El nuevo mapa de la seguridad y las dudas calientes del traspaso de la Policía Federal a la Ciudad

Semanas atrás en la Usina del Arte, barrio de La Boca, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de Justicia y Seguridad Martín Ocampo y el comisario general Guillermo Calviño, superintendente de Seguridad Metropolitana, fueron los anfitriones de una reunión que buscó calmar los ánimos de una larga lista de invitados con muchas dudas. El traspaso a la esfera porteña de las 54 comisarías de la Policía Federal, divisiones como Bomberos, Explosivos, Policía Científica y personal de sectores clave como Homicidios y Robos y Hurtos, con todos sus recursos correspondientes tanto muebles como inmuebles, la amalgama entre PFA y Policía Metropolitana que tiene a Calviño como jefe operativo, fue una fuerte promesa de campaña de Mauricio Macri. La firma del acuerdo llegó en tiempo relámpago tras la victoria electoral a comienzos de este enero en la Casa Rosada. "El traspaso sale o sale, no hay otra", asegura hoy sin torcer los labios una alta fuente en Cambiemos.

No es un movimiento menor: el cálculo incluye un universo de más de 18 mil efectivos. Siete meses después de la firma del convenio en la reciente reunión en la Usina del Arte, la gran parte de los 54 comisarios y las divisiones que protagonizan el traspaso se turnaban para alzar la mano y preguntar. La migración de los efectivos ya era una realidad, pero las dudas eran palpables entre los jefes de la PFA que controlan las calles porteñas. En la reunión, un jefe de una división que es clave ante un hipotético riesgo del terrorismo internacional preguntó a quién iba a darle las órdenes: de su sector, traspasaron únicamente a él. El resto de su personal, administrativamente, todavía es parte de la PFA.

Uno de los presentes se quedó con un sabor amargo en la boca tras el encuentro: "Nos prometieron más y mejor tecnología, que nadie iba a perder derechos, que todo iba a ser para mejor, pero en concreto no nos dijeron nada. Hay un nivel de improvisación muy grande. A siete meses, seguimos con expresiones de deseo. No se puede desconocer cómo piensa un policía".

El problema, en sí, son los ítems que hacen a la vida y el bolsillo de los efectivos: sueldo y los adicionales que realiza para complementar su sueldo fuera de su horario laboral, escalafón, rango, ascensos y la junta que se encarga de determinarlos, la obra social que tratará sus enfermedades y las de sus familias. También, la ley orgánica que deberá regir a la llamada "Policía de la Ciudad" que se formará tras completar el traspaso, con una fecha hipotética de conclusión para el 31 de diciembre de este año según el acuerdo. Hasta el momento, las definiciones no son satisfactorias para muchos efectivos. "Vienen funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño a las comisarías, pero no contestan, no hay comunicación", asegura un jefe dentro de la PFA traspasada.

El ministro Ocampo es optimista en su diálogo con Infobae. "Se está avanzando con las herramientas administrativas para que el traspaso se haga efectivo en términos de gerencia interna por parte del Ministerio, es decir, todos los sistemas de administración. Ya hemos traspasado todo el sistema de operaciones. La caja chica de las comisarías, por ejemplo, ya es nuestra", apunta.

Se habla de cambios radicales. Existió en ciertos niveles, por ejemplo, un rumor de que se le quitará la toma de denuncias a las dependencias policiales, algo inaudito para la vida ciudadana. Ocampo desmiente esto, aunque con ciertos matices: "Se va a modificar la toma de denuncias, pero no las vamos a sacar de las comisarías. Estamos en un proyecto de mejora a la atención ciudadana y la gestión de información criminal, el mapa del delito. Eso viene del sistema de denuncias. Me es útil saber, por ejemplo, si el delito fue de día, de noche, si ocurrió cerca de una escuela, de un parque público, si pasa en calles sin alumbrado, etcétera. Es pensar como un planificador de política, para manejar a la fuerza de acuerdo a la problemática". Un mapa de delito, en cierta forma, ya existe: la Dirección de Análisis Criminal y Planificación del MPF a cargo del doctor Diego García Yomha sistematiza números de fiscalías porteñas para establecer patrones.

Los sueldos y el dinero que los policías llevan a su casa mes a mes fueron el principal interrogante al momento de la firma del acuerdo en enero último: lo son hoy también. El término "equiparar sueldos" había sido una constante en el anuncio. Qué hacer con las custodias adicionales, un virtual segundo sueldo, se volvía un interrogante: la Policía Metropolitana no tiene permitido hacerlos.

