Cómo será la auditoría a las causas de corrupción en los Juzgados Federales

El cambio político de gobierno y la decisión personal del presidente Mauricio Macri fueron las bases para la aprobación por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación de una auditoría sobre todas las causas de corrupción que tramitaron durante los últimos 20 años los jueces federales.

Lo mismo que aprobó esta semana el Consejo lo había rechazado en 2010, cuando en el organismo había mayoría kirchnerista.

"Esto pasa porque hay un cambio en la composición del Consejo", dijo el diputado del PRO y consejero Pablo Tonelli. Hoy, el macrismo y sus aliados tienen ocho de los 13 votos en la Magistratura.

También pesó la decisión del presidente Macri de avanzar contra el fuero federal de la Capital Federal. Los famosos jueces federales de Comodoro Py.

Esos magistrados quedarán baja la lupa del Cuerpo de Auditores del Poder Judicial, a cargo de Pedro Meydac, un hombre de confianza del radical Ernesto Sanz, aliado del gobierno. Todo será monitoreado por el Consejo con mayoría macrista.

Además, la auditoría llegó con un mensaje del Poder Ejecutivo: "Seremos los primeros en pedir el juicio político y la destitución de los jueces que se apartaron de la ley".

Los resultados del relevamiento sobre las causas podría derivar en el inicio de causas contra los jueces por mal desempeño de sus funciones.

La auditoría

El plenario del Consejo aprobó por unanimidad iniciar una auditoria sobre las causas por corrupción que se iniciaron en 1996 hasta el este jueves en todos los juzgados, cámaras y tribunales orales federales del país. Eso significa que se auditará el inicio de una causa hasta su llegada –si es que ocurrió– a juicio oral.

El requisito será que las causas sean por corrupción en la administración pública en la que esté imputado un actual o ex funcionario y que el expediente tenga un pedido del fiscal del caso para ser investigado.

El trabajo se dividirá en dos. Por un lado, se auditarán las causas que ya culminaron y por otro las que están en trámite, establece la resolución 342 del Consejo a la que accedió Infobae.

Sobre la primera, la auditoría tendrá seis puntos: conocer la totalidad de las causas discriminadas por año, juzgado que las tramitó y los recursos que el tribunal tenía (humanos y tecnológicos); los delitos que se investigaron; la fecha de inicio; cuando se cerró y de qué modo; y el plazo promedio del expediente.

Más puntos tiene el trabajo sobre las causas en trámite. Son 17 con el objetivo de conocer los plazos de cada expediente.

Los puntos de esta auditoría incluye la fecha de inicio de la causa, quiénes y cuando fueron citados a indagatoria, cuando se dictaron los procesamientos, los sobreseimiento o la falta de mérito, si hubo prescripción, en qué plazos intervino la Cámara y cuánto estuvo el expediente allí. También qué cantidad de recursos se presentaron, cuál es el estado actual del expediente y cuál su plazo promedio de duración.

Sobre esos puntos, el Cuerpo de Auditoría determinará el modo de trabajo. Además, el Consejo podrá encargarles precisiones o ampliaciones a los auditores en el transcurso del trabajo según el estudio necesite.

Otro punto central es el plazo del relevamiento y fue muy discutido durante el plenario. El trabajo no tiene un plazo concreto pero el Consejo podrá fijar uno más adelante y mientras se desarrolle solicitar informes periódicos.

Para iniciar la auditoría, el Consejo ya tiene el listado de las causas por corrupción de los jueces de Comodoro Py y debe pedir la de los juzgados del resto de las provincias.

La auditoria fue pedida en abril pasado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y adhirieron una veintena de entidades vinculados al derecho y a la sociedad civil pero también los empresarios a través del Instituto para el Desarrollo Empresarial de Argentina (IDEA). El Colegio basó su pedido en que "existe una excesiva dilación en el trámite de nuestros procesos judiciales".

El momento político

La misma auditoria había sido pedida en 2010 por el Observatorio de la Justicia Argentina por motivos similares a los del Colegio de Abogados: "La sospecha instalada en la sociedad argentina en el sentido de que en los juzgados del fuero criminal y correccional federal, se encuentra paralizado el trámite de causas de corrupción imputadas a funcionarios públicos".

En ese momento, el Consejo rechazó el pedido porque explicó que las auditorías son "en denuncias puntuales sobre el comportamiento de jueces individualizados".

El cambio de criterio, explicaron los consejeros en su resolución, es que porque hace 15 días Corte Suprema le pidió hacer una auditoría de gestión en los juzgados del trabajo. Las históricas disputas entre la Corte y el Consejo sobre sus funciones no se vieron en este caso. La política marcó el ritmo de la aprobación de la auditoría.

El apoyo al relevamiento en los juzgados contó con parte del kirchnerismo, que podría verse involucrado en los resultados. Además de los ocho miembros del oficialismo y sus aliados, también aprobaron la auditoría Ruperto Godoy, senador del Frente para la Victoria, y dos aliados de ese bloque, la jueza Gabriela Vázquez y el representante de los académicos, Jorge Candis, acompañaron al oficialismo. Los únicos consejeros que no estuvieron cuando se votó fueron la senadora Virginia García, cuñada de Máximo Kirchner, y el diputado Héctor Recalde.

Si bien la auditoría será sobre todos los juzgados federales que tengan causas de corrupción el objetivo central son los jueces de Comodoro Py. Son los que tienen a su cargo las investigaciones contra los funcionarios nacionales.

Esos tribunales tuvieron un despertar de causas con la salida del kirchnerismo que durante años estuvieron sin actividad. Las suspicacias se generaron con los llamados a indagatorias y procesamientos del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, dos intocables cuando estaban en el poder. También con las detenciones del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, del ex secretario de Obras Públicas José López y del empresario Lázaro Báez y con el acelerador puesto en los expedientes contra la ex presidente Cristina Kirchner. Todo eso pasó en los ochos meses que lleva el kirchnerismo fuera del gobierno y muchas de esas causas tienen más de ocho años de iniciadas.

Los expedientes judiciales pueden tener demoras porque las investigaciones son complejas, los recursos pocos y hay sobreabundancia de causas, explican en el Consejo. Pero también por una decisión política de los jueces. En el Consejo saben que muchas causas por corrupción se tramitaron bajo el segundo parámetro y si la auditoria se hace con seriedad pondrá en problemas a más de un juez federal. Avanzar contra los magistrados será otra decisión política que deberá tomar el gobierno. De lo que arroje la auditoría los jueces podrían ser acusados de mal desempeño de sus funciones.

Por lo pronto, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Juan Mahiques, adelantó por donde irán. "Tenemos que hacer una auditoría con responsabilidad y mesura para que no sea una caza de brujas. Pero seremos los primeros en pedir el juicio político y la destitución de los jueces que se apartaron de la ley" dijo.

Mahiques es subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia. Por su rol, habla a diario con los jueces federales y esta semana estuvo reunido con varios de ellos con los tribunales de Comodoro Py.

"Muchos van a preferir renunciar antes", le dijo a este medio uno de los consejeros que más bregó por la auditoría. Entre esos nombres, ubican al juez de primera instancia Rodolfo Canicoba Corral y a los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero.

El tiempo, sobre todo el político, dirá hasta dónde quiere llegar el gobierno de Macri contra los jueces federales.