Florencia Kirchner, hija de la ex presidente de la Nación, solicitó que la Justicia abra "inmediatamente" las dos cajas de seguridad que están registradas a su nombre en una sucursal del Banco Galicia.
El pedido fue cursado al juez federal Julián Ercolini, que investiga los negocios hoteleros de la familia de la ex jefa de Estado en el expediente Hotesur.
El abogado de Cristina Elisabet Kirchner, Carlos Beraldi, presentó este miércoles un escrito en el que solicita que se proceda a requisar las cajas 5783-9-9 y 5873-3-5. Según precisó, la familia de la ex mandataria "no tiene nada que ocultar" y pretende "evitar el show mediático". La bóveda en la que se encuentran esas acreencias está custodiada desde ayer por personal de Gendarmería.
"Como no tenemos nada que ocultar, autorizo y requiero que proceda a la apertura de las cajas de seguridad N° 5783-9-9 y 5873-3-5, de las que soy titular tal como informara voluntariamente a ese juzgado y sin ningún tipo de requerimiento que se me hubiese cursado a tal fin", afirmó Florencia Kirchner.
Según pudo confirmar Infobae en fuentes judiciales, el Banco de Galicia informó la semana pasada la existencia de dos cajas de seguridad en una sucursal de la Capital, propiedad de la hija de la ex presidente.
Ante esa novedad, el fiscal Pollicita, que tiene delegada por Ercolini la investigación, pidió que se “reaseguren” las cajas de seguridad. Esto quiere decir que las dos cajas fuesen franjeadas para evitar que haya movimientos. Esa medida fue cumplida ayer por la noche.
Según fuentes judiciales, luego de la identificación de las cajas a nombre de Florencia Kirchner el juzgado solicitó información sobre los últimos movimientos realizados en esas cajas. Además pidió al banco que, si existieran los videos de seguridad de los ingresos y egresos producidos en relación a la bóveda, sean enviados al juzgado.
Ercolini y Pollicita tienen a cargo una investigación por lavado de dinero cuya hipótesis señala que la empresa hotelera de los Kirchner cobró dinero de empresarios favorecidos por negocios con el Estado que pagaron por habitaciones de hotel que no fueron ocupadas.
El capítulo Hotesur está incluido en una causa aun mayor en la que se investiga el otorgamiento de obra pública durante los años del kirchnerismo.
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