Ante una sala semi vacía, la oposición endureció su discurso en la audiencia por el gas

La audiencia pública para discutir la suba en la tarifa de gas continuó con unas 200 exposiciones por parte de legisladores nacionales, intendentes, y representantes gremiales y empresariales. A lo largo de la segunda jornada, los sectores más críticos profundizaron sus cuestionamientos al gobierno nacional por el aumento previsto y el carácter de la convocatoria, a la que tildaron de "antidemocrática".

"Este tarifazo viene después de los aumentos al transporte, la luz, el agua y la devaluación. No hay salario en la Argentina, salvo el de las corporaciones, que se haya movido en esa proporción", protestó el diputado nacional Axel Kicillof, quien también pidió "una audiencia" para aumentar los salarios.

El viernes, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, dio comienzo a la primera jornada de la audiencia y dijo que el aumento tarifario será de 122 a 236 por ciento promedio, según el nivel de consumo. Así, la boleta media oscilaría de 107 a 953 pesos mensuales, a lo que se suman los impuestos, como sostuvo el funcionario en un día donde los referentes de provincias y petroleras defendieron los incrementos para garantizar una mayor producción y abastecimiento asegurado.

Ante un auditorio con poco más de treinta personas, se escucharon numerosas voces críticas que deploraron el "tarifazo", como los representantes del Partido Obrero, que afirmaron que el ministro de Economía, Juan José Aranguren, es un hombre de la petrolera Shell y denunciaron la eliminación de los subsidios.

Por otro lado, varios disertantes repudiaron la "represión" desatada en Neuquén ante los incidentes en el debate sobre las tarifas en esa ciudad y también cargaron contra el esquema de la audiencia, ya que presumen que no modificará la voluntad del Poder Ejecutivo a rediscutir el precio del gas.

En este sentido, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, advirtió que el debate "no está hecho para acatar la voluntad popular", por lo que resaltó que "es una puesta de escena para no discutir las cuestiones esenciales como que se trata de un servicio público que no tiene por qué dar ganancias".

Con la misma tónica se expresó el senador nacional de Proyecto Sur, Fernando Pino Solanas: "Esta audiencia es autoritaria y no cumple con las premisas de la Corte Suprema, ya que no prestó la información que se le solicitó al Gobierno".

En tanto, el ex dirigente trotskista y ex legislador porteño, Luis Zamora, cargó contra "el carácter antidemocrático de estas audiencias a puertas cerradas y rodeadas de policías, donde muchos no solo no pudieron hablar sino que no pudieron entrar".

"El pueblo que trabaja y paga no es consultado ni decide. Con estas audiencias, se encubre que en realidad los empresarios, dirigentes y el Gobierno deciden por el pueblo y le imponen al pueblo", repudió Zamora. Y amplió: "Todas las empresas privadas de energía están en la lista de los que fugaron los miles de millones de dólares al exterior: Metrogas, Shell, Repsol YPF, todas, Edenor, Edesur. Ahí están los esfuerzos nuestros, por eso estamos discutiendo la crisis del sector energético. Nosotros ponemos todo y todo se lo llevan afuera".

Asimismo, el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, planteó que representa "los derechos de 500 mil habitantes porque no nos escuchó cuando lo fuimos a ver. No escuchó más de 590 fallos de la justicia federal y a miles de vecinos que le dijeron que este tarifazo era injusto".

El jefe comunal de Esteban Echeverría, Fernando Grey, se mostró disconforme con el mecanismo de la tarifa social "por ser engorroso", y planteó que las audiencias se trasladen al conurbano bonaerense y al resto de las provincias. "Le pedimos al ministro Aranguren que nos informe cómo van a aumentar las tarifas y cuáles son los planes de inversión que se van a hacer en nuestros distritos", exigió.

Críticas empresarias

Representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se manifestaron disconformes con el reajuste impulsado por la Casa Rosada, al pedir que se contemple la realidad de las industrias y comercios.

"Es necesario arribar a un esquema de precios claro y que posibilite el autoabastecimiento con rentabilidad para la oferta, pero que no afecte la competitividad del sector productivo", indicó el jefe de Departamento de Infraestructura de la UIA, Alberto Calsiano.

En ese mismo sentido, el vocero de las medianas y grandes empresas advirtió que "los costos energéticos del sector industrial han ido incrementado en el tiempo, por lo que de continuar esta tendencia tendrá un efecto negativo sobre la inversión y la generación de empleo industrial".

