Tres historias de la justicia que no funciona

Justicia sin recursos.

El juez del Tribunal Oral en lo Criminal 22 Gabriel Nardiello envió una nota a la Cámara Nacional de Casación Penal, su superior, en la que advirtió que si en 24 horas no recibía un toner para las impresoras iba a pedir que se decrete una feria judicial porque no podían seguir trabajando. Los empleados de ese tribunal paseaban con pendrive por los pasillos pidiendo prestada una impresora. El toner llegó al día siguiente y hoy es la estrella del juzgado.

Falta de toner, impresoras que no funcionan y que no se arreglan, escasez de muebles y de personal, y un sistema tecnológico que funciona cuando quiere. Esa es la descripción del estado de situación de la falta de recursos que hacen los jueces, funcionarios y empleados de los tribunales de Comodoro Py.

La crítica que más se repite es la falta de toner y el pésimo estado de las impresoras. Dos elementos esenciales en un sistema donde todo es escrito. "Hacemos cola para imprimir porque nos funcionan muy pocas impresoras", cuenta, ya sin asombro, el secretario de un juzgado federal.

La falta de toner es una constante tan marcada que se vende en el kiosko del entrepiso de los tribunales junto con las gaseosas, las ensaladas y las golosinas. En la ventana del comercio hay pegados tres carteles ofreciendo la tinta después de recibir muchas consultas por parte de empleados y funcionarios de los tribunales.

En otro tribunal recuerdan que durante cuatro años pidieron la reparación de una de sus impresoras. Cuando fueron a verla, el aparato ya no tenía arreglo. El diágnostico es que las impresoras son viejas, sus repuestos ya no se encuentran y no hay plata para comprar nuevas. "Durante mucho tiempo el gran problema era la falta de papel pero ahora que eso se solucionó no andan las impresoras", dice un juez pensando en la ironía del destino.

Otro problema grave es el tecnológico. El acceso a internet es lento y se corta. "El ancho de banda no alcanza para abastecer a todo el edificio", explica un funcionario. Como no todas las computadoras tienen acceso a la red, en un juzgado se dividen por turnos de dos horas para buscar información.

Además, la navegabilidad es limitada porque no se puede entrar a todas las páginas web. Por ejemplo, la red social Facebook está restringida. Una secretaria recordó con un caso cómo internet es una herramienta fundamental. Un hombre acusado de narcotráfico había pedido la prisión domiciliaria porque su hija estaba en silla de ruedas y él era la única persona a su cuidado. Para demostrar esa incapacidad, la chica fue hasta el tribunal. Pero en su web de Facebook se encontraron fotos de la adolescente bailando en su cumpleaños de 15.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación anunció hace algunos días que tiene una reserva de 11 mil millones de pesos. "Corte rica, juzgados pobres", repetían quienes tienen que lidiar con la falta de recursos.

Justicia ciega

La tarde del 5 de septiembre de 2014 el ex cabo de la Policía Federal Martín Alexis Naredo se fue caminando de los tribunales. Media hora antes, la abogada de la familia de Jon Camafreitas, de 18 años, María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), y el fiscal Ariel Yapur habían coincidido en pedir la condena a prisión perpetua de Naredo por el crimen del joven y su inmediata detención porque había llegado a juicio en libertad y la expectativa de la pena presumía que se podía llegar a fugar. Los abogados y el fiscal reclamaron que si Nadero no era detenido se garantice de alguna manera su presencia en el veredicto.

Los jueces del Tribunal Oral Criminal 23, Javier Anzoategui, Héctor Magariños y Pablo Jantus, rechazaron la detención del ex cabo por la presunción de inocencia. "Dijo que no estaba en condiciones anímicas y que quería caminar", les explicó el secretario del tribunal a las partes cuando Naredo se fue.

El ex policía llegó a juicio porque el 21 de enero de de 2012 apoyó su pistola en la cabeza de Camafreitas y le disparó. Naredo y su compañero Juan Carlos Moreyra fueron alertados de una posible pelea en una plaza del barrio de Boedo, que luego se comprobó que nunca existió. Al llegar al lugar, Camafreitas y un amigo comenzaron a correr. Naredo persiguió a Camafreitas, lo detuvo, lo tiró al piso y le disparó. Cuatro días después, Camafreitas murió.

Dos horas después, ya sin Naredo en la sala de audiencias, los jueces Magariños y Jantus lo condenaron a reclusión perpetua por el delito de homicidio agravado y pidieron su detención, Anzoátegui votó por una condena por el delito de homicidio culposo. El ex policía estaba lejos. Pero la orden de captura fue dictada recién una semana después. Lo fueron a buscar a su casa, en La Matanza, y la madre dijo que se había ido al domicilio de su novia, en Lanús. Allí tampoco estaba, ni en su trabajo.

En su pedido de condena, la abogada Verdú había alertado sobre un antecedente que Naredo que podía imitar. Cuatro meses antes, el sargento Néstor González, compañero del cabo en la comisaría 8, se fue del juicio en Mercedes en el que recibió una condena a 15 años de prisión por el crimen de Sergio "Checho" Casal, un chico de 16 años. González está prófugo.
Naredo también hace dos años y un mes, después de irse caminando del juicio en el que lo condenaron.

Justicia tramposa

Lenta es la justicia pero también puede llegar a ser absurda. Víctor Alderete fue el titular del PAMI durante el menemismo y uno de los símbolos de la corrupción de ese gobierno. Después de más de 15 años de trámite judicial y a poco de comenzar el juicio oral en su contra aceptó en octubre del año pasado un juicio abreviado. El ex funcionario reconoció que cometió delitos y acordó una pena de tres años y medio de prisión con la fiscal Gabriela Baigún. Alderete fue condenado por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública porque pagó 25.777.282 de dólares por servicios que nunca se realizaron o que se abonaron a precios superiores a los de mercado. Los jueces del Tribunal Oral Federal 6, José Martínez Sobrino, Julio Panelo y María del Carmen Roqueta, aprobaron el acuerdo. También fueron condenados cinco ex directivos del PAMI y dos ex síndicos Caso cerrado. Pero no porque hecha la ley, hecha la trampa. Días después de la condena, el ex funcionario apeló el propio acuerdo que había firmado. Dijo que la causa estaba prescripta. Lo mismo hicieron otros seis condenados.

El tribunal rechazó el planteo porque los juicios abreviados no se pueden apelar si se respetó el acuerdo entre los acusados y el fiscal. Pero Alderete insistió y hace siete meses que la causa está en la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal para su resolución. Ninguna ley es taxativa en el cierre de una causa cuando se acordó un juicio abreviado.

Por ese resquicio de la ley, Alderete sigue libre. Por la condena que recibió –tres años y medio de prisión – debería estar preso, ya sea en una cárcel o en un domicilio, como pidió porque tiene más de 80 años y alegó problemas de salud. Tampoco el estado pudo recuperar los casi 500 mil pesos que dos acusados se comprometieron a devolver.

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, lanzó al inicio de su gestión el ambicioso plan de reforma judicial "Justicia 2020" con el objetivo de agilizar los procesos penales. El proyecto fue presentado en reuniones con jueces de todo el país. En uno de esos encuentros, un magistrado preguntó: "¿Quién piensa en la justicia de 2016?"