Según el Ministerio de Hacienda, el panorama económico fue el siguiente: el gasto público subió 16 puntos porcentuales en términos del PBI entre 2006 y 2015, pasó de 26 a 42 por ciento. Este crecimiento del gasto público, según este presupuesto 2018, estuvo concentrado en tres ítems: la masa de salarios públicos (4,8%, impulsada principalmente por incrementos en las provincias y los municipios), el gasto previsional (4,6%) y las transferencias al sector privado (4%, impulsadas por los subsidios indiscriminados a los servicios públicos). Por lo tanto, el ministro Nicolás Dujovne y el Presidente de la Nación coinciden en que el mayor gasto perjudicó las posibilidades de crecimiento del país, tanto por deteriorar las condiciones macroeconómicas, como en el caso de los subsidios a los servicios públicos, como por provocar severas distorsiones en los precios relativos. ¿Acaso no son, en la actualidad —electricidad, gas, agua, transporte, etcétera— las mismas empresas que antes recibían subsidios cuando se deterioraron las condiciones macroeconómicas? ¿Qué cambió?
Siguiendo esta línea de razonamiento uno podría preguntarse: ¿Recibieron subsidios y no los utilizaron? ¿Sabotearon las políticas económicas anteriores? Este resumen 2018 del presupuesto genera mucha tela para cortar. Porque solamente entre 2012 y 2015 se gastaron en subsidios a gas, electricidad, agua y transporte un total de 82 mil millones de dólares (resumen presupuesto 2018). La distribución de esos subsidios, en promedio, fue 40% a electricidad (32.800 millones de dólares), 29% a gas (23.780 millones de dólares), 28% a transporte automotor, ferroviario y aerocomercial (22.960 millones de dólares) y 3% a agua (2.460 millones de dólares). Lo certero de este período es que, tomando los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), del PIB obtenemos que el crecimiento económico, en promedio, fue del 1,5 por ciento.
Para este año la quita de subsidios económicos rondará el 13%, lo que significa un aumento en las tarifas de servicios públicos. El Gobierno apunta a mejorar el déficit primario (ingresos menos gasto), aunque el asunto crucial estará en los intereses de la deuda, dato con el cual podemos tener una idea del déficit financiero, que para el 2017 será del -6,2% del PIB. Pero el déficit financiero no disminuirá como se plantea con el déficit primario, porque, como dice el resumen del presupuesto 2018, las deudas se pagarán con más deuda y no con las reservas internacionales. Aunque la mayor parte de los ingresos que van a parar a las reservar provienen de este proceso de endeudamiento, porque tanto el ministro de Economía como el Presidente no esperan ingreso de divisas por la balanza comercial entre 2018 y 2021.
No obstante, a este panorama de reducción de subsidios e incremento en el déficit financiero se suma la reducción en los gastos por jurisdicción. Son cuatro ministerios en esta situación: Ministerio de Energía y Minería (-19,5%), Transporte (-6,3%), Producción (-6%) y Agroindustria (-3,4%). Estas reducciones en los gastos implican una menor incidencia del Estado en áreas necesarias para impulsar la actividad privada a la luz de los problemas de inundación y crecimiento sectorial heterogéneo que está teniendo la economía.
Los últimos datos del Indec muestran una salida de recesión con una lenta recuperación del empleo. En junio de 2017, los asalariados privados fueron 6.218.000, una mejor situación que la de junio de 2016, con 6.169.000, pero lejos de los 6.246.000 de junio de 2015. Si bien la recuperación de los puestos de trabajo asociados con los asalariados privados comenzó, lentamente, en junio de 2016, todavía se está lejos de una recuperación como la ocurrida entre los años 2014 y 2015. En 2014 cayó el crecimiento económico un 2,5% y en 2015 tuvo un crecimiento económico del 2,6 por ciento. Solamente tomando junio contra junio de ese período, los asalariados privados crecieron en 136 mil nuevos puestos de trabajo. En cambio, entre junio de 2016 y 2017 se recuperaron unos 49 mil puestos de trabajo, apenas un 36% de los puestos de trabajo generados entre junio de 2014 y 2015, según el Ministerio de Trabajo. ¿El deterioro de las condiciones macroeconómicas estará asociado con el gasto público?
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