Hallan más irregularidades en los contratos de obra pública vial con los que el kirchnerismo favoreció a Lázaro Báez

Los  fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques realizaron una ampliación de la lista de irregularidades halladas en la investigación sobre la obra pública vial entregada por el kirchnerismo a las empresas de Lázaro Báez. Es en la causa en la que el juez Julián Ercolini procesó, entre otros, a la ex Presidente, al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y al ex secretario de Obras Públicas, José López.

En un extenso dictamen, los fiscales reiteraron la explicación de una "matriz de corrupción" destinada a favorecer a las empresas de Báez, amigo y socio comercial de los Kirchner. Esta vez- la tercera- describieron una por una las irregularidades halladas en las más de 50 obras públicas viales santacruceñas con las que fue favorecido grupo dedicado a la construcción, creado por el ex empleado bancario-Báez- en 2003, cuando su amigo Néstor Kirchner llegó a la presidencia.

Una de las conclusiones de los fiscales señala: "Lo expuesto hasta aquí demuestra, sobradamente, lo que adelantamos al principio: la matriz de actuación corrupta que se reprodujo en las licitaciones investigadas, en las que —al amparo de las autoridades del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de quienes emanaban los lineamientos más importantes y quienes se habían comprometido a no ejercer el debido contralor de la DNV— los funcionarios viales contravinieron expresamente las normas y principios que rigen en materia de contrataciones públicas, hicieron un uso arbitrario de algunas de las facultades o excepciones previstas en las leyes y montaron una estructura funcional tendiente a beneficiar al empresario amigo y socio comercial de la familia Kirchner".

Pollicita y Mahiques realizaron en el escrito un análisis de las obras públicas –sólo tres concluidas en los plazos del pliego de licitación- y enviaron el material al juzgado de Ercolini. Solicitaron nuevas indagatorias y pusieron a disposición el extenso dictamen de los jueces de la Cámara Federal que tendrán que resolver causas judiciales donde la ex presidente fue procesada. El dinero de la obra pública vial girado desde arcas nacionales a Báez a través de obras de  Santa Cruz o de obras nacionales durante el kirchnerismo puede tomarse como el "delito precedente", necesario para proseguir investigaciones de corrupción del ex gobierno.

El pedido de indagatoria nuevo de los fiscales abarca a funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) que, a pesar de las enormes irregularidades, prestaron conformidad para que Báez continuara con sus millonarios negocios.  Las solicitudes de indagatoria revelan que la estructura burocrática de la DNV estuvo al servicio- por órdenes superiores- del enriquecimiento de las empresas de Báez.  Para los fiscales, deben ser indagados desde los que ocuparon cargos en el área de Legales de la DNV, integraron la Unidad Coordinadora de Procesos Licitatorios (UCOPROLI) y los que formaron parte de la Comisión Evaluadora de Obras Públicas y Consultoría . Los funcionarios judiciales entienden que todos ellos contribuyeron a que la maniobra se consolidara por falta de control. También solicitaron que fueran indagados Martín Antonio Báez-uno de los hijos de Lázaro- y otros integrantes del entramado societario del empresario patagónico que cumplió un año detenido.

Llegan los fiscales con estos pedidos a completar la cadena de complicidades que hallaron en la causa: desde lo más alto del Poder Ejecutivo hasta los responsables de los mínimos controles que fueron salteados, según la acusación, como parte de un plan.

El dictamen repasa los mecanismos por los cuales durante sólo en los últimos ocho años del kirchnerismo se le otorgaron negocios viales a Báez por 2196 millones de dólares. El final de la maniobra se consolidó en diciembre de 2015, días antes del cambio de gobierno, cuando las empresas del Grupo Báez se transformaron en la única que cobró toda su deuda con la DNV.

Los fiscales señalaron todos los pasos de la maniobra: los llamados a licitación de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP) en las que sólo participaba Báez con dos o tres firmas; el aumento de los precios de las obras a pesar de lo estipulado en los pliegos; el incumplimiento de los plazos; el pago acelerado; entre otros tantos.

