Se le acabó el tiempo a Dilma Rousseff. El Senado votó "sí" en su juicio político; con 61 votos a favor y 20 en contra, la depusieron de la Presidencia. Sin embargo, la Cámara Alta no inhabilitó a la ahora ex Presidente para la ocupación de cargos públicos. Los votos a favor fueron 42, 36 en contra y 3 abstenciones, cuando el quórum necesario hubiera sido de dos tercios de los senadores. Dilma podrá participar de contiendas electorales.
Michel Temer, por su parte, asume ahora todos los poderes de la Presidencia; se convierte así en el 37° presidente de la historia de Brasil. Se abre en Brasil una nueva etapa plagada de dificultades, que estará marcada por tres crisis: política, económica e institucional.
La crisis política se deriva del sistema de corrupción que vapuleó a Brasil e involucró a la compañía estatal Petrobras, así como a algunos partidos (Partido de los Trabajadores y Partido Socialista). El electorado brasileño, ahora más que nunca, sostiene una gran desconfianza y desprecio por toda la clase política.
Por otro lado, la crisis económica es una consecuencia directa de la caída de los precios de los productos agrícolas de los cuales Brasil es un importante exportador y la simultánea desaceleración económica de China, su principal cliente.
Por último, la institucional es el resultado del juicio político a la misma Rousseff. Con las votaciones en la Cámara y el Senado consumadas, la remoción del poder de la ex mandataria carece de un consenso generalizado e inequívoco de legitimidad en la clase constitucionalista brasileña.
¿Cuáles serán ahora los programas económicos del Gobierno de Michel Temer? Las primeras medidas tomadas parecen tener un marco más liberal y menos intervencionista que los anteriores; se inician reformas en el sistema de pensiones y de impuestos.
La más importante en la mente de Henrique Meirelles, el nuevo ministro de Economía, es la reforma del sistema de pensiones con la elevación de la edad mínima jubilatoria.
El Presidente aclaró, además, que el objetivo principal es obtener el control sobre el crecimiento de la deuda pública, equilibrar las cuentas del país y mantener todos los programas sociales. Seguramente el equipo de Gobierno tenga un enfoque liberal, pero no es cierto lo que se ha dicho de que el país está dispuesto a sufrir políticas económicas de austeridad.
El juego no parece estar cerrado, y el Partido de los Trabajadores, al que pertenecen los dos últimos presidentes, no ha tirado la toalla. Tiene la intención de movilizar a sus votantes más fieles y a los centros de poder que siguen siendo leales.
Muchos brasileños se beneficiaron de la bonanza económica del Gobierno de Lula da Silva: pobres que se transforman en consumidores. Un éxito reconocido por todos los organismos internacionales, pero, por desgracia, no duradero.
Lo que hoy está claro es el cambio: el 80% de aprobación del que gozó Lula en los años más floridos se transformó en un 90% de desaprobación a Rousseff. Esta última decisión, constitucionalmente dudosa, marca su derrota política definitiva.
El autor es profesor de la Escuela de Gobierno, Política y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.
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