Malvinas: una política de Estado que no admite ensayo y error

En la carta dirigida a Mauricio Macri el pasado 2 de agosto, la primera ministra Theresa May planteó cuáles eran los intereses británicos respecto de las Islas Malvinas: establecer vuelos directos a terceros países y remover las "medidas restrictivas" que adoptó la Argentina en defensa de sus recursos naturales, en particular los hidrocarburíferos. Rápidamente —el 13 de septiembre—, en una declaración conjunta con el Reino Unido, la Cancillería Argentina atendió este reclamo. De acuerdo con lo expresado por el experto en derecho internacional Marcelo Kohen en el diario Clarín, nuestro país mostró "una generosidad extraordinaria hacia el Reino Unido".

En dicha declaración se manifiesta que se acordó adoptar las medidas apropiadas para cumplir con las dos demandas británicas. Por el contrario, ninguna de las históricas demandas argentinas está presente. No se hace mención a la disputa de soberanía, a la resolución 2065 de Naciones Unidas, que plantea la necesidad de la negociación bilateral para resolver la controversia; a la violación de la resolución 31/49, que prohíbe las acciones unilaterales que el Reino Unido está llevando adelante en el área, ni a la existencia ilegal de una base militar británica en la zona de paz del Atlántico Sur, etcétera.

Cabe destacar que la negativa del Gobierno británico a tratar estos temas es la verdadera causa de los obstáculos al crecimiento y el desarrollo sustentable de esta región. Al mismo tiempo, hay que señalar que estos reclamos ocurren en un momento de gran debilidad para las pretensiones coloniales del Reino Unido a partir de la reciente aprobación del Brexit, de la aparición de importantes líderes de la oposición laborista y de una creciente presencia en la opinión pública de sectores que plantean que el diálogo bilateral con la Argentina es la única alternativa de solución a la disputa.

El objetivo del Reino Unido es que la Argentina elimine las legítimas medidas adoptadas para defender sus derechos sobre los recursos hidrocarburíferos que le pertenecen por estar dentro de su plataforma continental. Pretende que nuestro país derogue las leyes 26659 y 26915, votadas por unanimidad o amplia mayoría por el Congreso Nacional para defender las riquezas que pertenecen a los cuarenta millones de argentinos. Es importante aclarar que la Argentina y el Reino Unido ya habían acordado, en el año 1995, bajo la fórmula de salvaguarda de soberanía, realizar actividades conjuntas en la región. Este acuerdo fue denunciado por nuestro país en el año 2007, por reiterados incumplimientos de la parte británica, que pretendía limitar la cooperación con la Argentina a sólo 21 mil kilómetros cuadrados, mientras se guardaba el derecho a explotar los restantes 430 mil.

En cumplimiento de las leyes mencionadas y ante las denuncias formuladas por el Estado argentino, la Justicia federal de Río Grande dispuso, en el año 2015, el embargo de cinco empresas petroleras que trabajan ilegalmente en la zona y el inicio de demandas penales hacia sus directivos. El derecho de la Argentina a adoptar medidas legales para defender sus recursos ha sido respaldado por numerosos organismos multilaterales, como el Mercosur, el Parlasur, la Unasur, la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) y el G-77, más China, entre otros.

Respecto a la autorización de vuelos directos entre las islas y terceros países, excluyendo a la Argentina, como han planteado los isleños, es una demanda británica que ni siquiera las autoridades nacionales de los noventa accedieron a negociar. En la práctica, significa desconocer numerosas propuestas que nuestra Cancillería realizó para analizar bilateralmente la aplicación de los instrumentos existentes y establecer servicios regulares directos desde el continente operados por Aerolíneas Argentinas. La última de estas propuestas fue remitida en abril del 2012.

¿A qué se debe tanta generosidad del Gobierno argentino? ¿Por qué apresurarse a acceder a las demandas británicas a expensas de los intereses de su pueblo y en peligrosa contradicción con el espíritu que plantea la Constitución Nacional en su cláusula transitoria primera? Una hipótesis permite proponer que es la forma de expresar el deseo de insertarse en mundo, al mostrar su voluntad de volver a sostener "relaciones carnales" con los países centrales. Como ya hemos advertido anteriormente, esta manifestación del síndrome de Estocolmo no asegura de ninguna manera que, haciendo bien los deberes y cediendo en nuestros reclamos, estas naciones nos retribuyan con acciones recíprocas.

Una segunda hipótesis, particularmente grave, es que esta excesiva generosidad esté basada en la especulación de evitar el veto británico para la candidatura de Susana Malcorra a la Secretaría General de la ONU. Si algo esperan las 192 naciones integrantes de la ONU, es un secretario general que se preocupe por hacer cumplir las resoluciones de este organismo. No parece ser una buena carta de presentación para la gran mayoría de los países que votan en la Asamblea General una candidata que desconoce la necesidad de implementar decisiones que, como la resolución 2065, provienen del máximo organismo de las Naciones Unidas.

Pero el comunicado de prensa aclaratorio emitido por la Cancillería el viernes a última hora de la noche y las declaraciones de dirigentes oficialistas minimizando la declaración en cuestión permiten proponer una tercera hipótesis: que se esté aplicando en el tema de Malvinas la misma política del ensayo y error que se utilizó en otras áreas de gestión pública de este Gobierno.

Vista la reacción desfavorable que el comunicado conjunto generó en todas las fuerzas políticas nacionales, incluidos importantes sectores de la coalición oficial, la Cancillería intentó reinterpretar lo acordado. Por ejemplo, el comunicado del viernes intenta hacer decir a la declaración anterior cuestiones que no fueron incluidas: "Refleja la voluntad de las partes de reiniciar un diálogo sobre todos los temas del Atlántico Sur sin exclusiones" (incluyendo la soberanía sobre las islas) y el "cese de los actos unilaterales" (como los que violan la resolución 31/49 de la ONU). A su vez, el presidente Macri ha dicho que mantendrá nuestro reclamo por Malvinas en la Asamblea General. Sería bueno que hayan tomado conciencia del error cometido.

Sin embargo, en el caso de la diplomacia internacional y en particular de una problemática tan delicada como Malvinas, estos errores sientan precedentes que serán utilizados por la potencia colonialista. También significan una seria dificultad para continuar reclamando la solidaridad regional e internacional. ¿Cómo pedir apoyo contra la pretensión colonialista británica de llevarse las riquezas que pertenecen a los cuarenta millones de argentinos si damos a entender que las trabas para la explotación hidrocarburífera radican en las leyes votadas por nuestro propio Congreso Nacional?

Por supuesto, creemos que hay que seguir profundizando los lazos económicos, sociales, culturales y académicos con el Reino Unido, también que hay que trabajar para generar las mejores condiciones de vida para los isleños. Pero de ninguna manera ello debe significar bajar las banderas del reclamo de soberanía.

Es imprescindible que, respecto de la causa Malvinas, el Gobierno nacional recupere la mejor tradición de política de Estado que ha venido sosteniendo firmemente desde 1833. Ello implica defender el irrenunciable objetivo de ejercer la soberanía que plantea nuestra Constitución; colocar en el Congreso Nacional los debates que hacen a esta cuestión y a los recursos naturales en juego, y atender las opiniones de nuestro cuerpo diplomático, que está sólidamente formado en las cuestiones diplomáticas y jurídicas de la disputa. Pero principalmente debe escuchar el reclamo del pueblo argentino, que unánimemente lleva en su corazón un profundo sentimiento anticolonialista por Malvinas y un inmenso recuerdo y reconocimiento permanente a quienes han caído en esta lucha.

El autor es parlamentario del Mercosur, Frente para la Victoria.