El Máximo Tribunal invitó a jueces, fiscales, defensores, funcionarios judiciales y representantes de los empleados judiciales para discutir el pago del impuesto a las Ganancias por parte de los miembros del Poder Judicial. Durante la audiencia, se propuso la creación de una comisión con el ministro de Justicia, Germán Garavano, para empezar a debatir el tema.
Al término de la reunión, en diálogo con Infobae, el titular de la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales, Javier Leal de Ibarra dijo que le pareció una muy buena idea de la Corte convocar a todas las partes interesadas en esa cuestión. "Fue un cambio de opiniones sobre el tema". admitió.
El magistrado afirmó que una cuestión muy puntual es lo que cada uno de los jueces piense respecto de si se debe o no pagar el impuesto a las Ganancias, situación que -sostuvo- hay solucionar alguna vez; y otra es lo que ocurre hoy. Con relación a esto último, Leal de Ibarra afirmó que "la Constitución Nacional es un óbice infranqueable, el artículo 110 de la Carta Magna señala claramente que no puede ser afectada la remuneración judicial de ninguna manera".
"No es un privilegio, toda vez que apunta a la independencia del Poder Judicial y a la dignidad de los magistrados", dijo Leal de Ibarra.
Por su parte, otro de los jueces que participó del encuentro afirmó que hay una situación muy compleja para resolver, que vista superficialmente parece meramente inequitativa, y agregó que, en rigor de verdad, los sueldos judiciales siempre se calcularon con la idea de no pagar Ganancias.
Además, resaltó que los magistrados tienen incompatibilidades que le impiden generar ingresos por otra vía que no sea su sueldo. En ese sentido, aseveró "como juez yo no puedo comprar un taxi y hacerlo trabajar, yo no puedo instalar una librería o cualquier otro comercio, yo no puedo realizar ninguna otra actividad, salvo la docencia universitaria".
En ese sentido, subrayó que salvo algunos casos muy excepcionales, como el de las más altas jerarquías, en los otros poderes del Estado tienen posibilidades de tener otras actividades. "El único medio de vida es este, y muestra una clara diferencia con los miembros de los otros poderes del Estado", sintetizó.
Pago simbólico
Por la ley 24.686, los presidentes de ambas cámaras del Congreso son quienes deciden sobre qué rubros los legisladores pagan impuesto a las Ganancias (suele ser el sueldo básico y uno o dos rubros más, con lo que termina siendo un pago simbólico).
Asimismo, por el decreto 2098/08 -dictado durante el gobierno kirchnerista-, homologatorio del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), se dispone que las Asignaciones Básicas de los Niveles Escalafonarios estarán determinadas por la cantidad de Unidades Retributivas y se compondrán en un cuarenta por ciento (40%) de la cantidad establecida en concepto de sueldo y el sesenta por ciento (60%) restante por dedicación funcional. El segundo párrafo del artículo 80 de dicho decreto aclara que el importe correspondiente a la dedicación funcional constituye el reintegro de los mayores gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas que originan el desempeño de la función, debiendo recibir el mismo tratamiento previsto para las excepciones del artículo 165 del Decreto Nº 1344/98. Ello conlleva a que los conceptos de dedicación funcional no formen parte de la base de imposición en el impuesto a las ganancias que se proceda a liquidar.
En consecuencia, como se puede advertir, los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo nacionales, que no tienen la garantía de intangibilidad del artículo 110 de la Constitución Nacional, se las han "ingeniado" para -de hecho- pagar sólo simbólicamente un importe en concepto de Impuesto a las Ganancias.
Durante la reunión, uno de los magistrados afirmó que significaría una gravísima afectación de la intangibilidad de la remuneración establecida por la Constitución si de la noche a la mañana todos los sueldos se ven reducidos un 35 por ciento.
Respecto del personal judicial, otro de los jueces que participó del encuentro afirmó que, pese a no tener garantía de intangibilidad, rebajarles el sueldo un 35 por ciento de un día para el otro es algo que impacta de un modo brutal en cualquier trabajador. Y agregó que si se permite que el Poder Ejecutivo audite a jueces y empleados por vía del control impositivo a través de Ganancias, se abre una puerta que afecta gravemente la independencia del Poder Judicial. "Esto forma parte de las garantías que tiene la sociedad para tener jueces independientes", evaluó.
La reunión comenzó puntualmente a las 11 de la mañana, en el Salón Gorostiaga del cuarto piso del Palacio de Tribunales. Participaron del encuentro representantes de la Procuración General de la Nación, de la Defensoría General de la Nación, del Consejo de la Magistratura de la Nación, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial y de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.