A días de la victoria de María Eugenia Vidal en la provincia, una de las principales cabezas de Seguridad en Cambiemos teorizaba quitarle a la Bonaerense "hacer adicionales, porque así se le puede controlar y exigir más", una idea que quedó en la nada en territorio bonaerense tras problemas institucionales mayores. "Si hacen eso están locos. A Garré ya se le había ocurrido cuando formaron el Ministerio hace seis años. ¡Por suerte le duró diez segundos en la cabeza!", se ríe un veterano funcionario afín al kirchnerismo. Un comisario desafía: "Un agente se lleva, de bolsillo, 15 mil pesos. Con los adicionales, puede hacer diez mil más. Con esa plata planifica su vida. ¿Tiene el Ministerio los otros diez mil para que el agente se quede tranquilo? ¿O van a anunciar que los van a cortar a último momento?"

Hoy, los recibos de sueldo de las comisarías traspasadas dicen "Policía Federal Argentina". "Los paga el Ministerio de Seguridad de la Nación, pero la plata es nuestra, la mandamos nosotros desde CABA", apunta Ocampo. Sobre la cuestión adicionales, el ministro responde que el tema no está saldado. "Nosotros entendemos que la política salarial es una, así como la política de ingresos, que contempla un montón de variables, incluidos los adicionales. También están los recargos, las horas extras, el escalafonamiento, etcétera. No te puedo decir 'este tema lo resolvemos así' La idea es que no haya una merma en los ingresos de los policías. La idea, al contrario, es que tenga una mejora. Sabemos que una persona que hace adicionales necesita X cantidad de dinero para vivir. Sobre esa base estamos desarrollando la política, no solo sobre el salario. Esto se suma al régimen de prestación de servicios", dice.

Otro punto caliente es la Obra Social de la Policía Federal, a cargo de la Superintendencia de Bienestar con el hospital Churruca como epicentro. La Policía Metropolitana tiene la propia, que contrata a OSDE para sus servicios. Para Ocampo, todavía es incierto si los efectivos traspasados de la PFA tendrán OSDE o una prepaga similar como cobertura médica: "No tenemos definido cuál va a ser. Estamos haciendo un análisis de costos". La cuestión jurisdiccional e siente hasta en los paragolpes de los móviles. Los patrulleros porteños solían llevar un sticker con un número 0-800 para realizar denuncias hoy ya no lo tienen: ese número le correspondía al Ministerio de Seguridad de la Nación.

El código que reglamenta

Gabriel Iezzi, abogado penalista y experto en seguridad ciudadana, eleva un punto clave en el debate: "No se puede partir una fuerza de 200 años sin que se produzca un cimbronazo. Hay que evitar que el cimbronazo sea lo más fuerte posible. La PFA tiene una ley orgánica que regula las cadenas de mando, etcétera. Dictamina desde el ingreso a la escuela de cadetes, los ascensos, las promociones, las juntas de calificaciones. Esa ley debe hacerse para la nueva fuerza. ¿Quién trata el pliego de un comisario con condiciones de ascender? ¿Qué junta de calificaciones? ¿Quién analiza un retiro, un pase a disponibilidad? Esas son cuestiones centrales para la vida de un policía".

Tiene razón: la PFA se rige primero por su ley orgánica, el decreto-ley 333/58 y la ley Nº21965, que regula a sus efectivos. La nueva fuerza que resulte del traspaso necesitará una ley orgánica propia, que deberá ser tratada en la Legislatura porteña, con mayoría macrista. Ocampo afirma que habrá un marco regulatorio, que el anuncio fue hecho meses atrás. Fuentes en el Gobierno indican que existiría un borrador en el Ministerio, pero en la bancada de Cambiemos en la Legislatura hoy ni siquiera es un rumor.

Que Iezzi, por otra parte, indique las funciones de la junta evaluadora -Ocampo asegura que la nueva fuerza tendrá una propia, aunque por lo pronto se usará la de la PFA en la transición– no es un capricho aleatorio. Al comisario Calviño le preocupa la posibilidad de una pequeña ola de juicios contra la institución por los ascensos y jerarquías, con varios de estudios de abogados que ya sondean las aguas para litigar en el fuero laboral. Una voz de peso en una división de la PFA lanza: "Hay mucha calentura. A los polis les interesa que no le toquen el retiro que tienen acordado hace 25 años, que no les jodan las jubilaciones. Están mal con el paso de las jerarquías. A un cabo que hizo seis meses de escuela lo comparás con un ayudante que tiene una tecnicatura en seguridad. Un suboficial mayor termina equiparado a subcomisario, un tipo que no tiene parada, que no tiene conducción".

