Operativos en el Ministerio de Ambiente por la violación a la ley de glaciares en la mina de Barrick Gold

Por pedido del fiscal Ramiro González, el juez federal Sebastián Casanello ordenó un operativo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable por la supuesta violación de la ley de glaciares en la mina Veladero, de Barrick Gold. La cartera que conduce Sergio Bergman es la autoridad de aplicación de esa ley.

El expediente fue iniciado luego del derrame de millones de litros de solución cianurada, al río Potrerillos, por parte de Barrick Gold, entre el 12 y 13 de septiembre del año pasado. Luego de una nueva fuga el pasado 8 de septiembre, los abogados Enrique Viale y Diego Seguí, que representan a la Asamblea Jáchal No Se Toca, se presentaron en el expediente para pedir el cierre del emprendimiento por la violación a la ley de glaciares. También solicitaron que se investigue si las autoridades del Ministerio de Ambiente y del Instituto Argentino de Nivologia y Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) cometieron algún delito al eludir sus obligaciones legales.

En su presentación, los abogados Viale y Seguí explicaron que una correcta aplicación de la ley de glaciares hubiese significado el inmediato cese de actividades en Veladero y que, por ende, los derrames de solución cianurada no hubieran sucedido.

Los abogados se basaron fundamentalmente en dos argumentos. Por un lado, destacaron que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Barrick Gold admite que Veladero está ubicada en un ambiente periglacial y que hay glaciares dentro de los límites del proyecto, y la normativa legal prohíbe la minería en esas zonas.

En ese sentido, añadieron un informe de la Universidad Nacional de Cuyo de agosto de 2010 y un trabajo del Ianigla de 2005, que también van en la misma línea: que Veladero está en una zona prohibida.

Por otra parte, los abogados subrayaron que en el último derrame del 8 de septiembre, la propia Minera Argentina Gold SA (subsidiaria de la canadiense Barrick Gold) informó que el incidente se produjo por el "desacople de una cañería corrugada producido por el impacto de un trozo de hielo", lo que prueba que el valle de lixiviación de Veladero (el lugar en el que se separa la roca del mineral con valor comercial) está ubicado en un ambiente periglacial.

En el dictamen al que tuvo acceso Infobae, el fiscal González consideró que "de lo expuesto, se desprende que podrían haber existido diferentes incumplimientos y/u omisiones por parte de funcionarios nacionales". Frente a ello, solicitó que, antes de brindar un dictamen definitivo sobre el pedido de cierre de la mina, son necesarias una serie de medidas de prueba para saber cómo se aplica la ley de glaciares. Por eso, pidió que se allane el Ministerio de Ambiente para que "se proceda al secuestro de toda la documentación relativa a la aplicación de la Ley 26.639 en la zona de influencia de Veladero".

A su vez, el fiscal pidió que las autoridades de la cartera "detallen las acciones que ha llevado a cabo ese ministerio a fin de conservar y proteger los glaciares y el ambiente periglacial" en Veladero, y que brinden información sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley, incluida la remisión del inventario.

El fiscal también pidió que se allane el Ianigla, con sede en Mendoza, para que se secuestre la documentación vinculada al caso, puesto que el instituto tiene a su cargo la demorada confección del inventario de glaciares. Además, solicitó que las autoridades indiquen si Veladero está ubicada en una zona no autorizada por la normativa legal y si el inventario para esa zona está realizado, algo que las autoridades ya comunicaron informalmente que está terminado y esperando para ser publicado en una oficina del subsuelo del Ministerio de Ambiente.

Además, también les pidió que el Ianigla explique el concepto de glaciar que aplica, puesto que la ley considera que es "toda masa de hielo (…) cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación", pero en un documento elaborado en 2010, sus autoridades modificaron la definición legal y establecieron que deben ser mayores de una hectárea. De esta forma, según los abogados, quedaría afuera, por ejemplo, el glaciar binacional Toro 1, sobre el cual está proyectado el rajo de la mina Pascua Lama, también de Barrick Gold, actualmente frenada por la Justicia chilena por numerosas infracciones ambientales.

Por último, el fiscal pidió una serie de informes al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) para que detalle qué ha hecho hasta el día de hoy para coordinar la aplicación e la ley.

Finalmente, el juez Casanello le dio curso a los pedidos del fiscal, que subrayó que no lo urge tomar una decisión, sobre todo, porque la mina está paralizada por una decisión del gobernador sanjuanino Sergio Uñac luego del último derrame. Ayer, desde Barrick Gold dejaron trascender que en dos semanas terminarían de realizar una serie de medidas de seguridad solicitadas por el Ejecutivo provincial, por lo que Veladero estaría en condiciones de volver a operar.