La encrucijada de Santa Cruz

Los acontecimientos en la provincia de Santa Cruz se precipitan a un punto de culminación. La movilización comenzada a fines del año pasado no sólo no se detuvo, sino que se profundizó y arrastró a todas las capas sociales a las calles en reclamo de que el Gobierno cumpliera con sus deberes.

Se debe recordar que las clases no comenzaron todavía. La gobernadora kirchnerista Alicia Kirchner, hermana del ex Presidente fallecido y cuñada de la ex presidente Cristina Fernández, no se mueve del ofrecimiento del 3% de aumento a los salarios. La Corte de Justicia provincial se dividió entre partidarios del Gobierno y opositores y, en ese marco, cesaron los pagos a los judiciales. Hay despidos en la mina de Yacimientos Carboníferos y protesta de los obreros en la cuenca de río Turbio. Los jubilados ocuparon la caja previsional en reclamo de pago de los haberes. Los padres de los alumnos se movilizaron por el comienzo de las clases pero, atención, no contra los docentes (a quienes expresaron su solidaridad y con quienes realizaron marchas conjuntas) sino contra las autoridades, a quienes exigieron que otorgue los aumentos, pague los salarios y culmine así el conflicto.

En este marco, la movilización de madrugada con cacerolas dirigida a la residencia gubernamental, donde se encontraban Alicia Kirchner y su cuñada ex presidencial se convirtió en masiva y terminó con la represión estatal a los manifestantes.

El régimen que gobierna la provincia desde hace treinta años, iniciado por el entonces gobernador Néstor Kirchner, está acabado. El oficialismo provincial aduce, primero, que el Gobierno nacional le retacea fondos, a diferencia del anterior Gobierno, cuando fluían sin cesar, y la baja internacional de los precios del petróleo. El Gobierno nacional demanda un ajuste aún mayor que el que la gobernadora ejercita para destrabar los fondos, que incluye la reforma del régimen jubilatorio, a tono con el ajuste que el propio Gobierno nacional aplica y quiere profundizar en el país.

También es cierto que hay extracciones récord en la pesca en las costas santacruceñas y las exportaciones de oro también aumentaron. No se debe olvidar que jamás se dio cuenta de los centenares de millones de dólares enviados fuera del país por el ex gobernador Kirchner durante su mandato. Es decir, si hay crisis luego de la bonanza, al igual que Macri, Alicia Kirchner quiere que la paguen los trabajadores.

La oposición radical, es decir, perteneciente a la coalición Cambiemos, es corresponsable de la situación. Gobierna las ciudades donde vive el 70% de la población santacruceña y es responsable de los entes nacionales, como el jubilatorio o YCRT, donde su interventor radical despide obreros. La movilización del sábado 1º de abril, que podría haber expresado un apoyo de la sociedad movilizada al Gobierno nacional y una exigencia de intervención, fue un fracaso y participaron una veintena de afiliados radicales en la edad provecta. El principal dirigente opositor, Eduardo Costa (de la UCR y cuya esposa, Mariana Zuvik, es referente el partido de Lilita Carrió en la provincia, en una pareja que expresa la coalición gobernante nacional), es un empresario que, a pesar de la crisis, incrementó su fortuna de modo abrumador mediante negocios inmobiliarios que lo convierten en el principal terrateniente de la provincia, supermercados, concesionarias de automóviles y un sinfín de emprendimientos que permitieron que forjara su fortuna como una de las principales de Santa Cruz durante los años kirchneristas. Su intención es llegar al gobierno de manera anticipada mediante la intervención federal para aplicar el ajuste que los organismos internacionales y el propio Gobierno de Macri demandan. El Gobierno de Alicia Kirchner y la oposición de Costa expresan, de conjunto, el refrán popular sobre las diferencias entre Guatemala y Guatepeor, en un orden aleatorio.

El factor más dinámico de la situación política santacruceña es ejercido por la clase trabajadora, que agrupa a los sindicatos en lucha y a las organizaciones obreras en la Mesa de Unidad Sindical, con varias tendencias actuantes en su interior. El potente gremio docente Adosac es un factor central del agrupamiento. Queda planteada su intervención organizada, que ya está discutiendo una intervención independiente de las variantes kirchneristas o macristas en pugna. El planteo que prevalece es la demanda de la apertura de los libros a un contralor de los trabajadores para establecer el tamaño real de la crisis que esgrime el Gobierno; el aumento de los impuestos a las grandes fortunas de la provincia, forjadas por empresarios amigos (o testaferros) de los Kirchner, pero también de quienes se beneficiaron de esas políticas con un signo político distinto, como el caso de Costa; la demanda de que los fondos nacionales lleguen a la provincia sin condicionamientos de ajuste y la necesidad de establecer una representación política del pujante movimiento sindical y de lucha de la provincia. Esa podría ser una alternativa frente a una crisis desmesurada en una Patagonia rebelde.