Aprestan el lujoso yate de Ricardo Jaime para traerlo a la Argentina

Ricardo Jaime tuvo un avión de cuatro millones de dólares y un yate de un millón de dólares. Todo eso lo obtuvo con el sueldo de secretario de Transporte que cobró entre 2003 y 2009 y que apenas alcanzaba los 10.000 pesos. El ex funcionario kirchnerista-preso desde abril pasado- se enriqueció en la función pública y por eso fue procesado.

El juez Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Rívolo tienen a cargo uno de los capítulos de la causa por enriquecimiento ilícito del ex funcionario: la investigación sobre el yate Altamar 64 matrícula DL2153AC que está en Uruguay.

El yate estuvo "en seco" en el varadero del puerto de la ciudad uruguaya de Piriápolis desde diciembre del año 2013 cuando fue hallado y embargado. En aquella época estaba en reparaciones y su dueño quería dejarlo en excelentes condiciones para disfrutarlo en el verano. Cuando fue hallado el yate no tenía ni un centavo de deuda con la Dirección Nacional de Hidrografía de Uruguay que es la que cobra el derecho que pagan las embarcaciones por la permanencia en los puertos.

Pero desde que se hizo público el hallazgo-a través de una nota del diario Clarín– nunca nadie lo reclamó. El dueño no apareció jamás por una razón: no puede justificar cómo lo compró. Esa es la hipótesis que manejan los investigadores judiciales y por la cual Jaime ya fue procesado respecto a la compra de otros bienes.

El juzgado de Casanello inició hace casi tres años gestiones con las autoridades judiciales uruguayas para traer a Buenos Aires el yate de Jaime. El proceso se aceleró en los últimos días cuando la embarcación fue botada al agua en Piriápolis, tal como lo muestran las fotos que publica Infobae.

Según explicaron fuentes judiciales, las autoridades uruguayas botaron el yate para determinar si está en condiciones de navegar hacia la Argentina. La Prefectura Nacional Naval de la República Oriental del Uruguay está encargada de las inspecciones técnicas. No lo puede hacer la Prefectura Naval Argentina-fuerza de seguridad a la que Casanello le encargó la tarea de traer el yate- debido a cuestiones jurisdiccionales. La comunicación entre las dos prefecturas señala que la justicia uruguaya autorizó la entrega a las autoridades argentinas recién en abril pasado. Y ahora se está realizando la revisión para establecer el estado de la embarcación.

Queda un asunto no menor para resolver: como el dueño del yate jamás apareció dejo una deuda por el costo de la amarra, es decir por haber estado en el puerto. Según informaron las autoridades uruguayas, hasta el 30 de abril pasado el yate de Jaime adeudaba 661.802 pesos uruguayos que al cambio de ayer equivalen a 347.429 pesos argentinos. A eso hay que sumarle una actualización diaria y un recargo por mora. Una vez establecido el monto total deberá establecerse quién- en Argentina- pagará la cuenta para traer el yate.

En la operación de la compra del yate participaron Carlos Lluch y Raúl Viola dos abogados ligados a la empresa Trenes de Buenos Aires, que explotaba colectivos y ferrocarriles bajo la supervisión de Jaime, por lo que los investigadores no descartan que la embarcación haya sido una de las tantas coimas que recibió el ex funcionario por parte de empresarios a los que debía controlar.

El 10 de marzo de 2009, unos meses antes de que Jaime fuera obligado a abandonar su cargo, la empresa Dalia Ventures LLC, con domicilio en Delaware, Estados Unidos, compró el yate.

En la factura número 099-00000105 del astillero Altamar Yacht S.A. de la localidad de San Fernando en Buenos Aires, se establecían algunos parámetros de lo que era el barco: 19,5 metros de eslora, 5,35 metros de manga, 1,30 metros de calado, tanque de combustible de 4000 litros, tanque de agua de 1500 litros, cuatro camarotes y un camarote para marinero. El casco había sido hecho en fibra de vidrio y el barco era propulsado por dos motores Caterpillar modelo C18. Todo eso junto costó un millón de dólares que por entonces equivalía a 3.630.000 pesos.

La investigación determinó que dos testaferros de Jaime, Manuel Vázquez y Silvano del Carmen Mazzucchielli eran los autorizados a retirar el yate del astillero que lo construyó. Y esa, entre otras pistas, fue la que condujo a los investigadores a sospechar que el yate era en realidad de dirigente kirchnerista cordobés que cuando llegó en 2003 a la función pública no tenía siquiera dónde vivir.