Precios cuidados, tarifas sensibles, impuestos tenedor libre

Pocas veces se pudo observar tal ensañamiento como el que padeciera en los últimos días el ministro de Energía Juan José Aranguren.

En los ataques se unieron, en una comparsa macabra, funcionarios del propio Gobierno —un infantilismo deplorable—, la oposición amiga y enemiga, los usuarios molestos, sensibles de Palermo y otras zonas, de buena y mala fe, el Congreso y muchos economistas que decidieron olvidar varios de los principios que suelen defender, exaltados por la coyuntura.

Corresponde un disclaimer: considero que los problemas económicos del país tienen su causa principal en el conveniente desconocimiento, la negación o la alteración de la teoría de formación de precios de la economía clásica. El odio nacional por las curvas de oferta y demanda atacó esta vez incluso a muchos liberales, que parecen dispuestos a sacrificar un concepto tan elemental en aras de algún razonamiento técnico elegante.

Por ello, tiene sentido comenzar con una aseveración: no habrá inversión externa o interna auténtica, ni solidez económica alguna, si no se restablece el concepto de formación libre de precios, que se perdió en 1930 y no rige entre nosotros. Las tarifas son un apartado especial donde el Estado representa al consumidor, pero eso no cambia la esencia.

Sin ese requisito elemental, continuaremos con un sistema privado tramposo, donde Lázaro Báez no es el más importante socio. El negocio del gas y el petróleo está lleno de esos entornos espurios y hasta de testaferros k. Tal vez por eso molesta cualquier tendencia a la ortodoxia de los funcionarios del área.

Los parches técnicos o legales (amados por el peronismo) para eludir la inexorabilidad del precio como regulador y motivador, aparte de terminar siempre en fracaso, son los que permiten todas las trampas y todos los robos al Estado. Además de que debe crearse un esquema penal que impida el expolio, cuanto más puro sea el mecanismo de formación de precios, menor será la corrupción. Concepto perogrullesco, quizás, pero odiado.

Quienes critican el gradualismo, sin embargo, lo preconizan, en este caso. Parecen ignorar que el concepto de gradualidad ha servido históricamente para perpetuar el statu quo, un gatopardismo que ocurrió varias veces en el rubro energético.

De todas maneras, como lo expresa con claridad el formidable trabajo del Instituto Argentino de Energía General Mosconi y la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública sobre los subsidios a la energía, el 40% más pobre del país sólo recibía el 20% de los subsidios. El 80% del regalo iba, como siempre, al 60% más rico del país. La presión política obligó ahora a seguir regalando tarifas inmerecidamente.

No es cierto que ese sector más pobre haya sido descuidado en la fijación tarifaria, aunque porcentualmente pueden surgir incrementos espectaculares, y hasta llegar a infinito, frente a lo exiguo de las tarifas hibernadas. El revoleo de porcentajes se usó mucho para estimular la sensibilidad, la lástima y la solidaridad, que es el método económico preferido por los argentinos para transferir sus gastos al Estado.

También existe, en el nuevo marco, un mecanismo de subsidios para casos especiales, lo que evidentemente requiere el esfuerzo y la dificultad de hacer un trámite. Acaso ese proceso debería facilitarse, aunque los subsidios deberían ser cursados desde presupuestos asistenciales, no por el sistema de energía. Un dato sin validez estadística, pero sugestivo: de cien quejas que analicé en mi Time Line de Twitter, ninguno justificaba las dramáticas críticas. Tal vez casualidad.

Por supuesto que si el cambio se hubiera realizado más gradualmente, hubiera habido menos críticas. Eso es lo que recomendaba el trabajo citado. Pero ello también habría demorado el proceso de recomposición de inversión en las áreas de exploración y procesamiento. El informe citado es de 2013. Hoy no hay tiempo, además de que un aumento en el precio del petróleo internacional sería una catástrofe sin eufemismos.

Es cierto, de toda certeza, que se debieron realizar las audiencias públicas que prevé la ley. Un requisito inconsecuente más, pero está en la ley. Faltó tal vez alguna mirada jurídica. Debe solucionarse para evitar la judicialización y también por una cuestión de respeto a las instituciones.

Sin embargo, es fácil anticipar que, superado el obstáculo de las audiencias, ya se inventarán otros trucos para judicializar o impedir cualquier cambio. El punto es que cualquier tarifa que no sea la que queremos pagar será execrada, al igual que Aranguren. Se llama populismo.

El sistema energético es una maraña de reglas, ineficiencias y ridiculeces dignas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de los setenta, con contratos delictivos entre el Estado y varios privados, cuyo costo pagamos como usuarios y como contribuyentes. Los manoseos en la formación de las tarifas pactadas, las audiencias públicas, los algoritmos y las emergencias inventadas para mantener los monopolios de los conocidos de siempre y ahuyentar la participación privada seria.

Esta discusión reciente casi circense torpedea la incorporación de inversión privada sana al negocio petrolero y energético, torpedea la inversión en general y obliga a preguntarse qué país quieren los argentinos. Tal vez el kirchnerismo representa mejor que Mauricio Macri el sueño del pagadiós.

Es lamentable que no se obligue a audiencias públicas antes de que un gobierno congele tarifas irresponsablemente, o se largue a emitir sin control, a gastar sin vergüenza o a aplicar cepos mortales. Muchos de los que abogan por la baja del gasto público omiten que este plan tarifario es parte de esa baja. Es de imaginar lo que pasaría si el ataque al dispendio se profundizara.

Aun con los errores que pudiera haber cometido —que parecen menos que los atribuidos—, sería bueno tener más ministros como el de Energía, que encarasen los cambios que deben hacerse sin usar un coraje gradual, para no decir temor técnico y político.

En algún lugar de este reciente plebiscito tarifario en línea queda latente el centro del problema: el nivel de gasto y de impuestos que golpea al consumo y que afecta el poder adquisitivo mucho más que las tarifas.

Acaso lo que se debe plebiscitar es dónde y cuánto gastar y cómo financiarlo. Acaso se empieza a advertir la necesidad de discutir un presupuesto base cero, el único debate que tendría sentido: revisar orgánicamente el nivel de participación del Estado en la sociedad.

@dardogasparre

El autor es periodista y economista. Fue director de El Cronista y director periodístico de Multimedios América