Necesitamos una reforma política más allá de la boleta

La propuesta de reforma política presentada por el Ejecutivo tiene como tema central la forma de votar. Su núcleo es el reemplazo del sistema de boletas partidarias por la boleta única electrónica, similar a la utilizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Salta. Sin dudas, los problemas del sistema vigente hacen necesario un replanteo, contemplando temas de fiscalización, distribución y lento escrutinio presentados en algunas elecciones provinciales. Adicionalmente, el sistema de papel eleva costos de entrada a la competencia política y obliga a disponer de voluminosas redes territoriales, cuyo financiamiento es generalmente público.

El sistema propuesto, no obstante, tiene falencias evidentes en cuanto a costo, proveedor y vulnerabilidad informática. Pero, sobre todo, el problema de esta propuesta centrada en la boleta es todo lo que se está dejando afuera.

No abundan las oportunidades que tenemos de repensar nuestras instituciones políticas. Y a esta oportunidad no podemos desaprovecharla limitándonos a un punto que es importante, pero no agota el desafío de construir una representación más transparente y democrática. Podemos y debemos ir por una agenda de temas que aspire a más.

Desde 1983, la democracia ha realizado diferentes reformas destinadas a mejorar el funcionamiento de las instituciones políticas. Se introdujeron un nuevo régimen de financiamiento político, el sistema de primarias abiertas y obligatorias, y hasta reformas a la Constitución, con varios cambios en el régimen presidencial y federal. Cada reforma respondió a problemáticas propias de cada etapa de nuestra evolución democrática.

Hoy, lo que está en discusión es la debilidad del lazo representativo y esto tiene que ver con la responsabilidad política: necesitamos generar las reglas para que los dirigentes demos cuenta de nuestros actos y los ciudadanos puedan decidir con la seguridad de que sus preferencias serán representadas.

En ese sentido, tenemos que superar el abismo que existe entre lo que se dice en las campañas y lo que se hace en el gobierno. Para superar la insustancialidad y los compromisos ambiguos, una contribución es la realización de debates presidenciales obligatorios, una propuesta que el justicialismo viene postulando desde hace tiempo en el Senado y ya hemos implementado en algunas provincias, tal el caso del Chaco. Es claro que el debate no garantiza mayor responsabilidad política en forma directa, pero apostamos a que surja una cultura con candidatos que transmitan con claridad qué piensan hacer en caso de llegar al poder, y paguen un costo electoral si no cumplen sus promesas principales. Seguramente, los compromisos incumplidos del último debate presidencial serán un argumento fílmico de la próxima campaña.

Otro tema que requiere un replanteo es el abordaje del presupuesto nacional. Desde hace años se discuten propuestas para dotarlo de más transparencia y responsabilidad. A pesar de que la Constitución otorga amplias facultades al Congreso para formularlo y controlarlo, la práctica raramente excede aprobarlo, ya que el Ejecutivo es quien realiza la mayor parte de su diseño y puede decidir, decretos mediante, la reasignación o la subejecución de partidas. Consideramos necesario, por lo tanto, crear una Oficina de Presupuesto del Congreso que permita al Parlamento disponer de estimaciones serias de crecimiento, inflación, recaudación, gasto y cálculo del costo de las leyes. El Senado, por unanimidad, ya dio sanción a esta iniciativa que reconoce el aporte de legisladores actuales y de mandato cumplido.

Asimismo, creemos que los funcionarios deben asumir mayores responsabilidades con el país en sus decisiones económicas personales. El daño que hace la corrupción no se limita a hurtar el dinero que falta en escuelas, hospitales o comisarías: la impunidad destruye la confianza pública y no existen posibilidades de políticas transformadoras si los ciudadanos no confían en el Estado. En tal sentido, consideramos que hay que agregar a la ley de ética pública un capítulo referido a los activos en el exterior de los representantes electivos y altos funcionarios públicos, con mayores controles y compromisos de invertir sus ahorros en activos financieros del Estado nacional, para alinear incentivos públicos y privados. De la misma forma, hay que reformar la ley de financiamiento de partidos políticos, para darles a la Justicia y a las organizaciones de la sociedad civil instrumentos de aplicación, control y sanción en lo referente a aportes y gastos de campaña.

En todos estos temas, el peronismo planteó una agenda y la está impulsado en el Congreso de la Nación. La reforma que necesitamos debe transparentar la representación política, como paso indispensable para fortalecer su capacidad transformadora.

@eduar_aguilar

El autor es senador de la nación (Chaco). Preside la Comisión de Economía Nacional e Inversión del Senado y fue ministro de Economía, Producción, Trabajo e Industria de la provincia de Chaco.