Sube la presión contra Alejandra Gils Carbó: denuncias, críticas y una interna cada vez más tensa

El Ministerio Público Fiscal es escenario de un pulseada que mezcla en dosis parejas cuestiones jurídicas, políticas y, también, personales. La procuradora General, Alejandra Gils Carbó, jefa formal de los fiscales, enfrenta en las últimas semanas un virtual estado de rebelión de sectores que quieren su desplazamiento. La acusan de montar una estructura identificada en términos ideológicos y jurídicos con el kirchnerismo para, desde ese espacio, proteger los intereses de ex funcionarios acusados por hechos de corrupción y al mismo tiempo bloquear la gestión del gobierno de Mauricio Macri. Ella resiste de su despacho, habla de presiones políticas y advierte que está dispuesta a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en caso ser desplazada de manera ilegal.

El equilibrio de fuerzas en la puja pareció quebrarse la semana pasada cuando a los tribunales llegaron dos denuncias, del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires y de la ONG Será Justicia, que abrieron un nuevo capítulo: se trata de dos recursos de amparo que piden que se declaren inconstitucionales los concursos convocados por Gils Carbó para cubrir fiscalías vacantes con candidatos provenientes de "canteras" de inocultable simpatía con el proyecto político que terminó el 10 de diciembre de 2015: Justicia Legítima, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Según los planteos, uno de los cuales recayó en el juzgado de Esteban Furnari, de allí salieron los postulantes y, al mismo tiempo, los candidatos.

Pero esos planteos cristalizan en un expediente frío una situación previa, de una tensión con una temperatura cada vez más alta. Los fiscales, sobre todo los que cumplen sus funciones desde el edificio de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, son los responsables de que una investigación contra un funcionario o un hecho de corrupción avance o quede estancada en un limbo de recursos y trámites leguleyos que sirven, solamente, para alejar la Justicia.

Caído el Frente para la Victoria de la cúspide del poder político, las causas por corrupción tomaron un súbito ritmo. Se pasó de la parálisis a un ritmo frenético de allanamientos, detenciones, más allanamientos, más detenciones, excavadoras, bolsos voladores en monasterios, más allanamientos, confesiones y otras delicias. En todos los casos, los fiscales tuvieron un rol clave.

CRITICAS CRUZADAS

Los memoriosos de Comodoro Py recuerdan que "nunca" el rol del Procurador General de la Nación generó tanta controversia. Después de la renuncia ruidosa de Esteban Righi -acusado por el vicepresidente Amado Boudou, cuando estalló el caso Ciccone- y del fugaz intermezzo de Luis Santiago González Warcalde, llegó en agosto 2012 Gils Carbó. Asumió después de pasar sin mucha dificultad el tamiz del Senado, después del papelón penoso de Daniel Reposo, el síndico ultrakirchnerista que hizo famoso el "error de tipeo".

"Nuestra tarea es esa: investigar, buscar y encontrar ladrones de cuello blanco que se enriquecieron y defraudaron al Estado. Estado somos todos y cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que ver nosotros con organizar un festejo por el Día del Niño o armar la biblioteca Carlos Mugica en la villa 31? Esa es una tarea loable que uno, desde lo personal, la puede apreciar, compartir y colaborar, pero que corresponde a otra área del Estado y no a un Poder como es el Ministerio Público, que tiene otra misión específica".

El que habla es un fiscal de alto perfil, una de las nueve fuentes de todos los sectores que Infobae consultó, en estricto off the record, para este reportaje. Es una crítica que se repite y que contrasta con los planteos que surgen desde las entrañas de la Procuración General.

"Nos quieren sacar porque quieren recuperar privilegios y que el Ministerio Público se convierta, otra vez, en un poder cerrado. Los que nos atacan son abogados de corporaciones y defensores de represores. En las últimas semanas crecieron las presiones, pero nosotros vamos a seguir porque nos ampara la ley", responden colaboradores de la Procuradora.

LAS DENUNCIAS POR LOS CONCURSOS

En las presentaciones realizadas por la ONG Será Justicia y por el Colegio de Abogados, los demandantes pidieron que se declare la inconstitucionalidad de los concursos organizados por Gils Carbó debido a que se modificó el sistema de elección por sorteo de los integrantes del tribunal de selección por la decisión personal de la procuradora -que a la vez era presidente de ese cuerpo de examinadores- para, según ese planteo, favorecer eventualmente a determinados postulantes.

En la presentación del Colegio de Abogados, que preside Guillermo Lipera, se destaca que antes de la reforma, el tribunal que iba a tomar examen a un candidato a ascender era integrado por sorteo para "garantizar objetividad e imparcialidad". Además, el presidente de ese tribunal de selección era un fiscal general de prestigio. Esas condiciones fueron dejadas sin efecto y se pasó a elegir "de manera discrecional", según los demandantes, con la propia Gils Carbó como presidente de ese tribunal.

