Los sanguinarios libertadores del "Halcón" Menéndez

Del arroyo Las Conchas, a pocos kilómetros de Paraná, a un camino de tierra en las afueras de la ciudad de Córdoba, los asesinatos del general retirado Jorge Cáceres Monié y su esposa, Beatriz Sasiaiñ, derivaron en el debut oficial del Comando Libertadores de América, un grupo paraestatal aparentemente tutelado por el jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, el general Luciano Benjamín Menéndez.

Una fuente que no quiere verse involucrada en el megajuicio que se realiza en Córdoba por delitos cometidos antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y que, por eso, reclama que su nombre no sea incluido en este libro, asegura que el Comando Libertadores de América surgió como "una orden de Menéndez para vengar al primer oficial de Caballería que matara la subversión".

"Resultó ser —agrega este informante— el general retirado Cáceres Monié con su esposa, que era hermana del general Juan Bautista Sasiaiñ", el jefe de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada, la principal unidad de combate del Tercer Cuerpo en Córdoba. "La intención de Menéndez fue equilibrar el terror", completa. 

"Cachorro" Menéndez es el militar más condenado por violaciones a los derechos humanos, y todas a prisión perpetua, a las que se agrega la pérdida de su grado de general. Nacido en San Martín, en el Gran Buenos Aires, es hijo y nieto de militares; uno de sus tíos, el general Benjamín Menéndez, encabezó un intento de golpe contra el presidente Juan Perón en 1951.

Durante la dictadura, Menéndez fue uno de los generales más duros, uno de los "halcones"; antes de comandar el Tercer Cuerpo, entre 1975 y 1979, fue el jefe de la V Brigada, en San Miguel de Tucumán, que enfrentó al foco rural implantado en esa provincia a partir de marzo de 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). (…)

Siempre según nuestro informante, el jefe del Comando Libertadores de América fue el capitán Héctor Vergez, un oficial de Inteligencia que llegó a Córdoba a principios de 1975 con el aval de "la jerarquía más ortodoxa y decididamente antisubversiva del peronismo", de acuerdo con el libro Yo fui Vargas, uno de los nombres que usaba Vergez. Su otro "nombre de guerra" era Gastón.

"El nombre del comando se le ocurrió a Vergez: daba una idea de escarmiento al terrorismo", asegura la fuente, que colaboró estrechamente con él. "Los nombres iban cambiando para confundir al enemigo y aumentar el terror, pero era siempre el mismo grupo, que ya venía actuando desde octubre de 1975", completa.

Cáceres Monié y su esposa fueron atacados en su camioneta por un pelotón de Montoneros al atardecer del 3 de diciembre de 1975, cuando cruzaban en balsa el arroyo Las Conchas, en la localidad entrerriana de Villa Urquiza. El militar murió acribillado por dieciséis balazos; los guerrilleros huyeron en la camioneta Chevrolet de Cáceres Monié llevándose a su esposa, que estaba herida; su cuerpo fue encontrado al día siguiente tirado en una zanja.

Según el libro Rebeldes y ejecutores, del periodista Daniel Enz, los montoneros consideraban a Cáceres Monié "un peligroso hombre a favor de la concreción de un nuevo golpe que en el país se estaba generando y entendían que no estaba ajeno a ello". Además, "la idea era provocar una conmoción a nivel nacional" con el llamado "Operativo Cacerola".

La emboscada ocupó la tapa de los diarios nacionales y provocó el repudio de la presidenta Isabel Perón y del peronismo; en un comunicado, el oficialismo afirmó que "el cobarde asesinato constituye un nuevo acto de salvajismo perpetrado por fuerzas apátridas e integradas por cobardes mercenarios que atentan contra la patria y su pueblo". El radicalismo y todos los partidos de la oposición, incluyendo el comunismo, rechazaron el ataque. El Senado dedicó una sesión especial para condenar el episodio y bautizó a una escuela de Jujuy con el nombre del militar muerto.

Aquella noche del 3 al 4 de diciembre de 1975, en venganza por la muerte del "primer oficial de Caballería" víctima de las guerrillas, según la presunta orden del general Menéndez, fueron ametrallados nueve estudiantes universitarios: cinco bolivianos, tres argentinos y un peruano; sus cuerpos aparecieron con un tiro de gracia en la cabeza en un viejo camino de tierra al dique Los Molinos, a ocho kilómetros del lugar donde habían sido secuestrados, una casa en el barrio Jardín Espinosa, en la capital cordobesa. Siete de ellos estudiaban Arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba.

