A menos de dos meses de haber asumido como ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari presentó hoy, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, una reforma para "poner en el centro a la víctima, no solamente desde el punto de vista del derecho y la política, sino también con un Estado presente que se ocupe", afirmó en diálogo con Infobae TV, y añadió: "ojalá podamos decir que el año que viene ya está todo funcionando".
Ferrari explicó que la reforma en el sistema procesal penal bonaerense apunta a que haya una presencia de las víctimas antes, durante y después de proceso. "Es decir, que la víctima sea escuchada, que sea informada, que sea asistida, que tenga la posibilidad de opinar en las distintas instancias judiciales, desde ofrecer prueba hasta la posibilidad de ser citada por el juez, si así la víctima lo elige", sostuvo, y añadió que el reconocimiento de la víctima como parte en los procesos penales será optativa, para evitar la "revictimización".
La participación de la víctima en el proceso es algo que hoy no existe a nivel provincial ni nacional, explicó el ministro y detalló que "no solamente participaría del proceso, sino también de la ejecución de la pena, de forma tal que la víctima pueda tener una relación con el juez que le permita opinar sobre la libertad condicional, sobre la posibilidad de morigeración de pena, sobre la decisión de dejar medidas de seguridad, una salida transitoria".
"Consideramos que había un desbalance respecto de la asistencia a la víctima. El imputado tiene un defensor oficial y la posibilidad de contratar a un defensor privado, y tenés a la víctima con el fiscal, que defiende los intereses de la sociedad, que a veces no necesariamente la mirada de la víctima es coincidente con la defensa de los intereses de la sociedad. Por lo tanto, la víctima puede contratar un querellante, pero eso lo hace alguien que tiene dinero. La idea es que el Estado otorgue la posibilidad de que exista un abogado público de las víctimas", dijo Ferrari.
También, la Provincia asistirá a los hijos de las víctimas de femicidios. "Una situación dramática: madre muerta, padre preso. Ese niño depende de los familiares que hayan quedado, cuando los hay. Hemos hecho un vínculo con los organismos de niñez y adolescencia de la provincia de Buenos Aires. El Ministerio de Desarrollo Social les va a prestar asistencia, subsidiar en su caso la posibilidad de acceder a una vivienda; el Ministerio de Educación, asegurar la formación primaria y secundaria; el Ministerio de Salud, darle asistencia y IOMA; y nosotros como Ministerio de Justicia la asistencia jurídica y el abogado del niño, que es otro elemento muy interesante que vamos a trabajar en conjunto con el Colegio Público de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que va a permitir a todo niño ser asistido por un abogado", explicó.
Consultado sobre por qué las anteriores atoridades no habían implementado un programa de ayuda a la vícima de femicidios, a pesar de que no representaba una gran erogación para la Provincia, Ferrari explicó que "quizás antes no estaba la decisión política" pero "ahora hay una decisión concreta de María Eugenia Vidal de acercarse a las víctimas".
-Desde algunos sectores de la oposición dijeron que esto es insuficiente para resolver la problemática de la inseguridad que tanto aqueja a la provincia de Buenos Aires.
-Puede ser. Yo no voy a objetar a alguien que diga que una medida es insuficiente. Lo que digo es: primero, que estamos dispuestos a recibir propuestas. Porque también muchas veces es muy fácil decir "esto es insuficiente"… Bueno, a ver, ¿qué proponés? Pero considerar que una política de asistencia a las víctimas es algo insuficiente, sí, efectivamente, porque la tarea del Estado es prevenir que no haya víctimas. Esto no significa que no nos preocupemos de eso también. Ahora, cuando las hay, ¿qué hacemos? Hay que dedicarse a las dos cosas.
Estado de la Justicia y las cárceles
Más allá de lo anuncios de hoy, el ministro Gustavo Ferrari se refirió también al estado en que encontró la Justicia bonaerense, a 50 días de haber asumido como ministro. En ese marco, señaló como prioridad "la necesidad de avanzar sobre cubrir las vacantes que existen. Hay muchos fiscales y muchos jueces no nombrados, con muchos tribunales que no están en funcionamiento, con subrogancias que hacen que sea muy difícil lograr satisfacer la demanda de la comunidad. También, con muchísimos jueces y fiscales que trabajan, todo el tiempo. Porque si no aparecen todos en una bolsa de críticas y decir es todo un desastre… La verdad es que ni todo es maravilloso, ni todo es un desastre. Hay cantidad de personas que cumplen con su tarea muy eficientemente. Sí creo que hay que avanzar en tratar de perfeccionar los sistemas de selección de jueces, estamos trabajando en esa línea, la posibilidad de modificar los sistemas de selección en el Consejo de la Magistratura, y procurar incluso avanzar sobre la capacitación, y quizás, cosa intereante, proveer del auxilio de la policía judicial, lo más próximamente posible. No es algo que dependa de nosotros, depende de la procuración, pero hay que avanzarlo".
Por último, respecto al estado de las cárceles de la provincia -un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos- sostuvo que éstos "tienen razón". "Los organismos de derechos humanos cuando plantean situaciones muy complicadas, en verdad están afirmando situaciones en muchos casos verdaderas, en otros puede ser que no sean 100% que uno pueda decir que son exactamente así, pero verdaderamente hay que hacer un trabajo conjunto. Me reuní con los organismos la semana pasada, concertamos algunas políticas y algunas acciones, estamos absolutamente de acuerdo en que hay que trabajarlo urgentemente, y hay que tratar de descomprimir la sobrepoblación y la posibilidad de que puedan acceder a cuestiones básicas, que hoy por hoy están insatisfechas en algunos casos. Un colchón por preso, la posibilida de que tengan alimentación, que tengan agua potable… Vamos a trabajar fuertemente con eso. Ahora, ¿se puede decir que esto se va a resolver en un mandato? No. Esto es un plan que necesita ser concertado con otras fuerzas políticas para sostenerlo como política de Estado. ¿De dónde partimos? De asumir la realidad de esta situación. Porque si mentimos y decimos que está todo bien, que los organismos no tienen razón, etcétera, estaríamos cometiendo un error", concluyó