Hace unos días, durante la 105ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebrada en Ginebra, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Jorge Triaca, anunció el compromiso del nuestro país para realizar la 4ª Conferencia Mundial contra el Trabajo Infantil, en el año 2017.
La importancia de ese mensaje es trascendental en la coyuntura actual, cuando el trabajo representa el eje de muchas de las políticas que está implementando el Gobierno nacional. Significa poner el énfasis en un aspecto que necesita de una constante visibilidad, a riesgo de que el desinterés facilite la proliferación de casos en diferentes áreas.
El número de niños en situación de trabajo infantil es superior a 168 millones en el mundo, mientras que 13 millones (8,8%) se encuentran en América Latina y el Caribe. Este panorama obliga a los Gobiernos locales a seguir trabajando fuertemente en políticas tendientes a erradicar esta problemática y a sumarse a los esfuerzos —eficientes, a juzgar por los resultados— que viene desarrollando la OIT en cada oficina de país, tendientes a concientizar, fiscalizar y condenar en el marco de este flagelo.
En nuestro país, a través del Consejo Federal del Trabajo (CFT), se planteó la necesidad de comenzar a trabajar articuladamente las políticas en esta materia, al entender que, en muchos casos, la realidad local de una provincia se relaciona directa o indirectamente con la realidad de otra.
El requerimiento de plantear políticas tendientes a combatir el trabajo infantil con visión federal surge a partir de experiencias concretas que han dejado en evidencia que un sistema más benévolo o más severo en una u otra jurisdicción genera el desplazamiento de la problemática del territorio más severo al más benévolo. Para ser gráficos, si no se trabaja en políticas conjuntas entre la ciudad y la provincia, se corre el riesgo de que la problemática, en lugar de erradicarse, se traslade de un lugar a otro.
Por este motivo es que desde el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se fomenta la participación del área de Trabajo de la ciudad tanto en el CFT como en los organismos internacionales del trabajo. Se adhiere y se participa en las campañas de concientización y se plantean metas vinculadas con la protección de los derechos de los niños.
Relacionado con este concepto, elevar los pisos de protección social repercute directamente en favor de la erradicación del trabajo infantil, ya que tiende a eliminar aquellas causas económicas o estructurales que pudieran ocasionarlo. También influye en los factores culturales, porque es indiscutible que en contextos más igualitarios, sin discriminación ni explotación, los niños devenidos en jóvenes tendrán más posibilidades de desnaturalizar esas prácticas.
Por todo esto, entendemos que, como el trabajo infantil no es producto de una sola causa, tampoco la solución la encontraremos en una única dirección. La premisa es seguir avanzando en visibilizar la problemática, en proteger los derechos de los niños y, fundamentalmente, en mejorar su educación. Para ello, nos encontramos trabajando en forma articulada, de manera horizontal, entre los diferentes organismos del Gobierno de la Ciudad y, de manera vertical, con los organismos internacionales, el Gobierno nacional y los provinciales. Sólo así podremos atacar de manera efectiva y abarcativa un problema que duele y afecta el futuro de la sociedad.
El autor es subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. En Twitter: @jarvisezequiel
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