La ocupación ilegal de terrenos en los márgenes de la carretera Hiram Bingham, vía que conecta Machu Picchu Pueblo con la Ciudadela Inca de Machu Picchu, ha llevado al Ministerio Público de Perú a iniciar una investigación por el presunto delito de usurpación agravada, en un contexto de tensión social donde la continuidad de las invasiones amenaza la seguridad y el turismo en la zona.
El caso implica la presencia de unas 200 personas que mantienen su asentamiento, mientras las autoridades avanzan en la identificación de los ocupantes y preparan acciones para recuperar los terrenos, considerados área protegida.
El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Cusco, Manuel Mayorga Zárate, informó a Agencia Andina que el proceso de identificación ha individualizado ya a siete personas, mientras el resto permanece bajo revisión por parte de la Policía Nacional del Perú y la Municipalidad Distrital de Machu Picchu. Los ocupantes levantaron refugios temporales usando arpilleras en la margen derecha de la vía desde el pasado 13 de junio, lo que genera preocupación entre las autoridades ante el riesgo de altercados graves en la zona turística.
El general Virgilio Velásquez Hurtado, jefe de la Región Policial de Cusco, indicó: “Nosotros estamos vigilando la zona invadida para que no pasen mayores situaciones. Estamos esperando el requerimiento, reunir fuerzas y sacarlos”, declaró. Esta vigilancia busca evitar que la ocupación perjudique la seguridad y la imagen internacional del santuario, reconocido como Patrimonio de la Humanidad.
Investigación fiscal sobre las invasiones en la carretera Hiram Bingham
La Fiscalía Provincial Mixta de Machu Picchu ha iniciado una investigación contra nueve personas por la presunta usurpación agravada de terrenos en los márgenes de la carretera Hiram Bingham, vía de acceso al santuario histórico de Machu Picchu. Según el Ministerio Público, el hecho constituye una invasión de zona protegida y ha movilizado a unas 200 personas desde el 13 de marzo, con consecuencias directas sobre el control del área natural y la seguridad del circuito turístico.
El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Cusco, Manuel Mayorga Zárate, confirmó a Agencia Andina que las ocupaciones abarcan tanto la margen derecha como la izquierda de la carretera Hiram Bingham, que conecta Machu Picchu Pueblo con la ciudadela inca. Hasta el momento, se han identificado plenamente siete de los presuntos invasores tras las diligencias coordinadas junto a la Policía Nacional y la Municipalidad Distrital de Machu Picchu.
La respuesta de las autoridades incluye medidas urgentes para frenar el avance de esta ocupación. El jefe de la Región Policial de Cusco, general Virgilio Velásquez Hurtado, informó a Agencia Andina que su personal permanece en vigilancia y se encuentra a la espera de una orden formal para proceder al desalojo de los terrenos, con el objetivo de evitar que la situación derive en afectaciones para el turismo y la seguridad local.
Identificación y proceso legal de los ocupantes
El proceso de identificación está en curso, con siete personas plenamente reconocidas y el resto aún por determinar, según declaró Mayorga Zárate. La Fiscalía y la Policía Nacional trabajan conjuntamente para finalizar la identificación y avanzar en las acciones legales pertinentes.
La fiscal María Teresa Huaco Cateriano participó recientemente en una reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, donde se establecieron los próximos pasos legales y administrativos necesarios para lograr el desalojo de los ocupantes.
La usurpación agravada imputada a los implicados contempla penas de hasta ocho años de cárcel, de acuerdo con lo establecido en la legislación peruana, indicó Mayorga Zárate. Las autoridades adoptan medidas preventivas para evitar incidentes violentos que puedan poner en riesgo la afluencia turística a Machu Picchu y la estabilidad en el distrito.
El general Virgilio Velásquez Hurtado, al frente de la Región Policial de Cusco, indicó que su personal mantiene vigilancia constante en las zonas invadidas. Añadió: “Estamos esperando el requerimiento, reunir fuerzas y sacarlos”, en referencia a la inminencia del desalojo coordinado entre las distintas instancias gubernamentales.
Ocupación ilegal revela la falta de coordinación entre autoridades
El desarrollo de la ocupación ilegal evidencia brechas de coordinación entre la Municipalidad Distrital de Machu Picchu, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, las tres entidades encargadas de recuperar el control sobre los terrenos protegidos. Mientras la municipalidad reconoce su deber de liderar el proceso administrativo para la recuperación del área, la intervención policial depende del requerimiento formal de desalojo de los ocupantes.
El general Virgilio Velásquez Hurtado confirmó que la policía se mantiene en vigilancia activa, a la espera de la autorización formal para actuar de manera coordinada y efectuar el desalojo. “Estamos esperando el requerimiento, reunir fuerzas y sacarlos”, precisó el jefe policial, dando cuenta de la complejidad del proceso de recuperación.
La persistencia de la invasión pone de manifiesto la tensión social respecto al uso del territorio en sectores adyacentes al sitio arqueológico, cuya protección ambiental y cultural responde a regulación nacional y está sujeta a observación internacional. La manera en que las autoridades gestionen estos hechos determinará el resguardo del área y las acciones legales ante eventuales nuevas ocupaciones.
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