Comienza a delinearse el traspaso de la justicia ordinaria a la órbita porteña

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Enzo Pagani fue confirmado como presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Enzo Pagani fue confirmado como presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad

El Consejo de la Magistratura de la Ciudad confirmó a su presidente y comenzó el armado de la comisión que tendrá a cargo el monitoreo de la transferencia de la Justicia ordinaria nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa, girada por el Gobierno al Congreso, propone un plazo de siete años para el traspaso de las competencias judiciales que siguen postergadas por la denominada Ley Cafiero a 20 años de aprobada la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.

El ex legislador macrista Enzo Pagani seguirá al frente del Consejo de la Magistratura y se suma una nueva Comisión de Transferencia que fue aprobada recientemente por la Legislatura local. El plenario de consejeros también dispuso que Marcela Basterra, una abogada que responde a Horacio Rodríguez Larreta, sea la nueva vicepresidente y Lidia Lago -en representación de los jueces- quede a cargo de la Secretaría del Comité Ejecutivo.

La iniciativa que debe sancionar el Congreso  plantea la sustitución de los artículos 8 y 10 de la llamada ley Cafiero a fin que "la jurisdicción, competencia y órganos no federales del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación se transfieran a la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires", así como también el Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia.

Además, indica que "la transferencia incluye a magistrados, funcionarios, medios materiales e inmateriales y bienes muebles e inmuebles y será acompañada con los recursos", en tanto que sostiene que "la implementación progresiva" será instrumentada por el Poder Ejecutivo nacional, quien deberá celebrar con la Ciudad convenios para hacer efectivo el proceso, coordinado por el Consejo de la Magistratura porteño, "en un período no mayor a siete años para garantizar el efectivo servicio de Justicia". El escrito garantiza asimismo "la inamovilidad de grado e intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados, funcionarios y empleados transferidos a la jurisdicción local, así como el derecho a la estabilidad que gozare el personal de los organismos administrativos transferidos".

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