El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, planteó este lunes que la delincuencia y el crimen organizado sean enfrentados con “normas de excepción” similares a las “que se utilizaron contra el terrorismo”, ya que la actividad delictiva ha alcanzado incluso a las autoridades del Estado.
“Yo no sabía que a los alcaldes ahora los extorsionan. [...] Estos grupos delincuenciales organizados atentan contra la estructura del Estado. Ya no son el simple pistolero o simple ratero, no. Hay que darles otro tratamiento”, consideró el juez supremo durante una reunión con autoridades en Lambayeque.
“Quizá algo parecido a las normas de excepción que se utilizaron contra el terrorismo. Tenemos que tomar alguna medida, y eso está en manos del Ejecutivo y del Legislativo. Este tema me preocupa, es uno de los temas que tengo como campaña”, siguió en su intervención, según las imágenes difundidas por Canal N.
Solo en las últimas horas, la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas, y el burgomaestre de Pimentel, Enrique Navarro, han denunciado ser víctimas de extorsionadores que les exigen 300 mil soles para no atentar contra su vida y la de su familia.
La semana pasada, el Gobierno de Dina Boluarte extendió el estado de emergencia al Cercado de Lima y a Lince, dos distritos de la capital en los que se han incrementado los casos de delincuencia organizada, trata de personas y extorsiones.
La medida —que ya rige en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y seis distritos de Sullana (Piura)— fue tomada después de que una discoteca de SJL fuera atacada por desconocidos con un artefacto explosivo, en una acción que dejó diez personas heridas. Después de esa declaratoria, al menos siete burgomaestres fueron centrados por las mafias.
La autoridad de La Molina, Diego Uceda, denunció que era amenazado por traficantes de terrenos. Hernán Sifuentes, alcalde de San Martín de Porres, se vio en la obligación de usar chaleco antibalas. Al burgomaestre de La Perla, Rodolfo Adrianzén, y al menos tres funcionarios, les exigieron cupos.
Fernando Velasco, alcalde de Chorrillos, ha recibido videos extorsivos, mientras que la autoridad del Rímac, Pedro Rosario; el de Santa Anita, Olimpio Alegría; y el de Piura, Gabriel Madrid, también fueron alcanzados por la criminalidad. “Estamos viendo ya una situación de excepción. Están comenzando a atentar contra la estructura del Estado. Mañana será el gobernador, pasado será quién”, señaló Arévalo al respecto.
En agosto pasado, el magistrado propuso aplicar ciertos métodos contra la delincuencia utilizados por el líder de El Salvador, Nayib Bukele. Sin embargo, la propia Boluarte desestimó la iniciativa y declaró que “la situación de El Salvador tiene su propia particularidad”.
La mandataria fue consultada durante una visita a la sede de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, donde acudió para mostrar su apoyo al coronel Víctor Revoredo, también amenazado por bandas criminales. De igual modo, subrayó que para impulsar la lucha contra el crimen y mejorar la seguridad ciudadana, el Ejecutivo ha presentado al Legislativo un proyecto de ley para poder aprobar medidas con este fin.
“Aquí no va a haber un plan Bukele, aquí habrá un plan Boluarte”, dijo, por su parte, el premier Alberto Otárola antes de pedir que el proyecto peruano no sea comparado con ningún otro plan de seguridad. La propuesta del juez supremo abrió debate y polémica en Lima, donde el número de crímenes se elevó hasta 160.200 el año pasado, comparado con la cifra registrada en 2021, de 120.350 reportes.
Los opositores de la iniciativa resaltaron que, en el contexto del régimen de excepción, se han militarizado dos municipios y tres comunidades de San Salvador, se han suspendido algunas garantías constitucionales y violado derechos humanos (más de 71.000 personas, por ejemplo, fueron capturadas al ser señaladas como pandilleros).
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