Rafael López Aliaga gastó más de 8 millones de soles en abogados y consultores extranjeros

Aunque al inicio de su gestión el alcalde Lima, Rafael López Aliaga anunció que “he tomado la decisión de prohibir la contratación del servicio de asesorías, consultorías y restringir la contratación de terceros y locadores”, durante su periodo al mando de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se gastaron más de 8.6 millones de soles solo en consultoras extranjeras.

¿El motivo detrás de este gasto? El semanario Hildebrandt en sus Trece indica que las consultorías con abogados en países como Estados Unidos, Colombia, Inglaterra, entre otros, tiene como punto de partida la decisión del alcalde Rafael López Aliaga de enfrentarse a Rutas de Lima, empresa concesionaria de los peajes en la ciudad.

La publicación señala que luego de haber anulado el acuerdo con el concesionario, la Municipalidad de Lima decidió invertir 1.8 millones de soles en la contratación de la consultora colombiana Inkerlink SAS para que calcule cuánto se tendría que pagar a Rutas de Lima por la anulación del acuerdo con la empresa concesionaria.

La inversión, sin embargo, sería inútil pues, en un tribunal arbitral de las Naciones Unidas, se indicó que el gobierno local debía dar marcha atrás en la decisión de anular el contrato con Rutas de Lima y llegar a un acuerdo.

El siguiente contrato de este tipo se realizó con el estudio de abogados K&L Gates, con sede en Seattle (Estados Unidos), con la finalidad de que el gobierno de Estados Unidos sancione a la empresa Brookfield (socia mayoritaria de Rutas de Lima) por su presunta participación en los escándalos de corrupción de la empresa Odebrecht. El servicio costaría 927 mil soles.

Casi al mismo tiempo, se invirtieron 336 mil soles en contratar al estudio Raeda Consulting Limited para elaborar un informe que pruebe que Brookfield sabía que Odebrecht estaba involucrada en actos de corrupción a partir del año 2016.

El informe se presentó a la Municipalidad como una compilación de publicaciones periodísticas, documentos de acceso público y entrevistas a expertos. Se concluye que “existieron reportajes y notas periodísticas en los medios de comunicación de toda América Latina sobre la participación de Odebrecht en el escándalo Lava Jato”, algo que ya era conocido en la región precisamente por las publicaciones realizadas.

Según Hildebrandt en sus Trece, este acuerdo se llevó a cabo en enero del año 2024 y se debía comprobar que Brookfield había violado leyes estadounidenses al comprar parte de las acciones de Rutas de Lima. Sin embargo, el documento final solo indicó que había “posibles incumplimientos” de normas. Nuevamente, no se hizo un hallazgo concreto.

Pese a que el trabajo de Boies no produjo resultados sustanciosos para la Municipalidad, el semanario indicó que se volvió a confiar en la firma para abrir un proceso penal contra Brookfield en Estados Unidos.

El proceso costó tres millones de soles adicionales, pero por recomendación de la firma, también se gastaron otros 2.2 millones más en abrir un proceso legal contra Vinci Highways, empresa que compró la concesión de la Línea Amarilla y que inició acciones legales contra el Perú luego de que el exalcalde Jorge Muñoz decidiera anular el acuerdo.

La aprobación de la máxima autoridad de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha caído en los últimos meses, muy posiblemente por una serie de errores y promesas de campaña que aún no se han materializado. Así lo reflejó una encuesta reciente de Ipsos publicada en marzo del 2024

El sondeo de Ipsos realizado para Perú 21 arrojó que el 64% de los encuestados desaprueba la gestión de Rafael López Aliaga, mientras que solo un 30% la aprueba. Esta desaprobación ha experimentado un aumento sostenido desde marzo de 2023, cuando la tasa de rechazo era del 47%, evidenciando un crecimiento de 17 puntos porcentuales en un año.

La percepción de los limeños respecto a su labor no es favorable. Martín D’Azevedo García, líder del Instituto Peruano de Gestión Municipal, atribuye este descontento a varios errores clave, incluyendo promesas incumplidas como la entrega de 10 mil motos para mejorar la seguridad ciudadana, de las cuales solo se han proporcionado 400 de un total de 4 mil.