Municipalidad de Lima presenta proyecto de ley para expulsar extranjeros que cometan delitos en flagrancia

La Municipalidad de Lima presentó al Congreso de la República un proyecto de ley que busca expulsar a ciudadanos extranjeros que cometan delitos en flagrancia. La iniciativa legislativa, que fue aprobada por el Concejo Municipal el pasado 29 de septiembre, pretende modificar el artículo 30 del Código Penal y los artículos 446 y 448 del Código Procesal Penal.

La comuna argumenta que esta decisión se debe a que hay “incidencia de la delincuencia y el crimen organizado en el país”, además de una “elevada crisis migratoria existente y la alteración del orden en fronteras”.

De acuerdo al teniente alcalde, Renzo Reggiardo la actual normativa establece que la expulsión solo se puede tramitar cuando se haya cumplido la pena del delincuente. “(Esto) es absolutamente necesario, viendo la situación por la que atraviesan los penales de hacinamiento y que los extranjeros han ido incrementando exponencialmente”, dijo a los regidores durante la sesión del Concejo.

El proyecto de ley 6093/2023 deberá ser debatido en las instancias correspondientes del poder Legislativo para que sea aprobado por el pleno. Reggiardo pidió a los parlamentarios celeridad en el trámite y la aprobación de la propuesta, ya que “es una necesidad para nuestra población”.

El premier Alberto Otárola anunció a inicios de octubre que el Consejo de Ministros ha aprobado dos decretos legislativos para combatir la delincuencia en el país.

La primera norma modificará el código penal para expulsar a ciudadanos extranjeros luego de que hayan cumplido prisión por homicidio, violación sexual, secuestro, trata de personas, sicariato, y a los que promuevan el reingreso ilegal de sentenciados.

La segunda iniciativa cambiará el código procesal penal para que la PNP disponga de 12 horas, en lugar de solo cuatro, para identificar a los posibles delincuentes.

“Esto (la actual legislación) promueve que rápidamente vengan los abogados y se genere una impunidad cuando no se puede acreditar la identidad, la procedencia o los datos básicos de estas personas (...) Si están en situación de flagrancia, (la Policía) procederá conforme a ley para la sanción y detención inmediata de estas personas”, explicó Otárola.

“No son personas a las que el gobierno del Perú tenga un especial énfasis respecto a su procedencia migratoria. Existen miles de ciudadanos extranjeros que están trabajando legalmente en el Perú y gozando de los sistemas de salud y educación. Nos referimos a ese pequeño grupo que viene causando tanto daño a la sociedad peruana y que, a través de estos dos decretos legislativos, van a merecer una acción inmediata por parte de nuestras autoridades”, agregó el presidente del Consejo de Ministros.

La comuna limeña también presentó ante el Parlamento una propuesta para incluir el delito de terrorismo urbano en el Código Penal Peruano.

El documenta indica que las personas que utilicen armas de fuego, granadas y/o explosivos para cometer delitos relacionados con el sicariato, robo agravado, extorsión, secuestro, disturbio, organización criminal y tráfico ilícito de drogas, podrían ir a prisión entre 20 y 30 años, según lo establecido en el Decreto Ley 25475.

También se propone aplicar una pena de al menos 30 años si se toman rehenes, se usan armas químicas o biológicas para causar lesiones graves o la muerte, durante estos actos calificados como terrorismo urbano.

Otra autoridad que se mostró de acuerdo con este cambio en la normativa es Felipe Castillo Oliva, alcalde del distrito de Los Olivos. “Esto no puede seguir pasando. Lo que vivimos el día a día ya no es vida; por ello, vamos a debatir la aprobación de esta importante iniciativa legislativa en nuestro concejo municipal”, dijo el burgomaestre.