"Esa noche fue un desastre: los muertos eran del Ejército Revolucionario del Pueblo, de bajo nivel; universitarios que estaban en una escuelita de formación del ERP. Cáceres Monié había sido asesinado por Montoneros, pero esos estudiantes eran los que teníamos más a mano", dice nuestra fuente. La matanza fue "firmada" el 5 de diciembre en un comunicado por el Comando Libertadores de América, hasta aquel momento una organización desconocida.

Siempre de acuerdo con nuestro informante, el Comando Libertadores de América estaba formado por varios suboficiales de la Policía de Córdoba, a quienes Vergez conocía del Departamento Informaciones (D-2).

Hasta octubre de 1975, cuando pudo crear su propio comando contra las guerrillas, Vergéz se movió con patrullas del nacionalismo local y grupos de choque de políticos y sindicalistas peronistas de derecha, y en sintonía con el D-2, más precisamente con el jefe, su inspector general Raúl Telleldín, un "peronista recontra ortodoxo", según ese informante. Vergez y Telleldín compartían la misma formación nacionalista, católica, peronista y anticomunista; se llevaban muy bien.

El brigadier mayor retirado Raúl Lacabanne fue otro personaje clave en la reacción destemplada contra el desafío armado de las guerrillas al statu quo cordobés, alentada desde el gobierno nacional. Respondía a la presidenta Isabel Perón y a su secretario privado y ministro de Bienestar Social, José López Rega, y se veía en el medio de una "guerra" que se llevaba a cabo en una provincia a la que consideraba una suerte de "capital nacional de la subversión".

En esa "guerra", Lacabanne se apoyó en la policía y, en especial, en el D-2, que, con el nombramiento de Telleldín, el 15 de julio de 1975, atrajo a varias "caras nuevas": algunos, como Telleldín, eran suboficiales retirados del Ejército; fue el caso de Juan Tissera, "Patilla", que se convirtió en el virtual número dos de esa dependencia. Otros fueron civiles, que, según el ex preso Charlie Moore, "eran de las Tres A", la Alianza Anticomunista Argentina, y formaron una Brigada Civil dentro del D-2; se especializaron en el armado y la colocación de bombas que eran atribuidas a grupos guerrilleros.

En aquel momento, entre julio y septiembre de 1975, eran varios los grupos armados de ultraderecha que operaban en esa provincia. Las fuentes consultadas apuntan hacia la guardia personal que Lacabanne trajo de Buenos Aires: una veintena de personas que llegaron con él cuando asumió la intervención federal; al principio fueron alojadas en el chalet de huéspedes de la Casa de las Tejas, la sede de la gobernación; luego, se mudaron a un hotel hasta que, por una discusión con el dueño, alquilaron una casa en el Cerro Las Rosas.

Uno de los episodios de violencia que más conmovió a los cordobeses fue el secuestro el 14 de agosto de 1975 a la madrugada de cinco miembros de la familia de Mariano Pujadas, uno de los muertos en la Masacre de Trelew, tres años atrás. El padre y la madre, dos médicos españoles que habían emigrado e instalado una granja avícola en el camino a Jesús María, fueron llevados junto a dos de sus hijos y a una nuera por cinco individuos que se movilizaban en dos automóviles. Un busto de Mariano Pujadas que su papá tenía en el dormitorio fue tirado dentro de un inodoro con una inscripción en el rostro: "Hasta la victoria siempre", y las siglas "CRNJ". Las víctimas fueron encontrados horas después dentro de un pozo abandonado de unos ocho metros de profundidad, cerca de Alta Gracia: habían sido arrojadas vivas, luego fueron baleadas y por último una bomba mutiló sus cuerpos. La nuera sobrevivió, pero murió por las secuelas. Tres días después, un comunicado con vivas a la Patria y a Perón y firmado por el Comando Restaurador Nacional Justicialista — Comando Pantera se atribuyó "el secuestro y posterior ejecución del clan Pujadas, que servía de apoyo logístico a la antipatria operante en nuestro país".

