El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, se declaró defensor de respuestas represivas para combatir la criminalidad durante una exposición ante oficiales y suboficiales de la Policía Nacional (PNP), según un clip difundido el domingo por la Municipalidad del distrito.
“Creo firmemente en la mano dura, en la mano represiva. El delincuente busca seguridad para él y delinque donde cree que no hay posibilidad de que se le arreste. En Magdalena, en el patrullaje integrado de 3:00 a 11:00 de la noche, en cada uno de los 20 carros nuevos del Serenazgo hay un policía armado”, empezó en su alocución.
“Si vienen con arma, los esperamos con arma, como tiene que ser. La idea no es convertir a Magdalena en el Lejano Oeste, sino más bien que ellos entiendan que no es un buen lugar para delinquir. La idea es que tengan miedo de venir al Perú, esa es la labor que tenemos todos juntos, la Policía y todo el estado en su conjunto”, siguió al atribuir actos delincuenciales a los migrantes.
Allison, escogido alcalde del distrito cinco veces, planteó también “cambiar de visión” y variar las penas para casos de sicariato. “Nuestra Constitución, Código Penal y Código de ejecución penal siguen hablando de rehabilitación del condenado y reinserción a la sociedad. Tengo muy claro, como abogado y alcalde, que hay gente que no se va a rehabilitar jamás. Cuando estamos hablando de sicariato, alguien que tiene profesión matar, creo que la pena mínima de 25 años debe convertirse en cadena perpetua”, agregó.
El burgomaestre fue uno de los críticos del estado de emergencia implementado por el Ejecutivo inicialmente en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, al considerar que parece más “una estrategia efectista que efectiva”, sin plan estratégico integral para combatir el crimen organizado.
En agosto pasado, había suscrito un convenio con el ministro del Interior, Vicente Romero, y el jefe del Comando Operativo, Fernando Reátegui, para contratar a 60 policías que se sumarían al patrullaje integrado, un acuerdo con el que la comuna puede pagar por horas de franco a los efectivos.
La declaración de Allison ocurrió un día antes de que el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, planteara que la delincuencia y el crimen organizado sean enfrentados con “normas de excepción” similares a las “que se utilizaron contra el terrorismo”, ya que la actividad delictiva ha alcanzado incluso a las autoridades del Estado.
“Yo no sabía que a los alcaldes ahora los extorsionan. [...] Estos grupos delincuenciales organizados atentan contra la estructura del Estado. Ya no son el simple pistolero o simple ratero, no. Hay que darles otro tratamiento”, consideró el juez supremo durante una reunión con autoridades en Lambayeque.
“Quizá algo parecido a las normas de excepción que se utilizaron contra el terrorismo. Tenemos que tomar alguna medida, y eso está en manos del Ejecutivo y del Legislativo. Este tema me preocupa, es uno de los temas que tengo como campaña”, agregó.
Solo en las últimas horas, la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas, y el burgomaestre de Pimentel, Enrique Navarro, han denunciado ser víctimas de extorsionadores que les exigen 300 mil soles para no atentar contra su vida y la de su familia.
La autoridad de La Molina, Diego Uceda, denunció que era amenazado por traficantes de terrenos. Hernán Sifuentes, alcalde de San Martín de Porres, se vio en la obligación de usar chaleco antibalas. Al burgomaestre de La Perla, Rodolfo Adrianzén, y al menos tres funcionarios, les exigieron cupos.
Fernando Velasco, alcalde de Chorrillos, ha recibido videos extorsivos, mientras que la autoridad del Rímac, Pedro Rosario; el de Santa Anita, Olimpio Alegría; y el de Piura, Gabriel Madrid, también fueron alcanzados por la criminalidad. “Estamos viendo ya una situación de excepción. Están comenzando a atentar contra la estructura del Estado. Mañana será el gobernador, pasado será quién”, señaló Arévalo al respecto.
El mismo magistrado propuso, meses atrás, aplicar ciertos métodos contra la delincuencia utilizados por el líder de El Salvador, Nayib Bukele. Sin embargo, la presidenta Dina Boluarte desestimó la iniciativa y declaró que “la situación de El Salvador tiene su propia particularidad”.
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