Ética para salarios de funcionarios públicos

En la intersección de la ética política y la económica, surge un debate crucial sobre los salarios de los funcionarios públicos, seleccionados, designados o electos, focalizado en las categorías jerárquicas del poder legislativo, ejecutivo y judicial tal como presidentes, gobernadores, ministros, secretarios, subsecretarios, legisladores, fiscales y jueces, entre otros. Y más aún cuando se trata de países empobrecidos, dado que impactan en la justicia social y económica, en la legitimidad de ejercicio y en la institucionalidad en general. Como destaca Michael Walzer, si las instituciones deben ser justas en sus prácticas ajustando los salarios de aquellos funcionarios a la representación popular, entonces, cuando las necesidades básicas de un significativo porcentaje de la población están insatisfechas o desatendidas, los sueldos atípicos o desproporcionados respecto de quienes se está representando o sirviendo erosionan la esfera política y la confianza pública socavando el sistema. A decir de John Rawls y Amartya Sen, los sueldos de dichos funcionarios son parte de la distribución de ingresos y bienes sociales debiendo ser para el beneficio de todos, donde la equidad es el criterio para las decisiones salariales.

Por ello, determinar cuánto debería ganar un funcionario con relación a un sueldo mínimo en países empobrecidos es un desafío complejo y depende de varios factores, incluyendo el costo de vida, las responsabilidades del cargo y la situación económica del país. Sin embargo, el denominador común de las investigaciones sugiere que aquellos sueldos deberían ser proporcionales a sus contextos socio económicos, para cumplir con las demandas deontológicas y ejemplificadoras que demanda el cargo. Particularmente, Michael Sandel argumenta que los salarios de los políticos deben reflejar un equilibrio ético y proporcional en relación con el ingreso promedio, alineándose con las realidades económicas de la población, evitando los perjuicios de brechas económicas excesivas entre ambos.

Comúnmente se argumenta desde lo teórico que aun en naciones empobrecidas, aquellos funcionarios enfrentan responsabilidades significativas, decisiones cruciales en representación de la población y gestión de asuntos públicos; tareas de liderazgo que requieren dedicación completa, suma competencia y responsabilidad. Razón por la cual algunos infieren que la compensación salarial debe reflejar la complejidad e importancia de estas funciones, independientemente del estado económico del país, sumado al hecho que un salario prominente puede servir como incentivo para atraer individuos talentosos dedicados a la política.

En Argentina, no cumpliéndose dichas hipótesis, nuestra clase política y gobernante en general nos recuerda cotidianamente que las dietas y beneficios muy por encima del promedio de quienes representan, no sólo no atrajo personas competentes y esforzadas a la función pública, sino que disminuyó su formación, capacidad y hasta honestidad. Dicho espacio de suma responsabilidad pública y encumbrada honorabilidad se transformó en una oportunidad de enriquecimiento personal y reducto estable para negociados espurios. Sus privilegios conllevaron la perpetuación de los mismos políticos en diversos cargos favoreciendo la corrupción y el autoritarismo más la insensibilidad a las demandas reales y concretas de la población, alejándose de la realidad que deben atender, centrándose sólo en sus intereses y el de su grupo de referencia. Contrario a la rotación que obliga una renovación de visiones, competencia comparativa e inclusión, patentizando los proyectos que efectivamente sean consistentes como políticas a largo plazo.

Y en un contexto empobrecido donde la desigualdad social se agudiza, asignar o mantener salarios elevados y beneficios descomedidos a los políticos es una afrenta al propio sistema representativo, a la justicia y a lucha contra la pobreza, haciendo de la política una vía para el enriquecimiento personal en lugar de un servicio público. En los últimos días asistimos nuevamente a la falta de transparencia en la gestión salarial del poder legislativo y ejecutivo, aumentándose disimuladamente entre un 30 y un 48% sus dietas respectivamente. Los primeros, ante el repudio de la opinión pública alegando cierta “inadvertencia” del mecanismo de homologación de aumentos con los empleados de dicho poder; y los segundos, alegando “ignorar” el contenido del decreto que habían firmado autorizando dicho aumento. Resultado, estos funcionarios pasarían a cobrar entre 3 y 6 millones de pesos, según el poder legislativo o ejecutivo, en un país cuyo salario mínimo es de 202.800$ similar a los haberes mínimos jubilatorios y donde los médicos o docentes con jornada completa no satisfacen una canasta básica total de clase media superando apenas el umbral de pobreza.

En este sentido, no sólo los abultados salarios de aquellos funcionarios no cumplen con el deber de ser justificables, por sus efectivas responsabilidades asociadas a sus resultados de gestión y necesaria formación profesional, sino que sus beneficios como jubilaciones de privilegio, viáticos y asesores sin control, automóviles, teléfonos o custodias, entre otros, no están sujetos a un revisión de razonabilidad ni rendición de cuentas rigurosa.

En los países con bajos índices de corrupción y considerados de bienestar, existe una cultura donde los políticos consideran el servicio a la comunidad como una responsabilidad. Y esto se refleja en salarios más moderados en comparación con países donde la política es principalmente una acomodada carrera lucrativa, dado que deben ser acordes a la realidad económica del país, mostrando empatía y legitimidad de ejercicio respecto de la condición y dificultados de la población que representan o sirven.

Las teorías éticas que dichos países utilizan como fundamento moral para guiar la brecha salarial de un funcionario respecto de un salario mínimo, son algunas de estas tres:

• Desde el utilitarismo, evaluando la ética en función de la maximización del bienestar general, la brecha salarial se justifica en base al mayor beneficio neto para la sociedad. Luego, salarios más altos para funcionarios públicos serviría como incentivo para la innovación y el rendimiento traducido en mejoras para la sociedad.
• Desde la ética de la virtud, evaluando la importancia de cultivar rasgos morales en la sociedad, la brecha salarial es vista como ética si respeta y promueve la justicia, la equidad y la solidaridad, cuidando que no sea excesivamente amplia contraviniendo estos principios. Similar a la ética del cuidado, centrada en las relaciones interpersonales y la consideración de necesidades y preocupaciones de los demás, donde la brecha salarial implica un reconocimiento justo y equitativo a los funcionarios por mantener relaciones éticas y saludables en la sociedad.
• Desde la ética de la equidad, abogando por un principio de diferencia que permitiría las desigualdades sólo si benefician a los menos favorecidos, la brecha salarial se justifica si contribuye al bienestar de la sociedad en su conjunto y al mismo tiempo, beneficia a aquellos en situaciones más desventajosas. Similar a la ética del derecho, donde aquella brecha se justifica si los derechos fundamentales de todos los individuos a una vida digna, cubriendo las necesidades básicas independientemente de su condición socioeconómica, están garantizados.

Pero ninguna de estas teorías éticas se cumple en Argentina y ante ello, el criterio más básico para determinar los salarios de los funcionarios públicos radica, bajo el concepto de Pranab Bardhan, en estrategias pragmáticas sabiendo que la estructuración salarial del Estado en relación con el resto de la sociedad refleja sus valores y prioridades. Y aquí surge como patrón comparativo para aquellos salarios, la remuneración docente de jornada completa con antigüedad media, con el fin de impulsar la estabilidad y el progreso por sus respectivos roles en liderazgo presente y arquitectos del futuro, resguardando los fundamentos necesarios para construir una sociedad más justa, sostenible y próspera.