El 16 de agosto, un editorial de La Voz del Interior captó el impacto de la matanza: "El pueblo de Córdoba se sobrecoge con este nuevo crimen, y hoy caminará otra vez por las calles con el rostro severo y triste de los últimos meses, acostumbrado como está a la rutina del duelo y de la tristeza, sintiendo dentro de cada pecho el desprecio y la angustia de cada día. Es que, además de las preocupaciones por los precios que aumentan en los supermercados y almacenes –motivos de tantas protestas y grandilocuencias– se observa un elocuente silencio sobre la muerte de tantos hijos, de tantos padres, de tantos hermanos".  (…)

La lucha contra las guerrillas fue siendo absorbida por los militares en forma progresiva, a medida que el gobierno constitucional de Isabelita perdía poder y resignaba funciones que le eran propias, como la seguridad interna; las Fuerzas Armadas avanzaban sin prisa pero sin pausa hacia la toma del gobierno, como se comentaba hasta en los cafés y las peluquerías. Fue el golpe de Estado más preparado de la historia argentina. Todo jugaba a favor de los generales; también Montoneros y el ERP, que pensaban que el golpe los favorecería porque terminaría alineando a la gente detrás de sus "ejércitos populares", acelerando la llegada inexorable de la revolución socialista.

Eso ocurrió no sólo en Córdoba, pero fue en esa provincia donde a partir de octubre de 1975 los militares, bajo el liderazgo indiscutido de Menéndez, concentraron todos los aspectos de "la guerra contra la subversión", incluida la represión ilegal, que hasta aquel momento había estado a cargo de varios grupos paraestatales. Podría decirse que en los últimos seis meses del gobierno peronista prácticamente no ocurrió nada en Córdoba en la lucha contra las guerrillas que fuera ajeno al largo y poderoso brazo de Menéndez.

Este general de Caballería quedó al frente del Tercer Cuerpo, que abarcaba a diez provincias y a buena parte de la frontera con Chile, cuando Videla tomó el lugar del general Alberto Numa Laplane como jefe del Ejército el 28 de agosto de 1975, luego de una rebelión militar en el que la presidenta Perón no pudo imponer a su candidato.

En esa carrera de los generales hacia la Casa Rosada fue decisiva la firma por parte del senador Ítalo Luder, a cargo de la Presidencia por enfermedad de Isabel Perón, y su gabinete de tres decretos que ordenaban a las Fuerzas Armadas la ejecución de "las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efecto de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país". Uno de esos decretos, el número 2.771, transfería a las Fuerzas Armadas el control de la policía y del Servicio Penitenciario de cada provincia para "su empleo inmediato en la lucha contra la subversión".

El gobierno de Isabel Perón estaba ya muy deteriorado y estos decretos aceleraron su declive porque, como explica el politólogo español Juan José Linz, un experto a nivel mundial sobre el quiebre (breakdown) y la consolidación de las democracias, "cuando la decisión de usar la fuerza no puede ser tomada sólo por las autoridades políticas sino que requiere la consulta o la aprobación de los que controlan las Fuerzas Armadas, entonces el gobierno se enfrenta con una seria pérdida de legitimidad".

En mi libro Disposición Final, Videla interpretó que esos tres decretos "nos permiten entrar en guerra contra la subversión, nos dan licencia para matar; esos decretos nos dicen: ´Salgan a matar´, a aniquilar al enemigo. El Ejército sale a actuar como el Ejército sabe: a matar, a aniquilar al enemigo. Antes, la represión había estado a cargo de las fuerzas policiales".

Por el contrario, Luder, también fallecido, evaluaba que los decretos "de ninguna manera suponen la represión fuera de la ley; es, simplemente, agregar al accionar de las policías provinciales la contribución que podían prestar las Fuerzas Armadas porque era necesario salvaguardar no sólo el orden constitucional sino la propia vida de la Nación".

Los tres decretos fueron firmados el lunes 6 de octubre de 1975, cuando el país estaba conmocionado por los veintiocho muertos que el día anterior había dejado el intento de copamiento de un regimiento en las afueras de Formosa durante una espectacular operación de Montoneros. Veinticuatro de esas víctimas habían caído en un combate que duró media hora en el Regimiento de Infantería de Monte número 29, doce guerrilleros y doce defensores del cuartel.

Ese ataque, llamado "Operación Primicia", provocó una serie de reuniones entre políticos y militares que derivaron en la decisión de Videla y el jefe de la Armada, el almirante Emilio Eduardo Massera, de concretar el golpe del que tanto se hablaba en marzo del año siguiente, como admitió Videla en Disposición Final.

"Operación Primicia" influyó también en la creación en Córdoba de una fuerza paraestatal directamente vinculada a Menéndez para combatir a las guerrillas, siempre según el ex colaborador de Vergez.