A su turno, el secretario de Asuntos Legales, Laborales y Sociales de la CAME, Ignacio de Jauregui, expresó que desde la entidad no desconocen "la necesidad de adecuar y que progresivamente se ponga un tarifario que lo hago sustentable", pero advirtió: "no se puede hacer a costa de nosotros".

Alberto Samid, empresario de la carne, levantó un discurso encendido contra el ajuste en los servicios públicos, al pedir que las firmas proveedoras sean estatizadas. "Siempre me enseñaron que en el mundo capitalista siempre primero se hacen las inversiones y después se cobra. Acá pasa al revés. Primero se cobra y después vemos si hacen las obras ¿Qué diferencia hay entre Lázaro Báez y estos señores que manejan los servicios de la obra pública? Lázaro está preso y estos señores viendo cómo van a segur cobrándonos las tarifas con 600 por ciento de aumento. Los recursos naturales deben ser manejados por nosotros los argentinos", fustigó.

Uno de los testimonios que llamó la atención fue el del representante de los almaceneros, quien remarcó que un pequeño comerciante del ramo se quejó de que con las nuevas tarifas de gas ahora tiene que vender 400 milanesas, "la producción del mes", cuando antes pagaba la factura con la comercialización de 40.

Defensa de la propuesta oficial

En una posición intermedia, Guillermo Pereyra, senador nacional por Neuquén (MPN) y secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, destacó que "hace 25 años que venimos sin un plan energético sustentable", y reclamó "inversiones" para extraer gas de yacimientos como Vaca Muerta.

"Loma La Lata fue el principal yacimiento de gas, pero no hubo reposición ni inversores", dijo Pereyra, y afirmó que "el precio de gas se debe actualizar en boca de pozo".

Desde el lado del oficialismo, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo y el diputado nacional Eduardo Amadeo defendieron la posición del Gobierno. "Tenemos un sistema en que algunos argentinos pagan 0,19 lo que otros pagan 1,54. En un consumo promedio de hogar en el que algunos argentinos pagan 10 pesos, los del Norte, de Salta, Jujuy, que no son provincias increíblemente ricas, pagan 265 ¿Eso es justo?", se preguntó Pinedo. Y agregó: "Un 40% de los argentinos no tiene acceso a las redes de gas. Esos argentinos, los más pobres, cuando usan gas, pagan garrafas que cuestan 400% más que el gas de los más ricos ¿Eso es justo?".

Pinedo manifestó: "Mientras tanto estamos proponiendo tarifas sociales para el 56 por ciento de 50 pesos, para el 31 por ciento de la población de 130 pesos, y para el 13 % de la población de más recursos, de 279 pesos, consideramos que es más justo".

Algunos disertantes que fueron nombrados y que terminaron faltando fueron el secretario de la CTA autónoma, Pablo Micheli y Hugo Yasky, con el mismo cargo en la CTA de los Trabajadores.

Se esperaba por segunda vez -el viernes fue la primera- al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien no llegó a la audiencia el viernes por el paro de Aerolíneas Argentinas y estuvo ausente nuevamente.

El derrotero del gas

A comienzos de este año, el Gobierno anunció que a partir de abril las tarifas de gas se actualizarían, después de años congeladas, y aplicó aumentos de hasta el 800 por ciento en las facturas de los usuarios residenciales, aunque luego reculó y fijó un tope del 400 por ciento ante el fuerte malestar social que generó la medida.

No obstante, diferentes reclamos judiciales contra el llamado "tarifazo" llegaron hasta la Corte Suprema y tumbaron la subida de los precios, al considerar que el Poder Ejecutivo que dirige Mauricio Macri no cumplió el requisito de convocar audiencias públicas previas a la fijación de la nuevas tarifas.

Con esta ronda de debates, en la que participan unas 330 personas en la Usina del Arte, ubicado en el barrio de La Boca, el Gobierno busca aprobar definitivamente la subida del precio del gas, reestructurar el sistema tarifario y reducir así el déficit fiscal que se produce a través de los subsidios a la energía.

La audiencia pública concluirá mañana, después de la intervención de representantes gubernamentales, defensores del consumidor, diputados de la oposición, dirigentes sindicales y representantes de la industria del gas.

* Todas las fotos son de Nicolás Aboaf.

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