La Cámara Federal rechazó el pedido de un ejecutivo brasileño para cerrar la causa penal en la que se investiga si desde su empresa, la poderosa "Odebrecht", se le pagaron coimas al detenido ex secretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime y a su asesor Manuel Vázquez para realizar el soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
La Sala II de la Cámara rechazó el pedido de Mauricio Couri Ribeiro, presidente de Odebrecht, para declarar prescripta la causa, informaron a Infobae fuentes judiciales.
La causa es la derivación argentina del "Lava Jato", un mega caso de corrupción en Brasil en el que se investiga el pago de coimas de empresarios a funcionarios para obtener negocios de obra pública y por el que están presos varios políticos.
En la investigación de ese caso, la Policía de Brasil halló un intercambio de mails de febrero de 2010 entre Couri Ribeiro y Vázquez en el que el argentino le señala que se presentaron una serie de "problemas" para cobrar un dinero adeudado. Se trataba de 80 mil dólares que después se determinó fue el monto de una transferencia que hizo la empresa off shore "Klienfeld Services Ltd.", desde la cual Odebrecht pagaba las coimas. El dinero terminó en la empresa Pribont Corporation S.A.
La principal sospecha es que se trató de dinero del pago de un soborno porque desde Odebrecht coimeaba a funcionarios para obtener negocios. Su dueño, Marcelo Odebrecht, fue condenado en Brasil a 19 años de prisión.
Vázquez era el principal asesor de Jaime en la Secretaría de Transporte. Ambos están condenados por recibir dádivas y procesados por comprar trenes inservibles a España y Portugal. En esa causa fueron detenidos el 2 de abril pasado. Jaime sigue preso en la cárcel de Ezeiza y Vázquez en prisión domiciliaria.
Odebrecht tenía varios negocios en marcha en Argentina. Uno de ellos era el soterramiento del ferrocarril Sarmiento que firmó con el entonces secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, sucesor de Jaime y ambos condenados por la tragedia ferroviaria de Once. El negocio lo llevó a cabo con una "Unión transitoria de empresas" que conformó con las constructoras Iecsa S.A. –de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri–, Ghella S.P.A y Comsa S.A.
La legisladora Graciela Ocaña presentó una denuncia y el fiscal federal Franco Picardi abrió formalemnte una investigación en la que el juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó medidas de pruebas.
Pero la defensa de Couri Ribeiro pidió el cierre del expediente porque sostuvo que estaba prescripto. Los abogados del ejecutivo señalaron que el caso se debe encuadrar en un cohecho o tráfico de influencias o en exacciones ilegales que tiene como pena máxima seis años y que ese plazo ya venció.
El juez Martínez de Giorgi rechazó el pedido que ahora fue confirmado por la Cámara Federal.
"Ha de recordarse que en reiteradas oportunidades hemos señalado que a los fines de resolver planteos vinculados con la vigencia de la acción penal debe estarse a la calificación más gravosa de las que eventualmente correspondan a los hechos, siempre que el encuadre propuesto resulte razonable, fácticamente posible", dijeron los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah.
Para los jueces la investigación es incipiente y no se puede descartar que la acusación pueda ser por delitos contra el orden económico y financiero, que tiene una pena máxima de 10 años de prisión.
"En efecto, de lo acontecido hasta el momento en el sumario se desprende que aún se desconoce el alcance global de la maniobra investigada", concluyeron los camaristas y recordaron que hay medidas de prueba en marcha "a los fines de acreditar los sucesos, sus posibles aristas y presuntos partícipes, no pudiéndose descartar, como lo afirma el juez en su decisión, la participación de otros funcionarios públicos".
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