Al día siguiente del ataque en Formosa, mientras en Buenos Aires el presidente interino Luder convocaba a una urgente reunión de gabinete, en Córdoba el general Menéndez enviaba a Vergez en un avión del Ejército para que le trajera un informe de primera mano sobre lo que había sucedido. Vergez fue junto con Telleldín.

Vergez admitió ese viaje el 19 de enero de 2013 en una entrevista con la agencia estatal de noticias Telam mientras estaba preso en la cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz, condenado a veintitrés años de prisión por delitos de lesa humanidad.

—Los montoneros no pueden ser tan estúpidos de querer copar un regimiento del Ejército. ¡Si es un grupo que nació del nacionalismo! —le dijo Menéndez a Vergez.

Menéndez expresaba las dudas de muchos oficiales del Ejército, incluso de aquéllos que, como él, no eran peronistas pero creían que el verdadero enemigo era el ERP, que eran marxistas, trotskistas y guevaristas, es decir genuinos representantes de "la subversión apátrida y atea". En cambio, en el Ejército veían en los montoneros a jóvenes nacionalistas y católicos que se habían hecho peronistas, y destacaban que varios de sus líderes habían egresado de liceos militares, por ejemplo del Liceo General Paz, de Córdoba, como Emilio Maza e Ignacio Vélez, que habían protagonizado la toma de la localidad de La Calera en 1970, y Fernando Vaca Narvaja.

Vergez volvió al día siguiente, el martes 7 de octubre, con un informe sobre el ataque.

—Pero nosotros, ¿somos tontos o qué? No podemos quedarnos de brazos cruzados. Capitán, ¿qué se le ocurre que podemos hacer? —le preguntó Menéndez.

—Mi general, copiemos a los franceses: deberíamos crear un grupo especial para operar y hacer un centro de reunión de detenidos; a partir de la información que les saquemos, vamos penetrando las organizaciones subversivas.

—¿Qué necesita para eso?

—Un lugar, que ya lo tengo: el Campo de la Ribera —contestó Vergez. Se refería a una cárcel militar ubicada en el barrio San Vicente, muy cerca del cementerio San Vicente.

—Concedido, ¿qué más necesita?

—Autos.

—Pero, ¿de dónde vamos a sacar autos?

—De los propios subversivos y, si no alcanzan, los levantamos de la calle; no se preocupe por eso. Y necesito gente; necesito que usted me deje elegir a veinte personas que yo conozco.

—Muy bien, concedido.

Tanto Menéndez como Vergez consideraban que había pasado la etapa de la represión a las guerrillas utilizando solo a la policía: "Pensaban —sostiene nuestra fuente— que el D-2 no tenía capacidad para interrogar a los subversivos; que sus miembros, salvo algunas excepciones, carecían de información sofisticada y que eran unos salvajes que aplicaban las viejas técnicas policiales de las palizas. Los subversivos ya se habían dado cuenta de que tenían que aguantar las palizas de los diez días de incomunicación".

"Todo el mundo —agrega— supo en Córdoba que ese grupo estaba operando; no los publicaban en Sociales de los diarios por casualidad. Desaparecía gente casi todos los días; los jueces sabían; Gendarmería cuidaba el Campo de la Ribera. Era todo muy público. Creo que el primer centro de reunión de detenidos como tal no se dio en Tucumán sino en Córdoba y fue el Campo de la Ribera".

Los listados actualizados del Nunca Más, el informe de Conadep, confirman ese salto en la represión ilegal. Los números oficiales indican que desde 1969 hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 desaparecieron en Córdoba 83 personas; de ellas, 69 (el 83 por ciento) fueron secuestradas en apenas cinco meses y medio, después de los tres decretos del gobierno peronista. Casi cinco veces más que los desaparecidos en esa provincia antes del 6 de octubre de 1975.

Los primeros desaparecidos en aquella nueva etapa fueron, precisamente, dos montoneros que habían participado en el ataque al cuartel en Formosa y que luego escaparon hacia Córdoba: Horacio Pietragalla, "Chacho" o "Ángel", y Eduardo Jensen, "Añamen".

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El golpe del 24 de marzo de 1976 significó el final del Comando Libertadores de América, que fue disuelto a las pocas semanas, y el destierro de Vergez: cuatro meses después, el día de su cumpleaños, fue devuelto a Buenos Aires con el argumento de que era "incontrolable". Sus servicios ya no eran necesarios. El Campo de la Ribera fue desactivado y en su lugar surgió un escenario tétrico: La Perla.