De vuelta en el Gobierno, un funcionario es crítico del esquema: "Las equivalencias de rango se pueden resolver. El tema va a ser tratar los ascensos. La Ciudad decidió tener un solo escalafón. Entonces vas a tener oficiales puteando porque hay suboficiales que van a pasar a ser oficiales en el mismo escalafón. Eso en los históricos de la PFA no gusta. Siempre estuvo dividida la tropa".

El funcionario sigue: "Fijate el tratamiento de la junta de calificaciones para un pliego para ascender a un tipo, por ejemplo, a comisario inspector. Vos necesitás vacantes para ubicarlos. ¿Qué serían las vacantes? El inspector está a cargo de las circunscripciones, las 8 que agrupan a las comisarías. Hoy la ciudad no tiene esa estructura para esos departamentos. ¿A dónde los metés? ¿Cómo sigue un jerárquico su carrera?"

¿Quién cuida las villas y los puentes?

De vuelta en Parque Patricios, las cabezas de Cambiemos reconocen buena sintonía con Néstor Roncaglia, el jefe de la Federal elegido este año. Pero en el esquema de reestructuración que impone el Ministerio de Seguridad en el pasaje Gelly y Obes, la PFA siente el impacto. En la orden del día de la fuerza del 22 de junio, se anunció con el traspaso como trasfondo la creación del "Consejo de Planificación Estratégica para el Rediseño Institucional de la Policía Federal Argentina".

Los cambios ya son evidentes: los cadetes de la escuela Juan Angel Pirker ya no hacen sus históricas prácticas en las comisarías, una instrucción altamente valiosa, porque, se asume, serán policías federales. Por lo pronto, afirma Ocampo, la academia propia de la Metropolitana producirá una promoción de 800 nuevos hombres y mujeres. El Cuerpo de Prevención Barrial, con una gestión exitosa en zonas conflictivas como la Villa 31 bis, cedió el 45 por ciento de sus efectivos a la Ciudad y la división Homicidios ya transfirió más de una decena de hombres y mujeres de su personal, que incluye a varios inspectores.

Pero la necesidad de fondos, en un año donde las medidas anunciadas vienen esposadas por la austeridad presupuestaria, marca también el panorama. La PFA, por decisión del Ministerio de Bullrich, se convirtió en una fuerza nacional para combatir, precisamente, delitos federales como el narcotráfico. La creación de delegaciones en diversos puntos como Mar del Plata implica el pago de beneficios por desarraigo para los efectivos y sus familias. La fuerza no solo tiene que enfrentar esos costos; la creciente inflación también achica el prospecto.

Un episodio reciente también ilustra otro cambio. Esta semana en el Mercado Central, dos chinos fueron detenidos con más de 300 mil pesos que no supieron explicar. Entre los oficiales que los arrestaron, estaba un subcomisario de la división Prensa. No estaba ahí de casualidad. Por decisión jerárquica, los efectivos operativos de divisiones como Prensa y Policía Científica que son parte del escalafón de seguridad realizan hoy controles poblacionales y vehiculares en los accesos a la ciudad, es decir, piden documentos y paran autos. Esto llega en paralelo a otra decisión de la cartera de Bullrich y Burzaco: el repliegue de Gendarmería y Prefectura a sus viejas jurisdicciones.

La gestión Berni, por ejemplo, instauró el operativo Cinturón Sur, el despliegue de efectivos de Gendarmería y Prefectura entre Pompeya, Bajo Flores, Soldati y Lugano, así como el Operativo Vigía, que controla el tráfico de pasajeros en la terminal de Retiro, un punto clave para el movimiento narco con su proximidad a la Villa 31. Hoy, diversas fuentes confirman que el operativo Cinturón Sur tiene fecha de vencimiento, algo que se agrega a la lista de preocupaciones del comisario Calviño. El Operativo Vigía en Retiro, en el cual también participó la PSA, concluyó: Gendarmería ya retiró sus efectivos de la zona, con la jurisdicción que regresó a la PFA. Esto tampoco es una sorpresa: el ex ministro y actual embajador Guillermo Montenegro ya había anunciado el repliegue de fuerzas federales el año pasado en plena campaña.

El retiro de Prefectura también se siente: sus controles en Libertador y General Paz y en Udaondo, cerca de la cancha de River, puntos de entrada y salida de la Provincia y claves en el flujo de delito, ya no se ven.