El sistema educativo argentino debe ser rediseñado. Los responsables de administrar las políticas públicas vinculadas con la cuestión educativa, tanto los gremios como los gobernantes, no han logrado hasta ahora un sistema que sirva para igualar oportunidades y garantizar las bases de una sociedad más equitativa.
En este sentido, el Plan Maestro que impulsa el ministro de Educación Nacional, Esteban Bullrich, contribuye de manera contundente a definir las prioridades para lograr una educación de calidad y disminuir las diferencias entre la escuela pública y la escuela privada. Ahora bien, el Plan Maestro define las metas y nos da margen para pensar los cómos. En este marco, creo importante traer al debate una propuesta que ha tenido grandes resultados: las escuelas chárter.
Su nombre, que significa "licencia" en inglés, sintetiza de alguna manera la dinámica de la propuesta: los gobiernos otorgan permisos para que se constituyan instituciones educativas las cuales se comprometen a cumplir con cierto acuerdo y lograr determinados resultados tanto en áreas pedagógicas como no pedagógicas. El permiso dura unos pocos años (cinco, en general), por lo que las escuelas están permanentemente siendo auditadas. Este sistema permite que un grupo de docentes, profesionales o padres comprometidos con la educación, agrupados bajo diferentes métodos asociativos, forme instituciones educativas que se sumen al sistema de educación pública.
Las chárter son consideradas escuelas públicas porque son gratuitas para los estudiantes y el acceso es universal. Actúan como agentes públicos del Estado y reciben una cantidad de fondos en función de la cantidad de alumnos que educan. Esto genera un incentivo para salir a buscar alumnos, con lo que se combate directamente el problema del abandono escolar.
Algunas ventajas de estas instituciones es que cuentan con una menor carga burocrática, pueden innovar en las currículas y adecuar los métodos de enseñanza a medida de la comunidad en la que funcionan. Así, se pueden lograr respuestas inmediatas a problemas complejos como un tejido social fracturado, alto ausentismo o disminuir la violencia en los barrios. En nuestro país ya existe una experiencia de este tipo en San Luis, aunque el modelo se encuentra ampliamente adoptado en países como los Estados Unidos, donde ha logrando resultados positivos en pos de la equidad y la calidad educativa.
Muchas escuelas privadas actualmente reciben enormes subsidios, pero sin tener el Gobierno a cambio un compromiso detallado sobre resultados ni suficiente capacidad para auditar la gestión. En este nuevo sistema, el Gobierno asume un papel de control y auditoría, procura que se cumplan los compromisos asumidos. Al mismo tiempo, amplía la oferta de educación pública a un sistema competitivo y que le da lugar a la innovación. Por su naturaleza, este sistema se apoya sobre el pilar de la transparencia, procura generar información actualizada y relevante sobre los resultados de cada escuela a fin de que gobernantes, educadores y familias tomen mejores decisiones.
Con base en las distintas experiencias, las escuelas pueden elegir entre diferentes métodos de contratación y establecer la relación con los docentes, por lo que facilita el surgimiento desde cooperativas hasta fundaciones que contraten profesionales especializados según la necesidad de cada caso. Además, los profesores pueden apostar a integrarse a instituciones que les den un ambiente educativo propicio o tengan una línea más afín a su paradigma educativo. Y si no hay una que los satisfaga, siempre pueden fundar una institución nueva y ofrecer sus servicios a la comunidad.
Somos muchos los docentes y los profesionales que apostamos a un país mejor mediante la educación pública y universal. Podemos liberar muchísimo potencial latente en la sociedad habilitando la posibilidad de formar instituciones dinámicas, innovadoras y orientadas a resolver necesidades concretas y puntuales desde la sociedad civil. Podemos dar una mano fundamental en la lucha contra la pobreza estructural, trabajando juntos para resolver un problema que trasciende el gobierno, más allá de las diferencias políticas. Necesitamos trabajar en conjunto para resolver este problema que nos convoca a todos los ciudadanos. Las escuelas chárter son una herramienta que ayudará a construir una Argentina justa y próspera.