Una irregularidad detectada al inicio de los procesos fue que la AGVP adjudicaba la licitación a Báez y luego recién convenía con el DNV que el estado nacional iba a financiar la construcción de la obra.

Para los fiscales, "lo que se deduce a las claras… es que entre las autoridades viales y Lázaro Antonio Báez existía plena connivencia e intercambio de información que no debía filtrarse, lo que permite explicar por qué el empresario amigo y socio comercial de la ex familia presidencial siempre podía realizar la mejor oferta, puesto que cuando sólo sus empresas cotizaban, imponía voluntariamente los precios; y cuando ofertaba una empresa ajena al Grupo Báez, su contacto y afinidad con la administración le permitía conocer de antemano las cifras de los competidores y cotizar por debajo de ella".

Otra contundente irregularidad que llevó a que Báez obtuviera el 80% de la obra vial santacruceña fue que le otorgaron obras por encima de su capacidad. Pollicita y Mahiques señalaron que " una empresa que sólo podía comprometerse a realizar obras que le insumieran aproximadamente $70 millones anuales fue beneficiada —en menos de ocho meses— con trabajos que implicaban $1.100 millones anuales, es decir, que superaban su capacidad en más de quince veces, con pleno conocimiento de que Austral Construcciones era incapaz de realizarlas y finalizarlas en tiempo y en forma, tal como efectivamente aconteció. De tal suerte, pudo consumarse así la maniobra desarrollada … puesto que no sólo se otorgaron obras a Austral Construcciones por montos infinitamente superiores a los que la firma podía realizar, sino que se eximió a dicha empresa de presentar el certificado que, como se ve, no hubiese podido presentar, porque la capacidad se le había agotado a la segunda adjudicación".

Las empresas de obra pública se comprometen a designar un inspector para que sea el representante de la empresa en cada una de las locaciones donde se construye. En el caso de los Báez se dio la curiosidad –para los fiscales parte de la maniobra delictiva- que el mismo ingeniero estuvo trabajando en nombre de Báez al mismo tiempo por el enorme territorio patagónico.

Los fiscales resaltaron que "desde el año 2005, una misma persona, el ingeniero José Carlos Pistán, quedó simultáneamente a cargo como representante técnico de treinta y cuatro (34) obras viales distintas desarrolladas sobre doce (12) rutas diferentes de la red vial que integra la extensa provincia de Santa Cruz, sin que las autoridades encargadas del control impidieran el desenvolvimiento de esta situación ostensiblemente irregular".

En la inmensa lista de irregularidades halladas luego del análisis minucioso de la media centena de obras de Báez, se suma la de la utilización de la misma maquinaria vial para la realización de obras en simultáneo.

En las licitaciones, señalaron los fiscales, "se estipula que la contratista debe presentar la planilla con los equipos a utilizar en la obra, indicar el lugar en que se encuentra la maquinaria, hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos necesarios al lugar de trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación a fin de asegurar la finalización de los trabajos dentro de los plazos estipulados". Pero con Báez era diferente: "No solamente se avaló en la etapa de adjudicación que una misma maquinaria se encontrase afectada simultáneamente a múltiples obras viales complejas y de gran magnitud, que no se precisase el momento en que se incorporarían a los trabajos y que se evadiera la calificación por parte de la inspección del estado en el que se encontraban, sino que al momento de la realización de la obra tampoco existieron verdaderos controles sobre la disponibilidad o no de los equipos en las obras, lo que, como podemos comprobar, incidió negativamente en su fecha de finalización".

Para los fiscales la maniobra es clara. Y estuvo orquestada de principio a fin. La semana que viene hay nuevas indagatorias en el juzgado de Erolini. Pollicita y Mahiques pidieron que nuevos imputados sigan dando explicaciones. Aunque aún la lista no termina.