera ganancias millonarias fuera del país; pero a la contabilidad de YPF sólo ingresaban los montos correspondientes a las operaciones hechas al "precio vil". Según un informe de la Auditoría General de la Nación, YPF bajo el control de Repsol, exportaba el barril de petróleo a la mitad o menos aún del valor de referencia internacional. Esta modalidad fue denunciada por la AGN en por lo menos tres contratos en los que YPF exportó por un total de USD 1.109.491.409 a la mitad de su valor de mercado.
2. Transferencia de patrimonio. Repsol transfirió a su patrimonio y al de empresas vinculadas los yacimientos que YPF tenía en el exterior. YPF había comprado en los 90 yacimientos en Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Indonesia y Rusia. Esas adquisiciones se hicieron cuando el valor del barril de crudo era de USD 20; y cuando Repsol los pasó a su patrimonio el precio del barril era de USD 100, con lo cual se hizo de una millonaria utilidad.
3. Cobro de exorbitantes y legalmente cuestionables dividendos, muchos de ellos superiores a las ganancias reales de la compañía, pagos de honorarios millonarios a sus directores, pago de facturas apócrifas a proveedores inexistentes y el pago de sobreprecios a proveedores.
Los fondos obtenidos a través de estas maniobras -según la denuncia de Paz Herrera- se habrían girado a cuentas en España, Estados Unidos y Australia. El dinero se giraba a una sociedad comercial radicada en Madrid que a su vez era controlada por otra con domicilio en Australia. Las acciones de esta última eran al portador y se sospecha que eran del matrimonio Kirchner.
Todo este desmanejo provocó que bajaran las reservas de gas de 17 a 7 años y la producción de gas y petróleo se redujeron un 50 por ciento. YPF pasó a tener una deuda de USD 9 mil millones y con dinero en caja para afrontar sus costos durante sólo 22 días. Frente a este panorama tan oscuro, comenzó a planificarse la retirada de Repsol de YPF.
A fines de 2010 Repsol vendió el 17% de sus acciones a inversores norteamericanos, operación en la que -según denuncia Paz Herrera- ocultó información relevante. El gobierno de Cristina Kirchner hacía anuncios sobre el hallazgo de nuevos yacimientos y millonarias inversiones que en realidad no existían, provocando que subieran los papeles de YPF. Entonces Repsol vendía a buen precio, a USD 42 cada acción. Al poco tiempo, y al conocerse la verdadera situación de la compañía, las acciones se desplomaron hasta los USD 11 por cada cartular.
La maniobra habría seguido de la siguiente manera: Cristina Kirchner culpó del vaciamiento de YPF a Repsol y por lo tanto era necesario expropiar la empresa. A cambio, el Estado Argentino le tuvo que pagar una "indemnización" de USD 5.000 millones a Repsol. Ese acuerdo se plasmó en un convenio que Miguel Galuccio y Axel Kicillof le hicieron firmar a la empresa en 2014 en el que Repsol no hacía ninguna concesión mientras que YPF renunciaba a cualquier tipo de reclamo contra la empresa española.
Pero aún falta el último paso para completar este multimillonario fraude del que -según Paz Herrera- habrían sido partícipes los Kirchner. Era necesario encubrir toda la operatoria a fin de lograr impunidad. Para lograr ese plan, Cristina Elisabet Kirchner habría contado con la complicidad de Miguel Galuccio, Axel Kicillof y el resto de los directores -nombrados por la entonces Presidente de la Nación- de estrechos vínculos con Máximo Kirchner y miembros de La Cámpora.
De acuerdo con la denuncia, para encubrir el saqueo a YPF este grupo de personas habría incurrido en violaciones al estatuto de la empresa, a la ley de Sociedades Comerciales y a regulaciones del mercado de valores de la Argentina y de los Estados Unidos.
Pero eso no es todo. En abril de 2015, es decir pocos meses antes de que el kirchnerismo dejara el gobierno, Galuccio, Kicillof y los jóvenes de La Cámpora dispusieron que fuera la propia YPF, y no una compañía de seguros -como se suele hacer-, la que les permitiera mantenerse indemnes en caso de cualquier reclamo que les pudieran hacer en forma personal.