En el año 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación designó a dos jueces federales para hacer cumplir el fallo de 2008 que obliga a sanear la cuenca Matanza-Riachuelo.
La ejecución del saneamiento propiamente dicho en la cuenca baja (Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), media (Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Merlo y Morón) alta (Cañuelas, Presidente Perón, San Vicente, Las Heras y Marcos Paz) quedó bajo la órbita del juzgado federal N° 2 de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez.
En tanto en manos del juez federal Sergio Torres quedó el control de los contratos celebrados o por celebrarse en relación al plan de obras de provisión de agua potable y cloacas. Esas funciones están a cargo de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA), de la provincial Aguas Bonaerenses S.A(ABSA) y del Ente Nacional de Obras Hidrícas de Saneamiento (Enhosa). El tratamiento de la basura que está a cargo del CEAMSE también está bajo la supervisión de Torres.
Torres revisó el proceso por el que se hizo la construcción del "Colector Claypole Centro" y la "Plata de Efluentes Cloacales Claypole". Detectó irregularidades e hizo la denuncia. El caso cayó por sorteo en su juzgado.
Según pudo reconstruir Infobae a partir de fuentes judiciales, se investiga la construcción de un sistema desvinculado de recolección y tratamiento de efluentes cloacales que pese a estar culminado no funciona. Se hizo la obra, se terminó y como está mal hecha, no
tiene ninguna utilidad. Hasta ahora se determinó que el costo que el Estado abonó por esas obras inútiles es cercano a los 5 millones de pesos.
Según explicaron fuentes judiciales aparece complicado en el expediente Darío Giustozzi, el ex intendente de Almirante Brown –partido donde se hicieron las obras- debido a que estaba absolutamente prohibido realizar construcciones por fuera del plan director que está a cargo de AySA, sin aval de esa empresa estatal. En el expediente hay pruebas acerca de que el ex intendente-hoy diputado nacional por el interbloque Juntos por Argentina- habría falsificado documentación para acreditar la correspondiente autorización de AySA y así lograr el financiamiento y la aprobación de Enhosa.
También están bajo investigación los responsables de Enhosa y de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), el órgano que tiene a su cargo la articulación del conjunto del plan de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo. Al ACUMAR se le achaca no haber detenido la construcción de las plantas a pesar de haber estado al tanto de la situación.
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