Tanto en los recursos presentados por los abogados como en las entrevistas con las diversas fuentes, se menciona el "fallo Hughes", porque el que la Cámara en lo Contencioso Administrativo invalidó el reglamento que le permitió a Gils Carbó la designación discrecional de los tribunales. Uno de los fundamentos de esa sentencia es que con el cambio se vulneró el principio de "progresividad del derecho".

"Si la mayoría de edad se estableció a los 18 años, no se puede después volver a establecerla a los 21. Con el establecimiento del sorteo, se garantizaba la independencia, la objetividad y transparencia, pero el cambio de Gils Carbó retrotrajo la situación a tener menos derechos para los participantes de los concursos", destaca otra de las fuentes.

Los concursos observados, y que podrían ser puestos en duda su legitimidad, son los que figuran en la página web oficial del Ministerio Público Fiscal, a partir del número 94. Allí empiezan a repetirse los nombres y las identificaciones político-jurídica. Justicia Legítima también el CELS y los abogados de organismos de derechos humanos empieza a tener un rol distinto.

En el fallo Hughes, la Cámara -con la firma de Luis María Márquez y José Luis López Castiñeira- ya anuló el concurso 110, convocado para cubrir 16 fiscalías. Había sido abierto para ocupar vacantes en Cámaras de Apelaciones nacionales y federales.

Ahora, con el nuevo planteo, los abogados quieren que se use como antecedente para poner en entredicho concursos que fueron el origen de la designación de fiscales que actúan en el ámbito de Comodoro Py. Los fiscales apuntados son Juan Pedro Zoni, Paloma Ochoa y Franco Picardi.

Tanto los abogados como un sector de los fiscales -incluso algunos de instancias superiores federales y del fuero nacional- señalan que a partir del concurso 94 y hasta el último abierto, los nombres de Justicia Legítima se repiten, tanto entre los integrantes del tribunal de selección, los juristas invitados. "Buscaron favorecer a los suyos. Algunos casos fueron escandalosos: bajaron, subieron notas, anticiparon exámenes. Hasta se copiaron. Una vergüenza", admiten.

Sin embargo, cuatro representantes del Ministerio Público consultados por Infobae coinciden: "Va a ser difícil que sea anule la investidura de los fiscales que están en ejercicio, porque fueron incluidos en ternas elaboradoras y elevadas por el Poder Ejecutivo y aprobación del Senado. La consagración como fiscal no es el concurso, sino la intervención del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Lo que sí se puede hacer es frenar todos los concursos en marcha".

JUSTICIA LEGÍTIMA

CUATRO ANTECEDENTES POLÉMICOS

– El caso Lázaro Báez: el fiscal Carlos Gonella, que encabezó la Procuración contra la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) fue denunciado por la diputada Elisa Carrió por su actuación en los primeros pasos de la causa conocida después como "la ruta del dinero K", a las pocas horas de la emisión del programa de Jorge Lanata que mostró a Leonardo Fariña revelando una trama de fuga de dinero originado en el negocio de la obra pública. Actualmente enfrenta un procesamiento firme por la Cámara Federal junto a su ex colaborador Omar Orsi por esa actuación: fue acusado de direccionar el proceso para evitar salpicar a funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner.

– El caso Papel Prensa: el fiscal Leonel Gómez Barbella -que no integraba Justicia Legítima- fue designado para un cargo en General Pico, La Pampa, donde no ejerció. Pasó por la Fiscalía Federal N° 2 de Morón y estuvo como subrogante, en la N° 5 de la ciudad de Buenos Aires, desde donde pidió la indagatoria de los máximos responsables del Grupo Clarín y de La Nación.

– El caso Nisman: el fiscal Juan Pedro Zoni, que había sido elegido para ocupar un cargo en un juzgado no creado en Santiago del Estero y terminó en la Fiscalía N° 8, quedó en una posición controvertida cuando ordenó el año pasado, en medio de la máxima tensión en todo el fuero federal por la muerte violenta de Alberto Nisman, del embargo de la madre y la hermana del fiscal que apareció muerto con un tiro en la cabeza después de denunciar a la ex presidente.

– El caso Gemignani: en el escándalo que estalló en la Cámara de Casación Penal, donde el juez Juan Carlos Gemignani ordenó detener a una secretaria en medio de una disputa por la presencia de televisores y artefactos enviados por el ex ministro Julio De Vido. El fiscal Zoni consideró que no existió delito de la funcionaria. Y Paloma Ochoa, en simultáneo, pidió que se lo investigue al camarista por haber protegonizado un caso de "violencia instituconal".

QUIENES SON LOS FISCALES FEDERALES DE LA CAPITAL

– Jorge Di Lello

– Carlos Rívolo

– Eduardo Taiano

– Carlos Stornelli

– Franco Picardi

– Federico Delgado

– Ramiro González

– Juan Pedro Zoni

– Guillermo Marijuán

– María Paloma Ochoa

– Gerardo Pollicita

– Patrico Evers