El exministro de Defensa y abogado del expresidente Pedro Castillo, Walter Ayala, anunció que el exmandatario recurrirá al Poder Judicial en caso de que el Congreso no acceda a proveer de una pensión vitalicia de 15.600 soles.
Castillo ya ha solicitado la pensión; sin embargo, su solicitud fue rechazada por el área administrativa del Parlamento. La defensa del exmandatario apeló la decisión y adelantó que interpondrá una acción de amparo si no se revierte el fallo inicial.
“A pesar de que vivimos en dictadura, (...) todavía existen jueces probos. Cuando un juez no va y lee de manera literal la norma. Agarra la norma, agarra la sentencia del TC, agarra los tratados internacionales, y entonces resuelve porque hace una ponderación. Va a decir que acá se está vulnerando la presunción de inocencia porque el señor tiene una acusación de parte de un Congreso que no es imparcial, se está vulnerando que tiene hijos menores de edad y que está mal de salud”, declaró Walter Ayala a Exitosa Noticias.
Según Ayala, a Castillo sí le correspondería una pensión vitalicia por no contar con una sentencia condenatoria, pese a que el artículo 2 de la Ley 26519 establece que dicho beneficio se suspende cuando el exmandatario ha sido acusado constitucionalmente por el Congreso de la República.
El Parlamento ha acusado a Pedro Castillo en dos ocasiones: por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 y por la presunta organización criminal que habría liderado durante su mandato.
El caso de Alberto Fujimori
El expresidente Alberto Fujimori causó controversia con su petición de una pensión vitalicia, así como demandas de un asistente personal y vales de combustible. Dicha solicitud, que se encuentra actualmente en manos del Congreso de la República, ha polarizado la sociedad peruana. Mientras un sector la considera un derecho legítimo, otros señalan las deudas pendientes de reparación civil del exmandatario, ascendentes a 57 millones de soles, además de recordar sus condenas por diversos crímenes.
El debate se centra en la legalidad de dicha petición, basada en la Ley 26519, que establece condiciones específicas para la asignación de pensiones a ex presidentes. Según expertos legales, la situación de Fujimori, quien fue sentenciado en 2009 por los casos Barrios Altos y La Cantuta luego de ser extraditado de Chile, complica su acceso a la pensión. Esto se debe a que un indulto, aunque elimina la pena, no anula la sentencia que la origina. De hecho, el hecho de haber renunciado al cargo presidencial vía fax en el año 2000 añade otra capa de complejidad al asunto, dado que según interpretaciones legales, esta acción implicaría la renuncia a todos los beneficios relacionados con el cargo.
Expertos como Heber Campos y Hugo Mendoza han indicado que, dadas las circunstancias de condena y renuncia de Fujimori, las probabilidades de que acceda a su petición parecen escasas.
“Fue acusado constitucionalmente, y fue condenado por la Corte Suprema el 2009 por la comisión de diversos delitos, tras su proceso de extradición de Chile. El indulto borra la pena, pero no anula la sentencia que la impuso. Por tanto, no puede acceder al beneficio previsto por la Ley 26519″, recordó Campos.
A su vez, resaltan que un indulto humanitario, como el que se le concedió a Fujimori debido a su estado de salud, no modifica las condiciones establecidas por la ley para acceder a beneficios post-presidenciales.
“Mediante un indulto no se borra la responsabilidad penal establecida por sentencia, sino que se establece una suerte de este indulto humanitario a fin de que no siga cumpliendo la pena al interior del penal por sus condiciones de salud”, indicó Mendoza.
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