En un contexto donde los desafíos laborales adversos amenazan las condiciones de salud y bienestar de los servidores públicos, el congresista Pasión Dávila propuso otorgar una bonificación por altura a los servidores del Ministerio Público. Según lo estipulado, aquellos empleados cuyos lugares de trabajo se encuentren por encima de los metros sobre el nivel del mar especificados recibirían una asignación mensual de 1,000 soles, no remunerativa y exenta de afectación a beneficios laborales adicionales.
“La presente ley tiene por objeto establecer una bonificación por altura […] en reconocimiento a las condiciones geográficas adversas y riesgos para la salud inherentes”, señala el texto. Este reconocimiento no solo responde a los requerimientos económicos y personales de los servidores, sino también al respeto de sus derechos laborales y de salud, consagrados en la Constitución Política del Perú, expuso.
¿Quiénes podrían acceder a la bonificación?
La medida precisa que la bonificación está enfocada en los servidores que presten servicios de manera efectiva y permanente en las dependencias ubicadas por encima de los 4,000 metros sobre el nivel del mar. Algunas de las zonas identificadas dentro de este rango de altitud son: Junín, que se encuentra a 4.107 metros sobre el nivel del mar; Cerro de Pasco, ubicada una altitud de aproximadamente 4.380 msnm; y La Rinconada, situada a más de 5.000 msnm, lo que la ha hecho ser considerada como el asentamiento humano más alto del mundo.
La iniciativa subraya que el trabajo en altitud expone a los empleados a una serie de riesgos médicos como el mal de altura, enfermedad ampliamente reconocida que puede causar “fatiga persistente, dificultades respiratorias [y] cianosis”. Además, que si bien algunas personas adaptadas a zonas altas no presentan síntomas inmediatos, una exposición prolongada puede derivar en la enfermedad de Monge, caracterizada por hipoxia crónica y espesamiento de la sangre debido al aumento de glóbulos rojos.
A ello, según expone el texto, se suma la posibilidad de desarrollar un edema cerebral de las alturas (HACE), descrito como una “condición potencialmente mortal caracterizada por la acumulación de líquido en el cerebro”. Dicha afección puede desencadenar confusión mental, pérdida de coordinación y, en casos graves, coma. Paralelamente, el texto también menciona el edema pulmonar de las alturas, que surge frecuentemente entre las 24 y 96 horas posteriores al ascenso, representando “serios problemas respiratorios, que en situaciones extremas podrían provocar la muerte”.
Asimismo, el documento menciona que el aislamiento geográfico y la falta de acceso a servicios básicos incrementan el impacto sobre estos trabajadores. Condiciones psicológicas como “ansiedad [y] depresión” son comunes, especialmente en zonas donde se combinan altitud extrema con contaminación.
Sobre la afectación al erario público, la propuesta menciona que si bien su ejecución prevé un aumento en los gastos operativos mensuales debido al pago de la bonificación, además de ajustes administrativos relacionados con “la modificación de sistemas de planillas” y supervisión del cumplimiento, estos costos se verían compensados por impactos positivos, como la disminución de la rotación laboral en estas zonas críticas, la mejora del acceso a servicios de salud y la prevención de enfermedades relacionadas con la exposición prolongada.
En palabras del documento, “la compensación económica […] permite afrontar gastos adicionales en salud, alimentación y otros servicios necesarios”. Asimismo, anticipan un fortalecimiento del Ministerio Público, ya que al retener al personal capacitado, se asegura una mejor calidad en la prestación de servicios, especialmente en comunidades alejadas y vulnerables.
La medida respaldada por Jaime Quito, Alex Flores, Silvana Robles y Alfredo Pariona, pertenecientes a la bancada socialista, deberá ser evaluada por la comisión correspondiente, donde, de ser aprobada, se elevará al pleno del Congreso y, con el respaldo necesario, a la presidenta Dina Boluarte a fin de que sea promulgada. Cabe mencionar que los legisladores no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, por lo que la medida sería declarativa.
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